La Junta de Personal de la Policía Local de Sant Antoni hizo pública este miércoles una carta abierta —firmada por los sindicatos SPPME, CSIF y UGT— en la que confirma la existencia de un «desacuerdo importante» con el Ayuntamiento que se arrastra desde enero de 2025 y que continúa sin solución.
El comunicado llega apenas semanas después de que el Ayuntamiento declarase una situación de «riesgo operativo alto» en el cuerpo por falta de agentes, y con el contrato de seguridad privada adjudicado con dos meses de retraso para cubrir el vacío.
La representación sindical explica que había optado «deliberadamente» por no hacer declaraciones públicas, con la voluntad de resolver el conflicto «internamente, desde el respeto, el diálogo, la buena fe».
Pero decidió romper ese silencio, según el texto, a raíz de informaciones publicadas recientemente sobre la situación del cuerpo.
Un derecho reconocido y no aplicado
Según relata el propio comunicado, el origen del conflicto está en «determinados cambios normativos y sentencias que otorgan ciertos derechos a las plantillas de las Policías Locales» y que la Corporación ha decidido no aplicar. El texto no detalla de qué derecho concreto se trata.
La cronología que exponen los sindicatos resulta especialmente elocuente: desde enero de 2025 se vienen solicitando reuniones y mesas de trabajo, «siendo denegadas la mayoría por la corporación».
De las dos que sí llegaron a celebrarse, en la primera el Ayuntamiento comunicó que el derecho reclamado «no le correspondía» a los agentes, «sin aportar ninguna motivación ni justificación al respecto». En la segunda, el propio consistorio reconoció que el derecho existía, pero alegó que «no se podía otorgar».
El comunicado añade un dato que agrava el cuadro para la Corporación: «Incluso el Secretario del Ayuntamiento en un informe ha reconocido dicho derecho». Es decir, según la versión sindical, la propia estructura técnica municipal habría avalado la reclamación de la plantilla, sin que eso se haya traducido en una aplicación efectiva.
Blindaje público a Neus Mateu
El grueso del comunicado se dedica, sin embargo, a respaldar públicamente a la primera teniente de alcalde y concejala delegada de Obras Públicas, Infraestructuras y Seguridad Ciudadana, Neus Mateu Roselló.
Los sindicatos afirman que «quienes formamos parte de la Policía Local y hemos trabajado directamente con ella» manifiestan su «absoluto respaldo a su labor al frente del área de Seguridad Ciudadana», y destacan en ella «una implicación constante», «una enorme capacidad de trabajo» y «una cercanía y sensibilidad hacia las necesidades de sus integrantes».
El texto rechaza expresamente que la situación actual del cuerpo «pueda utilizarse para cuestionar su compromiso o su gestión». Y aborda, punto por punto, una información que había circulado sobre la presencia de la concejala en la zona VIP del concierto del Arenal el día del eclipse: según los sindicatos, Mateu «entró unos minutos en la zona del recinto del evento para comprobar el dispositivo de seguridad», a primera hora de la tarde, y pasó el resto del tiempo junto al jefe de Policía «verificando las incidencias que iban apareciendo en diferentes zonas del municipio».
La Junta de Personal cierra el comunicado insistiendo en que su voluntad «continúa siendo la misma que desde el primer día: diálogo, respeto y negociación», y que no busca «culpables ni confrontación pública».
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Una crisis que ya había aflorado en cifras
El pasado 30 de julio, el alcalde Marcos Serra firmó el Decreto 2026-3196, que declaró la «situación de urgencia y necesidad» en el cuerpo por insuficiencia de efectivos. El propio decreto, sustentado en un informe de la Jefatura del 26 de julio, reconoció que en determinados turnos solo pudo cubrirse una patrulla para todo el municipio, y que en otros no fue posible constituir ninguna.
La falta de personal obligó a suspender unidades especializadas como Atestados, Medio Ambiente, Proximidad y la Unidad Territorial de Playas.
Días después, tal como había avanzado La Voz de Ibiza, el Ayuntamiento formalizó —con dos meses de retraso respecto al calendario original— la adjudicación del servicio de seguridad privada a High Security Group S.L., después de que la primera licitación tuviera que retirarse por un error en los pliegos. El propio pliego del contrato de vigilantes ya justificaba el refuerzo externo, en su versión original, por la «insuficiencia de agentes de Policía Local».
