El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero (PP), ha concedido este domingo dos entrevistas, a Diario de Ibiza y a Periódico de Ibiza y Formentera. En la primera vuelve a negar haber vivido en la Vivienda de Precio Limitado (VPL) que se montó en un bajo del lujoso barrio de Can Misses: «No he residido allí. He estado en estancias puntuales: mis hijos han jugado allí… en marzo hice una quedada en la terraza». No es la primera vez que afirma que nunca vivió allí.
En el pleno del 28 de mayo ya habló de «estancias puntuales» y dijo que el local «nunca ha sido ni sería» su residencia habitual. Ahora lo sostiene a toda página, sin una sola repregunta incómoda, mientras el Govern calla y la consulta sobre la validez de los pactos sucesorios para camuflar el patrimonio cumple este martes siete semanas sin respuesta.
Residir o no residir, esa es la cuestión. Si su mujer residió allí, tal como han relatado vecinos a este «boletín digital», así se ha vuelto a referir Triguero a La Voz de Ibiza, y el PSOE ha cuantificado en un periodo de mes y medio, el Govern debe sancionar a Triguero por tres incumplimientos de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Y si no ha vivido allí, Triguero habrá hecho un negocio ruinoso y vergonzante pero se irá de rositas.
Y como los suministros le delatarán y las evidencias de que ese local está destinado a ser la morada familiar —reforma de lujo, olivo, porterías, toldo de última generación, valla ilegal para garantizar la privacidad y, sobre todo, alquilar el piso en el que vivían sin tener otro sitio al que ir que no fuera ese local reconvertido— no son suficientes para sancionarle, la salida es decir lo que empezó a decir en el pleno extraordinario: hemos estado ahí pero no hemos residido.
La frase que delata: «Podría haberla logrado sin ceder a mis hijos»
Hoy, además, añade otra evidencia al serial que le deja en el mismo mal lugar en el que ya estaba y del que no va a lograr salir por mucho que diga haberle dado la vuelta, pensándose que los que le dicen a la cara que no se lo merece se creen sus patrañas y no se piensan que es un mentiroso.
Así, Triguero reconoce a Diario de Ibiza que «podría haber logrado la VPL sin poner el 50% a nombre de mis hijos».
Y es verdad. Tiene razón. El requisito de la ley no se mide por la propiedad de la VPL: se mide por quien reside. Uno puede ser titular de cuantas VPL quiera y tener un patrimonio abultado. El que tiene que cumplir es el beneficiario, el que va a vivir en ella. Y el límite es no tener más del 50% de otra vivienda.
Por eso la pregunta no es si podía cumplir sin ceder. Es por qué cedió en el momento en el que lo hizo si no era necesario.
En diciembre de 2025, cinco meses después de pedir el cambio de uso, seis meses después de su compra y en plena obra, el matrimonio formalizó dos pactos sucesorios a favor de sus dos hijos menores, que no llegan a los diez años. Triguero cedió el 50% de otra vivienda que tenía al 100% en Can Misses. Su mujer cedió su mitad del local. Y el alcalde quedó clavado en el 50%. Ni un punto más. El umbral exacto que permite la ley para residir en una VPL.
Nadie reordena su patrimonio con esa precisión por casualidad. Lo hizo justo cuando planeaba mudarse, con el piso de siempre camino del alquiler a un mínimo de 2.500 euros, para poder residir él sin pasarse del 50%. No le hacía falta para tener la VPL. Le hacía falta para vivir en ella. Quien va a alquilar no maquilla su patrimonio. Lo maquilla quien va a residir donde no puede.
Para Triguero todo ello es «totalmente ético: legar en vida es un derecho que tenemos los ibicencos».
Y la razón es dejarles una «certeza futura» a sus hijos.
Es decir, presenta la transmisión del patrimonio a dos niños de menos de diez años como una previsión de buen padre. Ello chirría cuando menos con una herencia en vida firmada cinco meses después de comprar un local, en plena obra, reservándose el control absoluto de los bienes hasta que los niños cumplan 35 años, reversible y dejando el resultado clavado en el límite de la ley. Eso no es prever el futuro de unos hijos. Es lo que define un fraude de ley.
Y aun así, le falló. Los pactos no tocaron el piso de su mujer. Se les pasó el pequeño detalle de que su esposa conserva el 100% de la otra vivienda del mismo edificio en la que estaban vivienda hasta que se mudaron al local de abajo. El maquillaje cubrió al marido. Ella sigue incumpliendo, lo que da a entender que no estaba en su ánimo inscribirse en el registro de beneficiarios, algo que nunca llegaremos a saber porque la publicación de la información desbarató los planes del matrimonio. Se ponga como se ponga el alcalde.
