15 preguntas tiene preparadas el PSOE de Sant Antoni para el Pleno de este jueves, en la que presentará una moción de control ante la polémica por la fiesta privada egipcia en la cantera municipal de Sa Pedrera, en Can Coix.
El documento, firmado por el portavoz socialista, Antonio Lorenzo Bustamante, sostiene que del «análisis detallado del expediente» surgen «serios interrogantes» sobre la legalidad de buena parte de la tramitación administrativa que permitió el evento, más allá del debate ya conocido sobre el lago artificial y el gasto de agua.
Montaje, seguro y representación de la empresa
Buena parte de las preguntas se centra en la documentación técnica y legal aportada por la organización, la firma neoyorquina Van Wyck & Van Wyck.
El PSOE pone en duda que el montaje —una pirámide de 8 metros de altura, un templo, obeliscos de más de 6 metros y otras estructuras de gran envergadura— pudiera autorizarse como simple «decoración» sin un título habilitante específico atendiendo a sus dimensiones y condiciones de seguridad.
También pregunta qué licencias urbanísticas amparaban los trabajos previos de desbroce, nivelación, retirada de piedras y apertura de zanjas con maquinaria pesada que, según la propia memoria técnica de la organización, fueron necesarios para adecuar el terreno.
El documento apunta además dos irregularidades documentales concretas. Por un lado, el informe técnico municipal condicionaba el inicio de la actividad a que se aportaran certificados de correcto montaje y estabilidad de las estructuras, firmados por técnico competente; según el PSOE, esos certificados no constan en el expediente.
Por otro, el certificado del seguro de responsabilidad civil aportado por los promotores estaba redactado en inglés y, según los socialistas, con información incompleta para comprobar el alcance real de la cobertura.
A ello se añade que, según la moción, el Ayuntamiento inició la tramitación del expediente sin que constara debidamente acreditada la representación de Van Wyck & Van Wyck Inc., la propia empresa organizadora —una cuestión de forma que, de confirmarse, afectaría a la validez misma de la solicitud tramitada—.
Ruido sin estudio acústico y sin informe de riesgo de incendio
Otro bloque de preguntas se centra en la exoneración de los límites de ruido concedida a los organizadores. Según la moción, la solicitud para superar esos límites se presentó el 28 de julio para un evento celebrado el 13 de agosto, sin respetar el mes de antelación que exige el artículo 19.2 de la ordenanza municipal de ruidos, y sin acompañarla del estudio acústico que ese mismo artículo exige expresamente.
El PSOE pregunta por qué se concedió la exoneración pese a incumplirse ambos requisitos y en qué informe técnico o jurídico se justificó.
Los socialistas afirman además tener constancia de que durante la celebración se recibieron llamadas y quejas vecinales por el ruido y de que la actividad se prolongó más allá del horario autorizado, y reclaman al Ayuntamiento el número de quejas recibidas, las actuaciones de la Policía Local y la hora en que finalizó efectivamente el evento.
En materia de incendios, la moción recuerda que el propio informe técnico municipal prohibía expresamente hacer fuego en el recinto y reconocía que, en el momento de autorizar la actividad, aún no constaba el informe solicitado a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal.
El PSOE pregunta qué evaluación de riesgo se realizó y por qué se autorizó finalmente el evento sin disponer de ese informe, en un emplazamiento colindante con una Zona de Alto Riesgo de incendio forestal con una puntuación de riesgo de 63 puntos según el plan local de emergencias.
La tasa de 199 euros y el límite del argumento benéfico
La moción retoma también el asunto que más ha alimentado la polémica pública: la tasa de 199 euros cobrada a los organizadores por el uso de un espacio municipal que los socialistas describen como de «alto valor medioambiental».
El PSOE pregunta directamente si el equipo de gobierno considera esa cantidad una compensación adecuada y si garantiza una protección suficiente de los recursos naturales e hídricos frente a los intereses de una empresa privada.
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Los socialistas plantean además una pregunta de fondo sobre el argumento que el PP ha usado reiteradamente para justificar la autorización: la donación de 50.000 euros que los promotores comprometieron a Cáritas Sant Antoni y al Motoclub de Ibiza y Formentera.
La moción pregunta «dónde sitúa este Ayuntamiento el límite» entre una finalidad benéfica y el uso de esa donación como argumento para obtener un trato excepcional de la Administración, incluidas exoneraciones como la de los límites de ruido.
¿Actividad no permanente inocua?
Varias preguntas cuestionan también la propia calificación administrativa bajo la que se tramitó el evento: «Actividad no permanente inocua», una figura del régimen balear de actividades que permite una tramitación simplificada.
El PSOE pregunta con qué criterios técnicos o jurídicos se justificó encajar en esa categoría un montaje de la envergadura descrita, y si Sa Pedrera dispone de una licencia de actividad que ampare con carácter ordinario este tipo de celebraciones.
En ese contexto, cita también el apartado 2.18 del Anexo I del Decreto 8/2004, de 23 de enero, que exige un Plan de Autoprotección para eventos de más de 250 personas cuando el uso o la licencia del recinto no lo ampara, y pregunta si ese plan se exigió en este caso.
Sanción pendiente
La batería de preguntas se cierra con la exigencia de que el Ayuntamiento aclare si ha ordenado la apertura de actuaciones de inspección o de un expediente sancionador para depurar responsabilidades, después de que el alcalde, Marcos Serra, afirmara públicamente que no está claro que pueda sancionarse a los promotores por el uso del agua durante la fiesta, según avanzó Diario de Ibiza.
La Voz de Ibiza consultó al Ayuntamiento si se había iniciado un expediente -además de solicitar toda la documentación de la tramitación de la autorización- sin que haya respuestas hasta el momento de la publicación de esta noticia.
El contexto: semanas de polémica política, vecinal y ecologista
La moción llega tras semanas de controversia por un evento organizado por una firma especializada en celebraciones de lujo con clientes como Beyoncé, Madonna o los expresidentes estadounidenses Clinton, Bush y Obama, y que se celebró bajo un fuerte secretismo y solo con acceso mediante invitación.
Vecinos de la zona, la asociación ecologista Amics de la Terra y el propio PSOE ya habían denunciado, antes incluso de esta moción, los problemas de movilidad generados por el trasiego de camiones y maquinaria pesada, así como el riesgo derivado de la presencia de generadores y bombonas de butano en un entorno forestal.
