Licencias de obra en tres meses, rebajas fiscales, garantías para los propietarios que alquilen a residentes y nuevas fórmulas para construir vivienda asequible. Son algunas de las seis medidas que el economista Fernando Pinto Hernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, planteó este jueves en Ibiza para afrontar la crisis residencial. Las propuestas fueron presentadas durante una jornada organizada por el Consell insular para analizar el equilibrio entre la regulación pública y el mercado inmobiliario, en la que el especialista defendió que la prioridad debe ser aumentar la oferta de viviendas disponibles.
Su diagnóstico parte de una situación que considera especialmente preocupante: comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en Santa Eulària equivale a 18,5 años de salario bruto medio español, sin descontar impuestos ni destinar dinero a ningún otro gasto. El cálculo se reduce a 14,8 años en Ibiza, prácticamente lo mismo que en Madrid capital (14,7), mientras que la media española se sitúa en 6,4 años.
Para establecer esa comparación, Pinto utilizó como referencia un salario bruto anual de 29.540 euros, procedente de la estadística salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), y lo enfrentó al valor de una vivienda de 80 metros cuadrados en cada territorio. En Santa Eulària, el precio utilizado fue de 547.520 euros. No se trata, por tanto, de los años necesarios para ahorrar el dinero o pagar una hipoteca, sino de una relación entre el precio de compra y el salario anual medio nacional.
«Quien sirve el café en Ibiza apenas puede vivir en Ibiza», advirtió el economista, que vinculó el encarecimiento residencial con las dificultades para atraer y mantener trabajadores en una economía que depende en gran medida del turismo.
Según los datos que expuso, el precio por metro cuadrado en Santa Eulària ha pasado de unos 2.336 euros en 2015 a cerca de 6.850 euros en 2026, lo que supone prácticamente triplicar su valor. En Ibiza, el incremento acumulado durante ese periodo fue de unas 2,3 veces.
Ante este escenario, Pinto presentó seis propuestas dirigidas específicamente a Ibiza, algunas basadas en instrumentos que ya existen y otras que requerirían cambios normativos o fiscales.
1. Construir donde ya hay ciudad y conceder licencias en tres meses
La primera propuesta consiste en aprovechar mejor el suelo urbano existente antes que ampliar indiscriminadamente las zonas urbanizadas. Para ello, Pinto planteó agilizar las licencias de obra, utilizar entidades colaboradoras para tramitar determinados expedientes y establecer un objetivo de resolución de tres meses.
El economista defendió facilitar las ampliaciones en altura de edificios existentes, las transformaciones de locales comerciales en viviendas y el aprovechamiento de solares urbanos. También propuso elaborar un inventario de terrenos disponibles en los cinco municipios de Ibiza para identificar oportunidades de construcción.
Su planteamiento parte de que la lentitud administrativa puede impedir que viviendas potencialmente disponibles lleguen al mercado. En su intervención mencionó también los inmuebles bloqueados por conflictos hereditarios y procedimientos judiciales, situaciones que pueden mantener propiedades fuera del circuito residencial durante años.
La propuesta, en cualquier caso, exigiría adaptar los procedimientos urbanísticos y comprobar qué actuaciones resultan compatibles con el planeamiento municipal, además de garantizar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y seguridad.
2. Recuperar viviendas turísticas ilegales para alquiler residencial
La segunda medida busca devolver al mercado residencial inmuebles destinados de forma irregular al alquiler turístico. Para conseguirlo, Pinto propuso aprovechar y dar mayor difusión a los mecanismos que permiten reducir las sanciones a los propietarios que cambien el destino de sus viviendas.
En concreto, se refirió a la rebaja del 80% de las multas por alquiler turístico ilegal, prevista bajo determinadas condiciones cuando el propietario incorpora la vivienda durante cinco años a programas de alquiler residencial regulado.
La posibilidad ya se ha aplicado en Ibiza. Como informó La Voz de Ibiza, un propietario sancionado con 275.000 euros logró reducir considerablemente la multa al comprometerse a incorporar el inmueble durante cinco años al programa público Lloguer Segur, además de acogerse a otra reducción administrativa.
Pinto defendió extender la utilización de este mecanismo como una vía para incorporar viviendas al alquiler habitual sin necesidad de construir nuevos edificios. La medida depende de que los propietarios cumplan los requisitos previstos y acepten destinar sus inmuebles al uso residencial regulado.
3. Más garantías para propietarios que alquilen a residentes
La tercera propuesta está relacionada con la seguridad jurídica y económica de quienes ponen una vivienda en alquiler. Pinto considera que las garantías frente al impago y los conflictos contractuales pueden contribuir a movilizar inmuebles cuyos propietarios actualmente prefieren no alquilarlos.
Para ello, propuso ampliar el alcance de Lloguer Segur, el programa impulsado por el Govern balear para incorporar viviendas privadas al mercado del alquiler mediante garantías públicas.
El economista planteó extender la cobertura por impago a contratos directos entre propietarios y residentes, de manera que las garantías no dependan exclusivamente de que el alquiler se tramite a través de determinadas fórmulas del programa.
También defendió mejorar su difusión y facilitar la información a través de una ventanilla insular, con el objetivo de que más propietarios conozcan las condiciones existentes.
La finalidad sería recuperar parte del parque de viviendas que permanece fuera del alquiler habitual, aunque Pinto reconoció que los datos disponibles sobre inmuebles vacíos no permiten identificar con precisión cuántos podrían incorporarse actualmente al mercado.
4. Viviendas para trabajadores esenciales y alojamiento vinculado al empleo
Otra de las medidas se dirige a los profesionales que necesitan residir en Ibiza para desempeñar su trabajo, especialmente en actividades esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.
