Cuando parece que nada puede sorprender en la alocada administración política de Formentera, siempre surge un episodio más, ahora con una estrategia de presentar un recurso de reposición por parte de los adjudicatarios y el objetivo de ganar tiempo para evitar desmontar los chiringuitos. Todo con la complicidad del propio Consell de Formentera.
Por estas horas, han pasado ya diez días desde que debía iniciarse el desmontaje de los chiringuitos, pero las estructuras siguen en su lugar
Antes debe recuperarse que lo llamativo no es solo el incumplimiento, sino que estos quioscos son los mismos que emergen de un concurso lleno de sombras: con graves cambios de criterios, aperturas irregulares de los sobres y un deliberado ocultamiento de información a los participantes. Por ello y otros puntos oscuros es que está judicializado e investigado por la UCO ya que, para más: la adjudicación se dio en una junta de gobierno extraordinaria.
Nada de estos puntos evitó que a lo largo de toda la temporada 2024 se diera otra lista de incumplimientos a los pliegos, como instalar tuberías en las dunas o no respetar el retiro indicado. Y ahora, como si fuera parte de una lógica de acumular faltas sin problemas, tanto los concesionarios como el Consell Insular se niegan a cumplir lo estipulado en los pliegos de concesión respecto a quitar las estructuras y dejar las playas libres.
Lo que destaca, dentro de este panorama, es el papel del nuevo equipo de gobierno de Sa Unió, que se inclina a favor de los concesionarios al justificar su estrategia de dilación. Mientras tanto, la normativa sigue sin cumplirse, las áreas protegidas permanecen sin el cuidado que exige el Reglamento de Costas, y el riesgo de que los chiringuitos se mantengan montados todo el año aumenta. Todo esto bajo la amenaza de sanciones que, lejos de ser disuasorias, son irrisorias frente a los beneficios económicos que genera el incumplimiento.
Este escenario, más que una novedad, refuerza una sensación de que los compromisos adquiridos no tienen valor real.
Un recurso para retrasar el desmontaje
Ayer jueves, los concesionarios de los chiringuitos confirmaron que presentarán un recurso de reposición contra la orden de desmontaje emitida por el Consell. Según explicaron, desmontar ahora no solo tendría un coste logístico elevado, sino que también afectaría el objetivo del concurso, que es fomentar la actividad turística fuera de temporada.
“Si desmontamos, tendremos que cerrar durante más de dos meses, algo que contradice la obligación de dar servicio en invierno para fomentar la desestacionalización”, afirmó Juanjo Costa, portavoz de los concesionarios a Radio Ibiza. Asimismo calificó la situación de “absurda” y pidió por aplicar sentido común, con el argumento que desmontar y volver a montar las instalaciones afectará tanto a empresarios como a residentes y turistas.
El recurso de reposición presentado por los concesionarios de los chiringuitos resulta peculiar porque la obligación de desmontar las estructuras no proviene de un acto administrativo nuevo, sino de las condiciones estipuladas en los pliegos de licitación y en el contrato concesional que aceptaron al adjudicarse los lotes. Estas condiciones, derivadas del Reglamento de Costas, establecen claramente la necesidad de desmontar las instalaciones durante un mes al año. Por tanto, el recurso no parece impugnar una decisión arbitraria del Consell, sino cuestionar una cláusula que los empresarios ya conocían desde el inicio del proceso.
Lo llamativo es que el recurso de reposición, al tratarse de una herramienta destinada a recurrir actos administrativos que afecten derechos o intereses, podría considerarse improcedente en este contexto. Si el desmontaje es una obligación contractual previamente aceptada, la acción del Consell al recordar esta obligación no constituye un acto administrativo autónomo. Esto sugiere que los concesionarios buscan, más que una resolución jurídica favorable, ganar tiempo mientras presionan políticamente para evitar el desmontaje, un movimiento que subraya la tensión entre las partes implicadas y la gestión del conflicto por parte del Consell.
El desmontaje, una obligación contractual ineludible
Otro de los argumentos claros que evidencian una estrategia para ganar tiempo es que el mismismo pliego de condiciones de la concesión establece explícitamente que el incumplimiento de los plazos de instalación, apertura, cierre, así como los procedimientos de montaje y desmontaje, constituye una infracción.
