El traje a medida elaborado y confeccionado en forma concertada entre la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el Club Náutico de Ibiza para favorecer a este último y mantener su lugar de privilegio dentro del puerto de Ibiza puede dejar una secuela millonaria para las arcas públicas.
Es que, al perjuicio económico que ha significado para la APB y establecido durante la investigación cifrado en nueve millones de euros, ahora se le suma una indemnización que reclama el perjudicado de toda esta historia: el Club Deportivo Básico Doce Millas.
Esta entidad habría ganado el concurso si no hubiera habido favoritismo hacia el CNI. Por este motivo, reclama una indemnización.
En el punto 6 del escrito de acusación del particular reclama a Autoridad Portuaria por “responsabilidad directa” y al Estado, “responsabilidad civil subsidiaria” una indemnización millonaria por los costes en los que ha incurrido y por el lucro cesante, es decir el beneficio que habría obtenido por la explotación de la dársena por un período de 35 años que establecía el cuestionado “competencia de concursos”.
Según han confirmado fuentes conocedoras del caso a La Voz de Ibiza, resta conocerse el importe que determinará un informe pericial, documento necesario previo a la celebración del juicio oral contra la cúpula de la APB, el ex alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y el presidente del CNI, Juan Marí, entre otros.
Cifra millonaria
A falta de conocer el informe que establezca la cuantía de la indemnización, se estima que será una cifra millonaria. Es que al lucro cesante de la explotación de la dársena durante el tiempo que durara el concurso por el amaño a favor del CNI, Doce Millas también reclama daños y perjuicios, los honorarios judiciales por fuera de las costas de este juicio y los costos directos de los proyectos elaborados a la hora de presentar la oferta para ese tristemente célebre “competencia de proyectos”.
Esa suma superaría los varios millones de euros. Una estimación de ganancias para este tipo de negocios ronda entre los 150.000 y 200.000 euros al año. Si se proyecta a los 35 años que establecía la concesión aprobada por la APB, ya suma más de seis millones de euros, a los que añadir los intereses.
Solo la presentación del proyecto para competir por la licitación de los amarres en el puerto de Ibiza alcanza los 300.000 euros aproximadamente. Y a eso habría que añadirle las costas judiciales por las reclamaciones en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, a donde recurrió en varias oportunidades Doce Millas para impugnar los criterios del concurso establecidos por la APB.
¿Ganadores?
El millonario pedido de indemnización que realiza Doce Millas se basa en una hipótesis principal: sin amaño, ellos sostienen que hubiesen sido los ganadores de la “competencia de proyectos”, figura que concertaron la APB y el Club Náutico de Ibiza como herramienta más adecuada para concretar el acuerdo oscuro.
Los números avalan de cierto modo este escenario. En el extenso escrito de cierre de la instrucción de la jueza Martina Mora, además de establecer que la elección de la oferta del CNI como ganadora “suponía un perjuicio o fraude económico para la Administración (en este caso la APB)”, apunta que el propio informe de la comisión técnica reflejaba que la propuesta económica de Doce Millas era superior.
“La oferta del CNI no incluía ninguna mejora de tasa a favor de la APB sino sólo el pago de las tasas mínimas de ocupación y de actividad legalmente exigibles. En cambio, la oferta del CDBDM incluía una mejora de tasa de actividad por importe de entre 265.000 y 448.000 euros al año y la oferta de Portocolom un importe aproximado de 300.000 euros al año, según el informe de la comisión técnica”, plantea la jueza de instrucción.
Las irregularidades fueron de tal magnitud que, a pesar que Doce Millas presentó una mejor oferta, de todos modos el CNI obtuvo la mayor valoración de las tarifas de la Comisión Técnica.
A pesar de eso, CNI recibió una puntuación de 8, frente a los 7 puntos de CDBDM. Y si eso resulta llamativo, mucho más la lectura del informe de la Comisión Técnica que determina que, “de acuerdo a lo establecido en los niveles de valoración, ha dado la mayor puntuación al Club Náutico de Ibiza pues ofrece las tarifas más bajas en amarres, la siguiente es el Club Deportivo Doce Millas”.
Según la jueza, el contenido del “informe de la CT (Comisión Técnica) es incomprensible, no siendo posible encontrar dónde en la oferta del CNI aparecen tales tarifas”.
Sin embargo, el concurso estaba armado de tal manera que otros criterios terminaron definiendo la decisión de la Comisión Técnica, a partir de una puntuación antojadiza y discrecional que, por ejemplo, daba gran relevancia a la cuestión del “arraigo”, algo que luego fue desechado por la propia justicia tras un recurso contencioso-administrativo del propio Doce Millas.
