El expediente de una villa de Es Cubells cuyo propietario pretende legalizar unas escaleras al mar a cambio de permitir el paso público por su jardín llegó este martes, 3 de noviembre, al Parlament balear. La diputada socialista Pilar Costa pidió explicaciones al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por una concesión que se tramita en Sant Josep. El debate derivó en acusaciones de favoritismo y reproches sobre la gestión de Costas.
El caso fue destapado por La Voz de Ibiza el 10 de octubre, tras acceder a la documentación técnica del expediente. Como informó este medio, el propietario solicita una concesión de hasta 50 años para regularizar unas escaleras de hormigón sobre dominio público marítimo-terrestre. Para acreditar su interés público, se comprometió a habilitar un itinerario que entra en la finca privada, cruza el jardín, pasa junto a la piscina y alcanza el acceso al mar.
Costa recuperó esta información en la sesión de control y calificó de «estrambóticos» determinados expedientes tramitados por Costas. La parlamentaria cuestionó que, para llegar a un espacio de dominio público, los ciudadanos deban atravesar la propiedad particular, junto a la piscina y las tumbonas, y pidió al conseller que explicara cómo compatibilizaría esa solución con el interés general.
«En este momento no hay acceso público, cero. No se puede acceder ningún ciudadano», respondió Lafuente. El conseller sostuvo que las escaleras se construyeron antes de la Ley de Costas y que la solicitud sigue su tramitación. También introdujo el reparto de competencias entre administraciones como respuesta a las preguntas de Costa.
Cruce por la concesión y las competencias
Lafuente explicó que Baleares gestiona las concesiones y autorizaciones, pero que garantizar el paso y sancionar determinadas actuaciones sin permiso corresponde al Ministerio. Costa replicó que no le preguntaba por las competencias, sino por cómo iba a resolver el Govern el expediente y si el acceso propuesto garantiza realmente el uso público del litoral.
En su réplica, la diputada acusó al Ejecutivo de estar estudiando una concesión «a dedo» a un particular. Recordó además que el itinerario anunciado tendría un horario limitado: según la documentación publicada por La Voz de Ibiza, la puerta peatonal permanecería abierta «en horario laboral diurno» y cerrada de noche «por razones de seguridad».
Costa también aludió al cambio en la Dirección General de Costas y acusó al Govern de pretender condicionar expedientes mediante el nombramiento de una nueva responsable. Vinculó esa crítica con lo que considera una prioridad de los intereses económicos frente al acceso público.
Por su parte, Lafuente rechazó la acusación de trato de favor. Defendió que las decisiones se adoptan con arreglo a la Ley de Costas, su reglamento y los informes técnicos, y pidió que el expediente siguiera su curso administrativo sin que el Parlament anticipara su desenlace. «Yo le digo que se resolverá conforme a los informes técnicos y conforme a la ley», insistió.
El conseller reconoció, además, que no conocía el caso antes de preparar su respuesta parlamentaria. «Yo para contestar esta pregunta he tenido que preguntar cuál era el estado de este expediente porque evidentemente ni lo conocía ni era mi obligación conocerlo», afirmó al explicar que había solicitado información sobre el procedimiento.
Reproches y precedentes judiciales
Lafuente citó dos sentencias de la Audiencia Nacional, del 17 de marzo de 2000 y del 9 de septiembre de 1997, que presentó como precedentes de casos similares. Aprovechó también para defender una reforma de la Ley de Costas y criticar al PSOE por el bloqueo que, según sostuvo, sufre una iniciativa legislativa en el Congreso.
El intercambio terminó con reproches directos. Lafuente acusó a Costa de decir «barbaridades» y «tonterías» al insinuar interferencias políticas en el procedimiento.
Por su parte, la diputada había insistido en que el Govern debía explicar cómo permitiría el acceso de la ciudadanía por una finca privada y durante un horario restringido.
Origen del expediente
La solicitud se presentó en enero de 2025 y afecta a 42,92 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. En octubre de ese año, Costas exigió al promotor acreditar que las escaleras beneficiarían a la ciudadanía y no solo a su propietario. Este respondió comprometiéndose a permitir un acceso «público y gratuito» desde el vial colindante a través de su parcela.
El proyecto detalla un recorrido señalizado, de unos 1,2 metros de anchura en buena parte del trayecto, que comienza en la puerta de la villa, discurre junto a la vivienda y atraviesa el césped del jardín hasta las escaleras. Prevé postes, cuerdas y carteles desmontables para orientar a quienes utilicen el paso.
