El cierre de las clínicas dentales Vivanta en toda España continúa generando indignación e incertidumbre entre los afectados de Ibiza, que denuncian haberse quedado con tratamientos odontológicos a medias, miles de euros abonados y préstamos que todavía deben seguir pagando. Las quejas se multiplican en redes sociales, donde algunos pacientes relatan situaciones especialmente preocupantes por la interrupción de procedimientos que requieren seguimiento médico.
«Yo soy una con un tratamiento a seguir, tengo hierro en la boca, ¿ahora qué hago?», pregunta una de las afectadas en los comentarios publicados tras conocerse el cierre de la compañía.
Su testimonio refleja una de las principales preocupaciones de quienes se encuentran en pleno tratamiento de ortodoncia o implantología y ahora desconocen cómo podrán continuar con los procedimientos iniciados.
La crisis de Vivanta, que ha provocado el cierre de sus establecimientos en todo el país, afecta también a pacientes de Ibiza que habían contratado tratamientos de hasta 11.000 euros, según denunció anteriormente a La Voz de Ibiza una de las personas perjudicadas.
«Me robaron 6.000 euros»
Las reclamaciones económicas también protagonizan los comentarios de los pacientes, que aseguran haber abonado cantidades importantes por tratamientos que no han podido finalizar. «Me robaron 6.000 euros. Ya hay un grupo para denunciar que está en las puertas de la supuesta clínica dental», afirma una usuaria en redes sociales.
Otros afectados cuestionan que se exigieran pagos antes de completar los procedimientos odontológicos y denuncian problemas con los trabajos realizados. «Pero estas clínicas piden que pagas por adelanto y sin siquiera haber acabado con los pacientes, encima que a muchos le han hechos los trabajos mal», sostiene otro comentario.
Estas manifestaciones se suman a las denuncias de quienes aseguran haberse encontrado con el cierre sin haber recibido información previa sobre la continuidad de sus tratamientos.
Tratamientos sin terminar y préstamos que siguen cobrando
Uno de los problemas más delicados afecta a los pacientes que contrataron financiaciones para pagar sus tratamientos dentales y que ahora se encuentran con la obligación de continuar abonando las cuotas pese a que la clínica ha dejado de prestarles el servicio.
«Las personas están en pleno tratamiento, por ejemplo de ortodoncia, implantología… Con una financiación y no solo no saben qué hacer, sino que deben seguir pagando las cuotas a las financieras», explica una usuaria.
Otro comentario menciona directamente las reclamaciones de una entidad bancaria: «¿Y a quién sigue llamando Sabadell todos los días por culpa de Vivanta? A mí».
La situación genera especial preocupación entre quienes todavía necesitan revisiones periódicas, ajustes de aparatos de ortodoncia o la colocación de implantes que ya habían sido abonados.
El Consejo General de Dentistas ha advertido de que la interrupción de estos procedimientos puede requerir la intervención de otro profesional para evitar posibles complicaciones y garantizar la continuidad asistencial.
En cuanto a los créditos vinculados a tratamientos no realizados, el organismo recuerda que los pacientes pueden reclamar a las entidades financieras cuando se cumplan los requisitos previstos en la legislación de consumo.
El recuerdo de Dentix vuelve a aparecer entre los afectados
La crisis de Vivanta también ha reavivado el recuerdo del cierre de Dentix, otra cadena odontológica cuya situación dejó a numerosos pacientes con tratamientos pendientes y reclamaciones económicas a finales del 2020.
«Dentix, nunca más pude cobrar nada. Tratamiento por la mitad y 4.000 euracos adentro», lamenta una persona en los comentarios.
Otro usuario señala: «Lo fuerte es que es la segunda vez que lo hacen», aunque no aporta detalles que permitan determinar a qué experiencias concretas se refiere.
Los testimonios reflejan el temor de los pacientes a que las dificultades económicas de una compañía terminen trasladándose a quienes ya habían pagado por recibir atención sanitaria.

Los afectados de Ibiza continúan organizándose
Mientras aumentan las quejas, los pacientes de Vivanta en Ibiza siguen buscando una respuesta conjunta para reclamar por los tratamientos pendientes y las cantidades abonadas.
Una de las personas perjudicadas explicó a este periódico que se había presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Ibiza y que los afectados estaban realizando gestiones para contactar con el departamento de Consumo del Consell.
También confirmó la creación de un grupo de WhatsApp con el objetivo de organizar a los pacientes y promover una plataforma de afectados.
Entre sus principales preocupaciones figura la dificultad para acceder a los historiales clínicos, radiografías y documentación médica necesaria para continuar los tratamientos en otros centros.
«Como nosotros, habrá mucha gente que no sabrá de la situación y se la encontrará cuando vaya a su cita», advirtió la denunciante.
Una crisis nacional tras el fracaso de la venta de Vivanta
El cierre de las clínicas se produjo después de que fracasaran las negociaciones para la adquisición de parte del grupo por Donte Group, propietario de Vitaldent.
La oferta de compra expiró el pasado 21 de octubre sin que se alcanzara una solución para garantizar la continuidad de la actividad.
La operación contemplaba la adquisición de 61 clínicas y el compromiso de atender unos 30.000 tratamientos dentales pendientes o en curso, valorados en aproximadamente 36,9 millones de euros, según publicó Cinco Días.
La compañía se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde septiembre, en medio de las discrepancias relacionadas con el rescate público de 40 millones de euros concedido por la SEPI en 2022.
El Consejo General de Dentistas ha calificado de intolerable que miles de pacientes hayan permanecido en una situación de incertidumbre mientras se desarrollaban las negociaciones empresariales.
«No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria», declaró su presidente, Óscar Castro Reino.











