El Gobierno ha decidido trocear el real decreto ley ‘ómnibus’ que rechazó el Congreso de los Diputados la semana pasada y ha aprobado este martes uno nuevo con 29 medidas sociales, que incluye las ayudas al transporte a las comunidades autonómicas, tras llegar a un acuerdo con Junts.
Con esto, se da por concluido el lío desatado en relación a la gratuidad del transporte público en Baleares. Aunque el Govern ya había asegurado que el transporte público seguirí siendo gratuito, ya que se había aprobado esta medida para todo 2025, el Gobierno central ha logrado poner fin a este lío.
De todas formas, desde el Govern vienen presionando ya que los fondos son insuficientes para solventar esta medida. “La partida actual es insuficiente, y necesitamos un mayor esfuerzo por parte del Gobierno central para garantizar su sostenibilidad”, había planteado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.
Es que los 43 millones que concedió el Gobierno en 2023 y 2024 no fueron suficientes para cubrir el coste total de la gratuidad, provocando un déficit en ambos cursos. Por eso, Mato remarcó que la ayuda estatal «debería ser flexible» y cubrir «de manera efectiva el coste real de la gratuidad».
Para la próxima semana
El Ejecutivo se ha destacado por dejar para las próximas semanas la aprobación de un paquete económico que abarca otras medidas, como la prórroga de las ayudas del Plan Moves III o las entregas a cuentas a las comunidades autónomas.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchz, ha avanzado en rueda de prensa desde La Moncloa que el nuevo real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros «contiene la práctica totalidad» de la norma que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada.
En total, son 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las ayudas a los municipios afectados por la dana, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la Isla de la Palma, la prohibición de cortes de suministros para vulnerables, la mejora del bono social o la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Además, este real decreto-ley incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior, que es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. «Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios para que salga adelante este real decreto-ley», ha asegurado Sánchez.