Pinto defendió ampliar las promociones de alojamiento dotacional para sanitarios, docentes y otros trabajadores, utilizando la colaboración entre administraciones y sector privado.
Entre las posibilidades planteadas incluyó fórmulas de alojamiento en establecimientos hoteleros con plazas reversibles para trabajadores, como alternativa para cubrir determinadas necesidades de personal.
Parte de estas actuaciones ya se encuentra en tramitación. En Ibiza, el Govern anunció una promoción de 80 viviendas destinadas a profesionales sanitarios junto al Hospital Can Misses, dentro de una intervención más amplia que contempla hasta 245 viviendas y alojamientos dotacionales.
El economista reclamó acelerar y ampliar estas iniciativas, pero también defendió que la Administración disponga de una empresa pública de vivienda con capacidad real para construir. A su juicio, la promoción pública debe atender especialmente a quienes no pueden acceder a una casa en el mercado por sus niveles de renta.
5. Rebajar impuestos y adaptarlos al precio de Ibiza
La quinta propuesta aborda la fiscalidad de la vivienda y las diferencias entre el mercado inmobiliario de Ibiza y el de otros territorios. Pinto considera que determinados límites utilizados para aplicar beneficios fiscales no responden al valor real de los inmuebles en la isla.
Como ejemplo, planteó elevar el límite de valor de vivienda utilizado en determinados beneficios del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) hasta situarlo en torno al precio medio insular, que cifró en 459.135 euros.
Su argumento es que un mismo umbral económico puede dejar fuera de las bonificaciones a compradores de Ibiza que, pese a adquirir una vivienda de características ordinarias, deben afrontar precios sensiblemente superiores a los de otros mercados.
También propuso bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de competencia municipal, y defendió aplicar un IVA reducido del 4% a las Viviendas de Precio Limitado (VPL).
Esta última medida no constituye una ventaja fiscal actualmente generalizada para las VPL: se trata de una propuesta que exigiría modificar la normativa tributaria correspondiente, de ámbito estatal.
Pinto sostuvo que las administraciones deben utilizar los instrumentos fiscales disponibles para reducir el coste final de las operaciones inmobiliarias y favorecer que las promociones de vivienda asequible puedan desarrollarse.
6. Conseguir que construir viviendas de precio limitado salga a cuenta
La sexta medida se centra en la viabilidad económica de las promociones de vivienda asequible. El economista considera que establecer precios máximos de venta o alquiler no resulta suficiente si las condiciones de construcción impiden que los proyectos se ejecuten.
Entre las fórmulas que propuso figura ampliar la cesión de suelo público mediante derechos de superficie de 75 años, un sistema que permite construir y explotar viviendas durante un plazo determinado sin que la Administración tenga que desprenderse definitivamente de la propiedad del terreno.
También reclamó acelerar los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), concebidos para facilitar nuevas promociones residenciales mediante instrumentos urbanísticos específicos.
En Ibiza, el primer PRE que ha comenzado a tramitarse se encuentra en Can Sant, en el municipio de Vila, con 306 viviendas previstas, de las que 196 serían protegidas y 110 de precio libre.
Para Pinto, el objetivo debe ser que los proyectos anunciados lleguen a convertirse en viviendas construidas. En este sentido, reclamó que los mecanismos de promoción pública y privada sean compatibles con los costes reales y dispongan de plazos de ejecución razonables.
«Quien está dentro» y «quien quiere entrar»: dos realidades del mercado residencial
Más allá de las seis propuestas, Pinto advirtió de que la regulación puede generar diferencias importantes entre quienes ya disponen de vivienda y quienes buscan acceder al mercado.
El economista utilizó los conceptos de insiders y outsiders para distinguir entre propietarios e inquilinos con contratos antiguos, por un lado, y jóvenes, trabajadores recién llegados o personas que buscan su primera vivienda, por otro.
Según su análisis, mientras los primeros pueden beneficiarse de contratos anteriores, límites de actualización de rentas o del aumento de valor de sus propiedades, los segundos deben afrontar los precios actuales y competir por una oferta cada vez más limitada.
«Toda medida que protege al de dentro sin añadir casas encarece la entrada al de fuera», sostuvo durante su exposición.
Pinto también cuestionó que la regulación de precios pueda resolver por sí sola el problema, aunque se mostró favorable a mantener una intervención pública que garantice el acceso a la vivienda de los hogares más vulnerables.
Su diagnóstico encuentra un antecedente en los datos del Observatorio de la Vivienda de Baleares publicados por La Voz de Ibiza: entre 2000 y 2025, la población insular aumentó un 82,74%, mientras que el parque residencial creció un 39,56%. Se trata de una brecha en los ritmos de crecimiento que ayuda a contextualizar las dificultades actuales, aunque no equivale por sí sola a una estimación de la demanda real de viviendas.
El economista terminó reclamando un pacto de Estado sobre vivienda para dar continuidad a las políticas públicas y evitar que las soluciones dependan exclusivamente de los cambios de gobierno.
Vicent Marí reclama colaboración entre administraciones y sector privado
La jornada, titulada «Vivienda entre regulación y mercado: ¿qué equilibrio necesitamos?», fue inaugurada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien volvió a defender la colaboración público-privada y la seguridad jurídica para facilitar el acceso a la vivienda.
Marí vinculó la presión residencial con el crecimiento demográfico de Ibiza durante los últimos 25 años y reclamó compatibilizar las necesidades habitacionales con la protección del territorio. Su intervención, según el comunicado institucional, no incluyó nuevos anuncios de promociones ni calendarios concretos de ejecución.
