La reforma del aeropuerto de Ibiza vuelve a la calle. La Asociación de Jóvenes de Ibiza (AJE) ha convocado una manifestación para el próximo domingo 20 de septiembre, que partirá a las 18.00 horas de Vara de Rey y recorrerá el centro de la ciudad hasta el Consell Insular, donde se leerá un manifiesto. La protesta, respaldada por el Institut d’Estudis Eivissencs, Amics de la Terra, el GEN-GOB y varias asociaciones de vecinos, se perfila como el primer gran test de calle contra un proyecto que lleva meses generando rechazo institucional, empresarial y social.
Pero, ¿qué contempla exactamente la reforma que ha sacado a la gente a la calle? El proyecto, que Aena tramita dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031, es la mayor intervención sobre la terminal desde la ampliación de 2008-2013. Estas son sus claves.
Las puertas de embarque, casi duplicadas: de 17 a 32
Es el punto más citado por los convocantes de la manifestación. El proyecto prevé elevar el número de puertas de embarque de las 17 actuales a un total de 32, casi el doble. Aena sostiene que el incremento no responde a una previsión de más tráfico, sino a la necesidad de separar los vuelos del espacio Schengen de los que van fuera de él: según el gestor, ambas zonas necesitan sus propias puertas y no pueden usarse de forma flexible, lo que obliga a sumar posiciones a igualdad de tráfico. Los colectivos que rechazan la reforma interpretan, en cambio, que duplicar las puertas equivale a preparar la infraestructura para seguir creciendo.
Un nuevo dique para los vuelos no-Schengen
Ligada al punto anterior está la construcción de un nuevo dique de 170 metros de largo por 24 de ancho, en dos plantas, destinado en exclusiva a los vuelos con destino fuera del espacio Schengen. La actuación responde a la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de control de fronteras (Entry/Exit System), que obliga a gestionar de forma diferenciada a los pasajeros extracomunitarios, entre ellos los británicos, que representan entre el 20% y el 25% del tráfico del aeropuerto tras el Brexit. Los convocantes de la manifestación citan expresamente la creación de esta «zona exclusiva para vuelos no-Schengen» entre los motivos de su rechazo.
La sala VIP, diez veces mayor, y una nueva Sala Premium
Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la nueva sala VIP, prevista en la segunda planta del edificio. El pliego le asigna 2.000 metros cuadrados, más una terraza de libre acceso de 420 metros cuadrados, frente a los apenas 190 metros cuadrados de la actual sala Cap des Falcó, inaugurada en 2016 y ya ampliada en dos ocasiones por el desbordamiento de la demanda. La nueva sala multiplicaría por más de diez la superficie de la actual.
A ese espacio se suma un dato que no figuraba en el diseño funcional inicial: una nueva «Sala Premium» que el propio pliego reconoce que «no se encuentra recogida» en el proyecto original y sobre cuyo uso concreto el documento no ofrece detalles. Junto con la sala de autoridades, el aeropuerto pasaría a contar con tres tipos de espacios reservados distintos. La ampliación de la sala VIP figura de forma expresa entre los motivos de la protesta del 20 de septiembre.
Ocho nuevas pasarelas de embarque
El proyecto contempla la instalación de ocho nuevas pasarelas de embarque, que se sumarían a las cuatro actuales. Según Aena, la operativa con pasarela —que hoy da servicio a alrededor del 25% de los vuelos en temporada alta— podría elevarse hasta en torno al 75% tras la reforma, reduciendo los embarques en los que el pasajero tiene que desplazarse al avión en autobús.
Nuevas máquinas de inspección y reordenación de la terminal
La reforma incluye también la incorporación de nuevas máquinas de inspección de equipajes —que permiten no tener que sacar líquidos ni dispositivos electrónicos y que ya operan en Palma—, lo que obliga a trasladar el filtro de seguridad y a ampliar la fachada suroeste de la terminal en unos 60 metros. A ello se suma una reordenación general de la sala de embarque, con mejoras en aseos, zonas infantiles, espacios para personas con movilidad reducida, locales comerciales y una segunda planta de oficinas.
Un presupuesto que ha generado confusión
La cifra de 229,7 millones de euros ha acompañado al proyecto desde el principio, pero conviene precisarla: Aena aclaró que esa cantidad no corresponde al coste de esta actuación, sino a la inversión total prevista para el aeropuerto de Ibiza en todo el quinquenio del DORA III. La actuación concreta, según el gestor, «no está presupuestada todavía». Lo que sí se conoce es el coste de los servicios técnicos ya licitados: algo más de 10 millones para la redacción de los proyectos y 16,2 millones para la gestión integral de las obras.
Los accesos, el otro frente
Más allá de la terminal, la presión sobre los accesos es otro de los puntos que denuncian los convocantes, que sitúan la movilidad entre los servicios públicos que se verían afectados. Aena estudia un nuevo vial de salida exclusivo para taxis, autobuses y VTC para descongestionar la carretera del aeropuerto, saturada cada verano, aunque la actuación se encuentra todavía en fase preliminar.
El vertido en Ses Salines, un frente ambiental
La manifestación del 20 de septiembre suma, además, un frente ambiental: los convocantes han denunciado un vertido ilegal de aguas fecales atribuido a Aena en el Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido que se ha convertido en un punto de fricción añadido con la gestora aeroportuaria.
Un rechazo que no deja de sumar apoyos
La protesta convocada por los jóvenes es el último capítulo de una contestación que se ha ido ampliando durante los últimos meses. Al proyecto se oponen ya el Consell d’Eivissa, el Govern balear, el Consell de Formentera, los cinco ayuntamientos de la isla y los tres principales grupos del Parlament, además de las patronales empresariales (CAEB y PIMEEF), los hoteleros de Sant Antoni y las organizaciones ecologistas.
Frente a ese bloque, Aena mantiene que el proyecto no busca aumentar la capacidad del aeropuerto, sino modernizar unas instalaciones que acumulan casi dos décadas y adaptarlas a la nueva normativa europea de seguridad. El DORA III, en el que se enmarca la actuación, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre, diez días después de la manifestación.
