Uno de los principales problemas en la lucha contra los taxis piratas es la baja sanción: cuando son pillados por la Policía, los choferes se van con un falta administrativa y, en muchos casos, a las pocas horas consiguen un nuevo coche y están operativos nuevamente.
La multa de 6.000 euros establecida parece poca en este estado de situación. La Policía y la Guardia Civil se encargan de la propuesta de denuncia, que luego va al Consell quien es el que finalmente aplica la sanción por transporte ilegal.
Por eso, los Ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni aprobaron ayer una reclamación al Gobierno para que se implemente un cambio legislativo y comience a ser considerado un delito al taxi pirata.
Por la actividad del aeropuerto, las plazas y las discotecas, el municipio de Sant Josep es el más afectado por esta actividad ilegal. En el Pleno de este jueves, todas las formaciones han apoyado la reclamación contra el Gobierno central para que se “modifique el artículo 140 de la Ley de ordenación de transporte terrestre y las leyes que sean necesarias”, con el objetivo de que la actividad de los taxis piratas pase a ser un delito.
Por otra parte, se insta a “la dirección del aeropuerto de Ibiza y al Gobierno nacional a reforzar y aumentar la seguridad en la terminal de llegada para evitar la proliferación de los intrusos de este gremio y proteger a los conductores de taxis de las amenazas y las agresiones que estos sufren con frecuencia”. Y que se pida al Consell de Ibiza que aumente la plantilla de inspectores para controlar la actividad ilegal.
Por su parte, en Sant Antoni se ha aprobado una moción de Unidas Podemos en la misma dirección, que busca defender a los taxistas frente a los piratas. Al igual que en Sant Josep, se insta al Gobierno central a modificar el Código Penal para que el transporte de pasajeros por tierra sin título habilitante se convierta en un delito.
