En Mallorca el área de prestación conjunta del taxi avanza. En Ibiza lleva años en el mismo punto: todo el mundo la nombra, casi nadie la rechaza y ninguna administración la echa a andar. La Voz de Ibiza ha preguntado a los distintos actores involucrados por qué la isla no constituye el taxi único que dice querer. La respuesta no es un «no». Es que nadie da el primer paso.
Hoy en Ibiza rige el régimen de recogida de viajeros del Decreto-ley 5/2022, que permite a los taxis cargar pasaje fuera de su municipio pero mantiene el mando en cada ayuntamiento. El área va mucho más allá: tarifa única, normas comunes y un ente gestor por encima de los municipios.
Y un detalle que lo cambia todo: una vez constituida, todos los viajes que empiecen y terminen dentro de ella pasan a considerarse urbanos. Ahí aparece la palabra que sobrevuela el debate y que casi nadie pronuncia en voz alta: VTC.
En Mallorca no se andan con rodeos
El sector del taxi mallorquín defiende el área precisamente por eso. Como las VTC solo están habilitadas para trayectos interurbanos, convertir toda la isla en zona urbana equivale a cerrarles la puerta. «El transporte debe ser urbano en toda la isla», ha resumido en más de una ocasión Gabriel Moragues, una de las voces del taxi mallorquín, que ve además en la figura una herramienta contra la «competencia desleal» de las VTC. Es la lectura que trasladan las asociaciones mallorquinas —las mismas que, junto a la federación balear, se sientan en el Consejo Balear de Transportes Terrestres— y es el motor que ha puesto la maquinaria en marcha allí.
En Mallorca los ayuntamientos aprobaron el año pasado, por pleno, varios regímenes especiales de recogida, y a partir de ahí se han iniciado los trámites para solicitar un área territorial conjunta. Ha habido reuniones con asociaciones y consistorios para evaluar cómo funcionan esos regímenes y para recoger unas posturas sobre el área que, admite el propio Govern, «no siempre coinciden».
La llave la tienen los ayuntamientos
Aquí la maquinaria ni se ha encendido. La ley —el artículo 71 bis de la Ley 4/2014, que introdujo la Ley 1/2024 y desarrolla el Decreto 6/2026— permite que el área la impulse el Govern «de oficio» o que la pidan los municipios. Pero en los dos casos exige lo mismo para constituirla: el acuerdo favorable de al menos dos tercios de los ayuntamientos que sumen el 75 % de la población, además del informe del Consell.
Con cinco municipios, eso significa que hacen falta cuatro. Ni el Govern puede imponerla ni el Consell crearla por su cuenta: la llave la tienen los ayuntamientos.
En ese contexto, las administraciones se pasan la pelota. El Govern remite a los ayuntamientos y pone a Mallorca de ejemplo; en Ibiza, en cambio, la referencia sigue siendo el Decreto-ley 5/2022, en vigor desde hace cuatro años. El Consell de Ibiza, competente en transporte por carretera, señala que su papel se limita a emitir un informe no vinculante si los ayuntamientos deciden crear el área, y a apoyarlos técnicamente «si se ponen de acuerdo».
El sector: «No hay voluntad política real»
El taxi lo ve venir. «Llevamos insistiendo con esto un tiempo inmemorial», resume Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (FITIE). Este verano, cuenta, el sector ha vuelto a empujar y detecta cierto movimiento «quizás por parte de un ayuntamiento», a la espera de ver «en qué acaban estas conversaciones». Pero no se hace ilusiones: «A la fecha no vemos que exista una verdadera y real voluntad política para esto. Está en manos de los ayuntamientos».
No es un debate nuevo. El sector reclama un área insular desde hace años —el propio Toni Roig ya la reivindicaba en 2023— y el régimen de recogida vigente se planteó, de hecho, como un sucedáneo a la espera de ella. Pese a los contactos habidos entre administraciones, el proyecto ha desaparecido de la agenda política.
Tres ayuntamientos abren la puerta
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu vería «con buenos ojos» un área de prestación conjunta, siempre que el servicio funcione «sin limitaciones territoriales» dentro de la isla, y admite que la valoraría favorablemente «aunque implicase dejar de ejercer determinadas competencias» municipales.
El Ayuntamiento de Ibiza se guarda las espaldas: respaldará «aquella decisión que sea fruto del consenso de todas las instituciones implicadas».
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja dice haber defendido «siempre» el área y estar dispuesto a «ceder las competencias necesarias» para avanzar, en coordinación con el Consell, el Govern y el resto de municipios.
Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia —dos de los municipios con más ocio nocturno y presión turística de la isla— no respondieron a este diario. Y sin al menos uno de ellos, no se llegaría a los dos tercios que pide la ley.
La pregunta de fondo: las VTC
Queda la cuestión que en Mallorca el sector responde sin rodeos y en Ibiza se esquiva: ¿se quiere el área para ordenar el taxi o para frenar a las VTC? No es un temor abstracto. En Baleares hay unas 10.000 solicitudes de VTC pendientes, de las que alrededor de 6.500 corresponden a Ibiza, la isla que concentra buena parte de la presión y que ya tiene en guardia al sector.
La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ya avisó, en una entrevista con este medio, de que cerrarles el paso «no es lo más relevante» de un área de prestación conjunta. La prudencia tiene su porqué: los tribunales ya han anulado restricciones a las VTC sostenidas solo en cupos y criterios cuantitativos, de modo que defender el área en voz alta como una barrera contra ellas resulta jurídicamente resbaladizo.
Así que en Ibiza el área sigue siendo lo que era hace años: un deseo compartido que nadie ejecuta. El Govern apunta a los ayuntamientos, el Consell se ofrece a mirar desde la banda, tres municipios dicen que sí sin sumar los suficientes y dos callan. Mientras tanto, en Mallorca, el primer papel ya está en marcha.
