España ha cruzado por primera vez una frontera hasta ahora inédita en la convivencia entre taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC): Málaga ya tiene más autorizaciones VTC que licencias de taxi. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, correspondientes al 1 de agosto de 2026, la provincia andaluza cuenta con 3.398 VTC frente a 2.708 taxis, una diferencia de 690 permisos.
El dato cobra especial relevancia en territorios turísticos sometidos a una fuerte presión sobre la movilidad, como Baleares. Málaga se convierte así en el primer ejemplo provincial de un escenario que el sector del taxi de Ibiza lleva meses advirtiendo que quiere evitar, ante la existencia de miles de solicitudes pendientes para operar mediante plataformas como Uber, Cabify o Bolt.
VTC crecen mientras taxi pierde terreno
El cambio no se limita a Málaga. Los datos estatales reflejan durante 2026 un crecimiento de las autorizaciones VTC en diferentes territorios, mientras el número de licencias de taxi se mantiene estable o desciende en algunos de los principales mercados.
En el conjunto de España, el taxi continúa siendo claramente mayoritario, con 59.552 autorizaciones frente a 26.751 VTC a 1 de agosto. Málaga es, de momento, la excepción que rompe esa relación y convierte en realidad una posibilidad que ha marcado durante años el conflicto regulatorio entre administraciones, taxistas y grandes plataformas.
Baleares intenta evitar escenario parecido
Baleares todavía está lejos de esa situación si únicamente se tienen en cuenta las autorizaciones actualmente vigentes. Las islas cuentan con alrededor de 2.500 licencias de taxi y unas 700 autorizaciones VTC, pero la verdadera preocupación de las administraciones no está en los vehículos que ya operan, sino en la enorme bolsa de expedientes pendientes.
Como ha venido contando La Voz de Ibiza, en Baleares se presentaron más de 10.000 solicitudes de nuevas autorizaciones VTC durante 2023, una cifra que el propio Govern calificó de «desproporcionada y medioambientalmente insostenible».
Ibiza concentra buena parte de esa presión. Según los datos que maneja el sector y que ha publicado este medio, alrededor de 6.500 de esas solicitudes corresponden a la isla, frente a unas 3.500 en Mallorca. El volumen mantiene al taxi ibicenco en alerta desde hace meses. La Voz de Ibiza ya explicó que el sector esperaba una decisión política del Govern capaz de marcar también la estrategia del Consell.
Reglamento para poner freno
La principal respuesta del Ejecutivo autonómico llegó en febrero con el Decreto 6/2026, el primer reglamento balear que regula conjuntamente taxi y VTC. La norma sustituyó la moratoria y estableció criterios objetivos para poder denegar nuevas autorizaciones, vinculados, entre otros factores, a la congestión viaria, la calidad del aire y las particularidades territoriales de las islas.
El Govern justificó esas limitaciones precisamente por la magnitud de las peticiones pendientes. El nuevo reglamento establece criterios que deberán aplicar ayuntamientos y consells para decidir si admiten nuevas licencias y autorizaciones.
Los ayuntamientos han adquirido un papel fundamental. La Voz de Ibiza adelantó que las administraciones municipales tendrán la llave para determinar cuántos vehículos de Uber y otras plataformas podrán operar realmente en cada municipio, mediante sus autorizaciones urbanas, ordenanzas y estudios sobre necesidades de movilidad.
Ese mecanismo se ha convertido en uno de los principales diques con los que las administraciones pretenden impedir que las aproximadamente 6.500 solicitudes existentes en Ibiza se traduzcan automáticamente en miles de nuevos vehículos circulando por la isla.
PP y PSIB refuerzan cerco a plataformas
El freno regulatorio ha ido más allá del reglamento. PP y PSIB alcanzaron en mayo un acuerdo para reforzar el control sobre las plataformas VTC y aumentar la capacidad sancionadora de la Administración.
El pacto contempla, entre otras medidas, sanciones para las propias plataformas cuando permitan operar mediante vehículos que carezcan de la autorización correspondiente y busca clarificar las diferencias entre los permisos estatales, interurbanos y urbanos. El acuerdo fue presentado como un nuevo cerco a Uber y al resto de plataformas ante las 10.000 solicitudes existentes en Baleares.
La estrategia pretende evitar que el crecimiento de las VTC termine alterando de forma brusca el equilibrio actual del transporte discrecional, especialmente en Ibiza, donde la presión estacional y la congestión durante el verano son utilizadas por el Govern y el Consell como argumentos para defender restricciones.
Batalla llega a tribunales
El problema es que ese muro regulatorio también está siendo atacado judicialmente desde distintos frentes. Uber, Cabify, asociaciones empresariales, organizaciones del taxi e incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han recurrido diferentes aspectos del Decreto 6/2026.
El reglamento acumulaba ya en julio al menos seis recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, convirtiendo la regulación balear del taxi y las VTC en uno de los principales campos de batalla jurídicos de la legislatura.
Entre quienes han recurrido figura Uber, que abrió el frente contra la norma, y posteriormente Cabify, que se sumó mediante un recurso presentado junto a varias empresas del sector. Cabify cuestionó el decreto ante el TSJB junto a sociedades que ya habían participado en litigios contra las restricciones a las VTC en Barcelona.
También la CNMC ha impugnado varios artículos del reglamento, al considerar que algunos requisitos pueden resultar desproporcionados y reducir la competencia. La impugnación afecta a cuestiones como la antigüedad y longitud mínima de los vehículos o determinadas limitaciones para solicitar autorizaciones.
Primer revés judicial en Ibiza
A ese escenario se suma una sentencia especialmente significativa para Ibiza. El TSJB anuló la denegación de 15 autorizaciones VTC solicitadas en 2018 y obligó al Consell a volver a valorarlas sin aplicar automáticamente el antiguo límite cuantitativo.
El tribunal tumbó así el cupo utilizado hasta entonces por el Consell para rechazar esas solicitudes, al considerar que una restricción basada únicamente en una proporción numérica entre taxis y VTC no resultaba suficiente.
La sentencia no concede directamente las 15 autorizaciones, pero obliga a la institución insular a volver a resolver los expedientes empleando otros criterios compatibles con el derecho europeo, precisamente los argumentos ambientales, territoriales y de congestión que ahora intenta consolidar el nuevo reglamento.
Málaga, precedente que mira Ibiza
Málaga demuestra que el escenario que durante años fue presentado como una hipótesis puede terminar produciéndose: que las VTC superen numéricamente al taxi en un mercado provincial.
Ibiza continúa lejos de esa fotografía en términos de autorizaciones actualmente vigentes, pero las aproximadamente 6.500 solicitudes pendientes explican la intensidad de la batalla política, administrativa y judicial que se desarrolla en Baleares.
Mientras las plataformas defienden una mayor apertura del mercado y recurren las restricciones, Govern, Consell y ayuntamientos intentan construir un entramado normativo que permita contener el número de nuevas autorizaciones.