Este punto refuerza que la obligación de desmontar los chiringuitos no es una decisión arbitraria ni reciente, sino un compromiso contractual aceptado por los concesionarios al adjudicarse los lotes. El documento deja claro que cualquier incumplimiento en estos aspectos puede ser considerado causa de sanción o incluso de resolución del contrato, evidenciando la seriedad de esta obligación dentro del marco de la concesión.
Demoras administrativas y falta de respuesta
El problema no es nuevo. Desde diciembre, siete de los ocho concesionarios habían solicitado al anterior equipo de gobierno que trasladara al Govern Balear la posibilidad de evitar el desmontaje, pero esta petición nunca llegó a su destino. No fue hasta el 14 de enero cuando el nuevo equipo del Consell envió la solicitud de medidas cautelares, ya fuera de tiempo para este año.
El Govern respondió el lunes 20 de enero, rechazando la petición y recordando que la normativa obliga a desmontar las instalaciones este mes. Además, señaló que cualquier cambio en las condiciones de la concesión administrativa no podrá aplicarse hasta años posteriores.
Mientras tanto, el Consell informó recién tres días después que había notificado a los concesionarios y que debían cumplir con la normativa, pero las estructuras permanecen montadas, lo que genera dudas sobre la voluntad real de la administración insular para hacer cumplir la ley.
Un concurso cuestionado y sanciones irrisorias
El trasfondo de este conflicto radica en el polémico concurso que adjudicó las concesiones de los chiringuitos. Este proceso, ya cuestionado por posibles irregularidades, estableció condiciones específicas para las instalaciones, como su carácter desmontable y la obligación de retirarlas durante un mes cada año.
Sin embargo, los concesionarios han argumentado que el desmontaje es más complicado de lo que parece. Según ellos, las estructuras no son “fácilmente desmontables” debido a su complejidad y ubicación en zonas de difícil acceso. Este argumento ha sido refutado por técnicos especializados, quienes aseguran que el desmontaje e instalación de los módulos puede realizarse en apenas dos días.
Mientras tanto, los empresarios parecen tomar el riesgo de sanciones como un mal menor. Según el Reglamento de Costas, las multas por incumplimiento de las condiciones del título concesional se consideran infracciones leves, con una sanción de apenas 200 euros por incumplimiento. Esta cifra, que resulta irrisoria frente a los ingresos generados por los chiringuitos, no representa un disuasivo efectivo para los concesionarios.
“Es un coste asumible frente a las pérdidas económicas que supondría cerrar durante más de dos meses”, admiten fuentes cercanas al sector. Esta brecha entre las sanciones y el impacto real en los concesionarios plantea preguntas sobre la eficacia de la normativa.
Sanciones más severas: una amenaza poco probable
Aunque las multas económicas son simbólicas, el Reglamento de Costas contempla sanciones más severas, como la pérdida de la concesión en casos graves de incumplimiento. Sin embargo, esta medida, que requiere largos procesos administrativos y evaluaciones técnicas, parece poco probable en el corto plazo.
En este contexto, la propia Verónica Castelló ha señalado a Radio Illa que, según la Ley de Costas, los afectados incurrirían en «infracciones leves», con una «pequeña sanción» económica asociada y, de acuerdo con el pliego de condiciones, una infracción muy grave, con multas entre 1.500 y 3.000 euros.
Así, el Consell se ha mostrado más que ambivalente. Aunque ha notificado la obligación de desmontar, también ha respaldado parcialmente los argumentos de los concesionarios, justificando que la normativa es ambigua y que desmontar los chiringuitos perjudica a Formentera en términos económicos y medioambientales.
Un conflicto sin resolución inmediata
A medida que avanza el calendario, el conflicto sigue sin resolverse. Con las estructuras aún montadas y el recurso de reposición en trámite, los concesionarios han ganado tiempo. Mientras tanto, la inacción política y la falta de medidas concretas por parte del Consell generan más que dudas sobre su compromiso con el cumplimiento de la normativa y más certezas con su complicidad al momento de dejar hacer.
