Nuevo elemento que alimenta la sombra de sospecha sobre el concurso de los servicios de playas impulsado por PSOE y Gent per Formentera en el pasado mandato y culminado por Sa Unió en este. Y es que el Consell de Formentera evitó que los licitadores accedieran a la información de las otras ofertas y que pudieran así presentar y documentar sus recursos de forma sistemática a pesar de que disponía de un informe jurídico interno de una técnico del Área de Litoral que no deja lugar a dudas.
Es más, las alegaciones presentadas en este sentido nunca fueron contestadas. Para ello, hubiera sido necesario un contrainforme, como mínimo, que desacreditara con argumentos jurídicos superiores el citado informe que obra en poder de La Voz de Ibiza y del que reproducimos algunos fragmentos.
La callada por respuesta fue la contestación de la administración que actuó lejos de los principios de transparencia y de imparcialidad, ya que con su obstrucción dificultó los recursos de unos licitadores y facilitó que otros se llevaran el concurso evitando ser fiscalizados por contrincantes.
Indefensión
“Todo el tiempo nos dijeron que no nos podían dar acceso a los proyectos por decisión de un abogado, pero hay un informe jurídico que dice que no se puede negar el acceso, porque así se caería en indefensión jurídica”. La queja corresponde a un antiguo concesionario de chiringuitos de Formentera, uno de los varios que, a lo largo de los últimos dos años, han presentado solicitudes de acceso a la información y recursos judiciales, motivados por múltiples irregularidades en las que se ha visto implicado el megaconcurso de quioscos de playa de la isla.
El informe jurídico al que se refiere fue elaborado en febrero de 2023 por Marta Vila Soriano, por entonces abogada de Litoral de Formentera. El informe jurídico señala que el “órgano de contratación” (en este caso la Junta de Gobierno) debe garantizar el acceso a los documentos solicitados una vez hecha la resolución de adjudicación “pues la finalidad del acceso es obtener la información para la interposición de un recurso”. Sin embargo, este informe y las peticiones de los antiguos concesionarios fueron desoídas sistemáticamente. En efecto, la Junta de Gobierno propició una indefensión jurídica.
Vila Soriano justificó el informe a partir de “la presentación de alegaciones, así como de los oportunos recursos, a los licitadores no propuestos por la Mesa de Contratación, resultando que algunos de los escritos presentados impugnan de forma detallada el contenido de las ofertas que han sido objeto de valoración por los servicios técnicos”.
En efecto, la letrada redactó ese informe en respuesta a sucesivas alegaciones presentadas por antiguos concesionarios ante la Mesa de Contratación, y a la por entonces presidencia del Consell y conseller de Medioambiente. Ante cada uno de estas solicitudes de acceso a la información, la respuesta fue un silencio administrativo.
Los licitantes solo han conocido la existencia de este relevante informe cuando, mediante la vía judicial, tuvieron acceso al expediente. “Todo es público, está en el expediente. Y, sobre todo, la Mesa de Contratación era consciente de la existencia del informe”, se ha quejado uno de los antiguos concesionarios consultados por La Voz de Ibiza.
Esta falta de respuesta a las sucesivas demandas para acceder a la información contrasta con lo que ocurre en otros puntos de Baleares. Por caso, en Calvià se ha entregado sin dilaciones la documentación requerida por un licitador, quien lleva tiempo reclamando por lo mismo en Formentera. «Nos dijeron que no había problema y que teníamos derecho a ver todo el expediente y en Formentera nadie nos ha querido recibir nunca y no contestan nuestras peticiones de acceso a la información», se ha quejado a La Voz de Ibiza.
Derecho a acceder a la información
Por otra parte, el texto descarta el argumento, esbozado en una providencia por el secretario Ángel Custodio Navarro, de que la información requerida sea confidencial. “Si bien se constata que hay licitadores que han declarado el carácter confidencial de sus ofertas, ello no es suficiente, en opinión del que suscribe, para denegar el acceso a los licitadores que así lo soliciten”, concluye el informe.
Además, el texto aclara que “el acceso al expediente se limitará a la información solicitada”, y que esta “deberá omitir aquellos datos de carácter personal o aquellos otros que resulten irrelevantes para la formulación del correspondiente recurso”.
Según el informe, en el caso de que la Junta de Gobierno considere desestimar el derecho a acceder a la información “deberá comunicar al solicitante los motivos de dicha negativa e indicando los recursos que procedan”. Algo que nunca sucedió.
Denuncias
“El informe jurídico se hizo a partir de nuestras alegaciones, y si se le hubiera hecho caso nos hubiese facilitado muchas cosas, nos hubiera ahorrado tener que interponer recursos administrativos”, se queja el antiguo concesionario citado al principio de este texto.
El texto también destaca que en todos los escritos presentados por antiguos concesionarios “se solicita vista y copia del expediente”, con el fin de “interponer el oportuno recurso contra el acuerdo de adjudicación que pudiera recaer”.
Desde el 2022 se acumulan recursos contenciosos y denuncias por el resultado de las licitaciones de quioscos y servicios de playa en Formentera.
Una de las irregularidades desveladas por La Voz de Ibiza es que hubo cambios en los criterios de evaluación (realizados con las plicas ya abiertas) que impactaron en el ganador de siete entre ocho lotes, ya que en caso contrario no habrían ganado.
En paralelo, antiguos concesionarios reclaman que la Mesa de Contratación valoró las ofertas técnicas conociendo las ofertas económicas en, por lo menos, 22 de 50 lotes, lo que habría afectado a medio centenar de empresas.
En este marco, el Consell se ha negado a facilitar la «huella del tiempo» de la apertura de los sobres del megaconcurso bajo sospecha. Ante las reiteradas peticiones de uno de los concursantes, que señala que el cambio de criterios se hizo una vez conocidas las ofertas económicas, el secretario del Consell ha respondido que la Ley de Contratos del Sector Público contiene una regulación específica que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia. Una alegación que queda descartada según el propio informe jurídico de febrero del 2023.
Irregularidades
Para levantar más sospechas, desde el Consell han confirmado a La Voz de Ibiza la desaparición misteriosa de un archivo de Excel clave. No en vano, daba cuenta de las puntuaciones de los licitadores.
Las tablas solo se reproducen parcialmente por fragmentos que aparecen en las actas del portal de contratación. Este documento es clave para rastrear el modus operandi de la funcionaria en el punto de mira y que puntuó las ofertas.
También se ha denunciado falta de documentación que acreditara, por ejemplo solvencia económica.
Estas denuncias que motivaron recursos judiciales —y para las cuales resultaba clave acceder a los expedientes—se suman a otros señalamientos que se han acumulado en los últimos meses en relación a incumplimiento de requisitos establecidos en el pliego del concurso. Por ejemplo, se reclama que muchos concesionarios no presentaban una propuesta con suficiente personal para cumplir con los horarios de apertura y cierre exigidos sin incumplir leyes laborales.
Ya en temporada, antiguos concesionarios han apuntado a los actuales prestadores de servicios de playa por la falta de socorristas calificados.