A pesar de esa decisión judicial, las autoridades de la APB “se concertaron nuevamente para adoptar las resoluciones arbitrarias necesarias para que volviera a elegirse la oferta del CNI como la mejor oferta y garantizar al CNI la ocupación de las instalaciones”.
Por eso, encomendaron a la “comisión técnica que eliminara de su informe la parte de la puntuación que correspondía al ‘arraigo’ (…) a sabiendas de que, con dicho re-cálculo, la oferta del CNI seguía siendo la ganadora”, plantea la jueza.
Perjuicio a la administración
Esta decisión arbitraria por parte de la APB ha significado renunciar a una mejora de tasas sin recibir el “supuesto dividendo social, perjudicando a las arcas del organismo público una cantidad de entre 7.685.000 euros y 12.992.000 euros por todo el período concesional”, ha establecido la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, la jueza de instrucción hablaba de un perjuicio económico cercano a los 7 millones de euros.
El soborno que no fue
Más allá del reclamo, la jueza de instrucción Martina Mora ha solicitado la acusación por un delito instrumental de cohecho contra el presidente de Doce Millas, Javier Enríquez Fernández, ya que constató, a partir de las escuchas telefónicas, un intento de pago de un soborno de 4 millones de euros para que desistiera de sus reclamos. La intención era que CDBDM cesara con las presentaciones judiciales y las impugnaciones para liberarle el camino al Club Náutico Ibiza.
De hecho, solo la detención de la cúpula de Autoridad Portuaria y la intervención de la Guardia Civil en las sedes del gestor portuario y del club ibicenco frenó que se consumara la operación negociada durante meses por los dirigentes de las tres entidades implicadas.
La jueza estableció que Javier Enríquez “aceptó iniciar una negociación en orden a determinar el importe y la forma de la contraprestación que CDBDM recibiría por ese favor”.
Desde la APB exigían que Club Deportivo Básico Doce Millas se apartara “de cualquier tipo de concurrencia al dominio público ocupado por el CNI lo que implicaba tanto desistir de recursos en trámite (referentes a las AOT –autorizaciones temporales- que se iban concediendo al CNI) como no concurrir o renunciar a la competencia de proyectos en trámite (pues en este caso CDBDM ya había ganado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia)”.
Como retorno, iba a recibir por este “favor” “una cantidad de dinero a abonar por el CNI, bien la ejecución por parte de una empresa participada por los socios del CDBDM de la obra que proyectaba ejecutar el CNI, bien la adjudicación por parte de la APB a diversos socios del CDBDM de encargos no sujetos a concurso (informes jurídicos, etc)”.
De todas formas no ha quedado acreditado que se concretara tal acuerdo. Para la jueza, la intervención de la APB y la salida de Gual como presidente arruinaron estos planes.
Un antecedente
Dentro de la compleja trama del ‘caso puertos se encuentran otras investigaciones bajo el mismo modus operandi por parte de las autoridades de la APB: adjudicaciones a partir de una serie de amaños y acuerdos espurios.
En noviembre del 2021, se ha dictado sentencia para que se indemnice a la empresa que perdió el concurso para la gestión del Puerto Marina Botafoch de Ibiza.
Según se ha informado en su momento, la empresa Servicios Portuarios de Botafoch ha solicitado al Tribunal de Justicia de Baleares ejecutar la sentencia en la que se acordaba que la empresa adjudicataria del Puerto Marina Botafoch, Ocibar, debió de haber quedado excluida del concurso por incumplir las bases.
Como ha sucedido con Doce Puertos, Servicios Portuarios de Botafoch (SPB) terminó en segundo lugar, perjudicado por los amaño. Su representante, Julián Bustos, con el patrocinio del abogado madrileño Francisco Javier Jiménez-Cisneros, quien está detrás de Doce Millas, acudió a la justicia al considerar que su oferta de Autorización de Ocupación Temporal (AOT) era mejor que la adjudicada.
El Tribunal Superior le dio la razón y consideró que en este caso correspondía una indemnización porque la concesión ya estaba vencida. SPB reclamaba unos 3 millones de euros.
Por su parte, el juez de lo Contencioso sentenció que la APB debía compensar a SPB con la diferencia monetaria entre la propuesta de gastos y la de ingresos que hizo en la memoria económica adjunta a su oferta de AOT para la codiciada marina del Puerto de Ibiza.
Concurso bajo sospecha
Cisneros fue el abogado que logró la recusación de la técnico de Recursos Humanos del Consell de Formentera y la renuncia del presidente, Llorenç Córdoba, que acabaría facilitando la adjudicación de los quioscos a las empresas mejor puntuadas gracias a los cambios de criterio adoptados durante la tramitación.
