El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, respondió en el pleno a la intervención de la Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, que había expuesto una a una las irregularidades de la licencia que permite reformar el Hotel Corso para alojar al futuro Lío Ibiza. No entró en ninguna de las siete preguntas que le formularon los vecinos. En su lugar, pidió «prudencia», reivindicó la transparencia del Consistorio «desde el primer momento» y reclamó «tiempo».
«Solo les pido tiempo»
Triguero sostuvo haber «dado la cara» desde el primer momento. Aseguró, incluso, haber transmitido a los vecinos de Illa Plana «los acontecimientos como ocurrían», pese a que la asociación sostiene justo lo contrario: que no supo nada del expediente hasta después de concedida la licencia. El equipo técnico y jurídico del Ayuntamiento, añadió, está «volcado» en el asunto desde hace meses, en particular en el segundo recurso que queda pendiente.
Pidió cautela y prudencia y que se deje «trabajar a la institución» para que «las cosas que se hicieron bien» tengan «la justificación correcta» y, si «algo en el camino se nos ha podido quedar», pueda resolverse «para contentar a las partes implicadas». «Solo les pido tiempo», zanjó. La fórmula, sin concretar, deja abierta la posibilidad de que algo se hiciera de forma incorrecta en un expediente que los vecinos consideran nulo de pleno derecho.
Una licencia de 13 millones como «cuestión privada»
El pasaje más revelador llegó en lo que Triguero presentó como su «opinión personal». Reconoció la preocupación vecinal, pero trazó una distinción llamativa: en esta ciudad, dijo, los regidores «son ágiles para avisar a los vecinos cuando se cambia una bombilla o se mueven contenedores», pero no en «cuestiones privadas hasta que no tenemos el conocimiento público de lo que está ocurriendo».
La frase confirma, por boca del propio alcalde, el reproche central del barrio —que una licencia de cerca de 13 millones de euros recibió menos transparencia que un cambio de bombilla— al tiempo que reclasifica esa licencia municipal, y la sala de fiestas de 2.484 metros que autoriza, como un asunto de naturaleza privada. Los vecinos denuncian precisamente que no recibieron información alguna del expediente hasta después de que estuviera concedido.
La pelota, en el tejado del Consell
Triguero condicionó la resolución del caso al Consell de Ibiza, y aquí el matiz no es menor. La reforma del Corso se tramitó por la vía extraordinaria de modernización turística nacida en la covid, que exige un informe preceptivo y vinculante de la administración turística —el Consell— como requisito previo para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia de obras. Dicho de otro modo: el permiso municipal cuelga de ese informe favorable, emitido por la Comisión de Ordenación Turística el 13 de octubre de 2025.
Ese informe se otorgó sobre la base de que la ampliación no superaba el 15% de la superficie construida. Acreditado que sí lo supera, y que el incumplimiento es insubsanable, la premisa del informe vinculante queda en entredicho. Por eso tiene lógica que el Ayuntamiento aguarde a que el Consell se pronuncie: si la administración turística revisa o revoca su informe, se cae el sostén de toda la licencia municipal.
Esa espera, sin embargo, deja preguntas en el aire. El incumplimiento del 15% no lo tuvo que descubrir el Consell: lo certificó por escrito la propia arquitecta técnica municipal el 22 de julio, de modo que el dato ya consta en el expediente del Ayuntamiento. El Consistorio, además, reconoció a los vecinos que, de no mediar recurso, habría revisado la licencia de oficio para declararla nula, es decir, que ya aprecia una posible causa de nulidad. Con ese cuadro, la licencia sigue sin suspenderse y continúa vigente.
Conviene también distinguir los dos recursos en juego. El primero ya se resolvió: fue en esa resolución donde el Consistorio admitió que la licencia de sala de fiestas invocada no existía, pero mantuvo el permiso con el argumento de que la sala sería un servicio complementario del hotel. Fue después de resolver ese primer recurso, según relató el propio alcalde, cuando llegó el requerimiento del Consell. La institución insular ha dado traslado a las partes intervinientes —promotora y vecinos— y, una vez emita su «traslado definitivo», el Ayuntamiento resolverá el segundo recurso, el que ahora queda pendiente con el incumplimiento del 15% encima.
El alcalde dijo compartir, además, la preocupación de los vecinos por la movilidad y la circulación en la zona, uno de los focos del malestar desde que las obras desataron el choque vecinal.
Con la licencia todavía vigente, un segundo recurso pendiente y un incumplimiento del 15% reconocido por escrito, la respuesta del gobierno municipal se resume en una palabra: esperar. Los vecinos, que ya pidieron a Triguero revisar la licencia hace meses, avisan de que agotarán la vía legal para anularla.
