El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el decreto ley que establece la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Baleares y Canarias durante 2025. Según el texto, el Ministerio de Transportes asumirá «íntegramente» el coste de la medida en ambas comunidades, argumentando que se trata de un reconocimiento al hecho insular. Para ello, el decreto contempla una asignación presupuestaria inicial de 17,41 millones de euros para Baleares, con la posibilidad de ampliación mediante modificaciones presupuestarias.
El decreto contempla la financiación del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y los títulos multiviaje del transporte público terrestre colectivo en las islas.
El texto también especifica que el Govern balear deberá presentar un certificado al Ministerio de Transportes que acredite la implantación del descuento desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Una vez concedida la ayuda, la comunidad autónoma tendrá que compensar proporcionalmente a las administraciones o empresas gestoras del transporte terrestre. Además, el decreto incluye un régimen específico para ayudas directas al transporte de viajeros y medidas para fomentar los servicios de préstamo de bicicletas en las islas.
La respuesta del Govern
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha recordado que en 2023 y 2024 la comunidad autónoma asumió la mayor parte del gasto en transporte. En 2024, según sus datos, el Ejecutivo balear aportó 54 millones de euros, mientras que el Gobierno central contribuyó con solo 14,6 millones.
Mateo ha exigido que el Estado financie completamente la medida y ha criticado la falta de coordinación entre ambas administraciones. «Hablamos de medidas que nos llegan de Madrid sin que nosotros seamos partícipes ni hayamos podido colaborar en su diseño», señaló en una rueda de prensa. Además, subrayó que la improvisación en la gestión de estas ayudas dificulta su aplicación en las islas.
El Gobierno central, por su parte, ha defendido la medida y sostiene que la asignación de fondos se ajustará a las necesidades de la comunidad. No obstante, el Govern balear insiste en que el coste total del transporte gratuito asciende a un mínimo de 63 millones de euros anuales, lo que generaría un déficit si la financiación estatal no se amplía.
