El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Govern un informe con información sobre 7.000 pisos turísticos en Baleares que se anuncian sin incluir el número de licencia.
Estos datos, recopilados por la Unidad de Análisis del Ministerio de Consumo, permitirán a las administraciones autonómicas reforzar la vigilancia y el control sobre la oferta ilegal de alojamientos turísticos en el archipiélago.
El ministro Pablo Bustinduy ha hecho pública esta información tras reunirse en Ibiza con el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí. Durante el encuentro, se han analizado las dificultades que enfrenta Baleares ante la proliferación de viviendas turísticas no reguladas y su impacto en la crisis de acceso a la vivienda.
Un 30% de la oferta turística, sin número de licencia
La investigación llevada a cabo por la Dirección General de Consumo ha revelado que alrededor del 30% de los alojamientos turísticos anunciados en plataformas digitales en Baleares no incluyen su número de licencia. Aunque no en todos los casos esto significa que operen sin autorización, el ministro ha recordado que la falta de transparencia en los anuncios constituye una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
“El hecho de que una vivienda no indique su número de licencia no implica necesariamente que no la tenga, pero sí supone publicidad ilícita”, ha señalado Bustinduy. Además, ha advertido que muchas de estas viviendas se anuncian sin licencia porque, en realidad, carecen de ella. “Estamos ante un negocio ilegal que está encareciendo el acceso a la vivienda y expulsando a los residentes del centro de las ciudades”, ha añadido.
Un paso más en la lucha contra el intrusismo
La entrega de estos datos al Govern balear supone un nuevo avance en la lucha contra la oferta ilegal de pisos turísticos. Desde el Consell de Ibiza han destacado la importancia de la cooperación entre administraciones para atajar este problema, que en los últimos cinco años ha crecido de manera alarmante en la isla.
“Esta competencia desleal no solo perjudica al sector hotelero y a los alojamientos turísticos reglados, sino que también agrava la crisis de vivienda que padecemos”, ha señalado Mariano Juan Colomar, vicepresidente del Consell y responsable de Lucha contra el Intrusismo.
En esta línea, el Consell ha recordado que recientemente ha puesto en marcha un sistema público online que permite a cualquier usuario comprobar si un alojamiento turístico cuenta con registro legal. Esta plataforma, impulsada por el Departamento de Ordenación Turística, pretende facilitar la detección de irregularidades y promover un turismo más regulado en la isla.
Investigaciones en curso contra plataformas y agencias inmobiliarias
Durante la reunión, el ministro Bustinduy también ha abordado otras acciones en marcha para regular el mercado del alquiler turístico. En diciembre, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler por mantener miles de anuncios sin el número de licencia, pese a haber recibido la orden de retirarlos.
Además, Consumo ha iniciado una nueva investigación para recabar información de grandes gestoras de pisos turísticos, que administran cientos de viviendas en distintas autonomías. El objetivo es detectar posibles prácticas engañosas, como la oferta de información falsa o publicidad que pueda inducir a error a los consumidores.
Por otro lado, el Ministerio también mantiene abierta una investigación sobre agencias inmobiliarias, tras detectar posibles abusos en la gestión del alquiler. Entre las prácticas bajo revisión se encuentran la imposición de comisiones a los inquilinos, la firma obligatoria de contratos temporales sin justificación y la inclusión de cláusulas abusivas.
Un refuerzo económico para la vigilancia del sector
En el marco de esta lucha contra la oferta ilegal, el Govern balear ha confirmado que Ibiza contará en 2025 con 4,25 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible. Esta inversión permitirá reforzar el control de los alojamientos turísticos y mejorar la colaboración con plataformas digitales como Airbnb y Booking, para garantizar la retirada de anuncios irregulares.
“Gracias a este financiamiento, dispondremos de más recursos técnicos y humanos para combatir el alquiler ilegal y proteger la oferta reglada en nuestra comunidad”, ha señalado el conseller Bauzà.
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