Sobre esos pactos, seis fuentes jurídicas independientes —dos abogados, las bases de datos Tirant lo Blanch y Allegra/Aranzadi y dos notarios— coinciden: no hay pérdida real de la titularidad. Los padres se reservaron la facultad de disponer, la administración hasta que los hijos cumplan 35 años y el derecho de reversión. Ceden sobre el papel. Lo retienen todo en la práctica. Varias de esas fuentes lo llaman «fraude de ley de libro».
El Govern, siete semanas callado
Hay una pregunta que el Govern no quiere responder. El 7 de mayo, La Voz de Ibiza trasladó a la Conselleria de Vivienda una consulta concreta: ¿cumplen esos pactos el artículo 2.5 de la Ley 3/2024? Este martes se cumplen siete semanas sin respuesta.
Tampoco ha contestado al PSOE.
El silencio no es neutral. Cualquier respuesta compromete al Govern. Si invalida los pactos, deja a Triguero más expuesto, aunque no cambia gran cosa porque como hemos dicho el asunto nuclear es la residencia de la mujer y ahora no residen allí.
Si los valida, convierte el requisito patrimonial de la ley en papel mojado y abre la puerta a que cualquiera repita la jugada cuando se están anunciando miles de VPL en suelo rústico recalificado vía exprés.
Los silencios
Lo que no se entiende de ninguna de las maneras es que el alcalde no negara estar viviendo allí a la primera. Tuvo la pregunta delante cinco veces antes de negar nada.
-Miércoles 29 de abril. Primera reunión a solas con este periodista, antes de publicar. No niega vivir allí. Dice que lo tiene todo bien y que está muy tranquilo.
-Viernes 1 de mayo. Segunda reunión. La valla pasa de «legal» a «legalizable». De la residencia, ni una palabra de negación.
-Sábado 2 de mayo. El gabinete municipal manda por escrito la versión oficial. Habla de un local «pendiente de tramitación para su cambio de uso». De la residencia, nada, a pesar de ser preguntado expresamente por esta cuestión.
-Lunes 4 de mayo. Este medio pregunta dos veces, por escrito, si el alcalde niega vivir allí con su familia. Se le advierte de que así se publicará. Quien no vive en un sitio lo dice. Triguero calla.
-Martes 5 de mayo. Comparece sin admitir preguntas. Anuncia que pondrá la VPL en alquiler. No niega haber residido. No menciona a su mujer.
En el pleno extraordinario del 28 de mayo admitió «estancias puntuales» de su familia y negó que el bajo fuera su «residencia habitual». Hoy va más lejos: «No he residido allí». Lo nuevo es el escenario.
Los hechos
Frente a la palabra del alcalde, los hechos.
La familia alquiló su piso de siempre el 1 de marzo, en un barrio donde la renta no baja de los 2.500 euros. No tenían otro sitio donde vivir. Se mudaron al bajo.
La diputada socialista Irantzu Fernández, ibicenca, lo cifró en «un mes y medio». Y resumió lo que en Ibiza no es un secreto: «Lo sabe él, lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe todo el barrio».
El bajo se equipó como un hogar, no como un alquiler. Toldos eléctricos. Un olivo. Electrodomésticos de gama alta. Una portería de fútbol para los niños. Nadie viste así una casa para alquilarla a precio limitado, ni se preocupa de poner una valla ilegal enfrentándose a toda la comunidad si no es para vivir allí. Esa reforma desmiente a Triguero.
El negocio que no cuadra
Triguero repite que compró «un local comercial como podíamos haber comprado una bicicleta o una raqueta de pádel» y que lo pondrá «en el parque de alquiler a precio limitado». La renta, dice, «no superará los 1.050 euros».
Las cuentas no salen. Entre 600.000 y 700.000 euros de compra y reforma para una renta de poco más de 1.000 al mes. Una rentabilidad bruta del 2%, por debajo de la inflación. En términos reales, pierde dinero cada año.
El plan solo tenía lógica de una manera: la familia en el bajo y el piso de arriba alquilado a 2.500 euros. La inversión la pagaba la renta del piso. Por eso la operación se sostenía viviendo allí. Y por eso, en cuanto se sabe que vivían allí, deja de tener sentido.
«No he hecho nada mal»
El alcalde insiste en que se le ha querido «liquidar política y personalmente» y que «no he hecho nada mal». Es la coartada de la víctima.
Queda lo que ninguna entrevista amable le preguntó. Ocupó la vivienda sin inscribirla en el Registro autonómico ni presentar la declaración responsable de beneficiarios. Levantó una valla que el PGOU de su propio municipio prohíbe y que tuvo que retirar. Su gabinete difundió que el cambio de uso estaba en trámite cuando la licencia existía desde marzo. La ley que aprobó su partido califica de «muy graves» algunas de esas faltas. Las tres sanciones suman alrededor de 70.000 euros. Su salario de un año como alcalde.
