El Parlament balear ha aprobado este martes la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, una iniciativa impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca y pactada con el PP que busca aumentar la participación de Baleares en las decisiones sobre sus aeropuertos, incluido el de Ibiza. La norma será remitida ahora al Congreso de los Diputados, ya que modifica legislación estatal y no puede entrar en vigor solo con la aprobación de la Cámara autonómica.
La proposición ha salido adelante con 34 votos a favor, los de MÉS per Mallorca, PP, Més per Menorca y diputados no adscritos. PSIB y Unidas Podemos se han abstenido, con 19 votos, mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra, con cinco diputados.
Lo aprobado no implica una transferencia inmediata de los aeropuertos a Baleares, ni cambia desde mañana la gestión del aeropuerto de Ibiza. Lo que hace el Parlament es elevar al Congreso una reforma legal para que la comunidad autónoma tenga más capacidad de intervención en decisiones que hoy dependen del Estado y de Aena.
Qué se ha aprobado
La ley propone reforzar el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares, un órgano en el que participan administraciones públicas, Aena y agentes económicos y sociales. Según el texto aprobado, estos comités tienen ahora una finalidad más informativa que participativa, por lo que Baleares reclama más margen para influir en la gestión aeroportuaria.
La propuesta plantea que las decisiones adoptadas en ese comité sean vinculantes, además de permitir su convocatoria cuando lo solicite alguno de sus integrantes y fijar un mínimo de dos reuniones al año. El objetivo es que la comunidad pueda intervenir en asuntos como la planificación del número de vuelos, las rutas aéreas, las infraestructuras aeroportuarias y los impactos sobre el territorio.
La composición del comité daría más peso a las instituciones autonómicas, insulares y locales que al Estado y Aena. Estaría integrado por dos representantes del Govern, cuatro de los consells, tres de los ayuntamientos de Palma, Maó y Sant Josep, además de cinco representantes de sindicatos, patronales y cámaras de comercio. Por parte estatal, habría dos representantes del Gobierno, dos de Aena y uno de la Delegación del Gobierno en Baleares.
La presencia de Sant Josep es clave para Ibiza, porque el aeropuerto de la isla está ubicado en este municipio. Con esta fórmula, el Ayuntamiento tendría asiento en el órgano donde se debatirían cuestiones que afectan directamente a la conectividad, al crecimiento de la actividad aérea y a la presión turística.
Cómo sigue ahora
La ley inicia ahora su verdadero recorrido político en Madrid. Al afectar a competencias estatales, el Congreso deberá decidir si toma en consideración la propuesta, la tramita, la modifica o la bloquea. Por tanto, la aprobación en el Parlament tiene un valor político claro, pero no supone todavía un cambio efectivo en la gestión de los aeropuertos.
El debate central será si Baleares puede tener una participación vinculante en sus aeropuertos, o si el modelo seguirá siendo el actual, con Aena y el Estado como actores principales de la toma de decisiones. Esta es la diferencia de fondo entre una cogestión consultiva y una cogestión con capacidad real de condicionar acuerdos.
El texto aprobado es más rebajado que el planteamiento inicial de MÉS, que contemplaba la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares a la comunidad autónoma y la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares. Durante la tramitación, el acuerdo con el PP llevó a retirar buena parte de esos artículos y a optar por una fórmula de mayor participación institucional.
Ibiza y presión aérea
La discusión tiene una especial incidencia en Ibiza, donde el aeropuerto es la principal puerta de entrada de visitantes y un elemento central en el debate sobre saturación, movilidad, vivienda, consumo de recursos y servicios públicos. La conectividad aérea es imprescindible para residentes y empresas, pero también condiciona el volumen de turistas que puede recibir la isla en temporada alta.
La ley sostiene que el control sobre rutas y planificación de vuelos incide directamente en los flujos turísticos, y por eso plantea que Baleares no puede quedar al margen de las decisiones sobre su principal vía de entrada y salida. En el caso de Ibiza, este debate coincide además con el aumento de asientos previstos por las aerolíneas para la temporada de verano.
El PP ha defendido la ley como parte de una estrategia de contención turística “por tierra, mar y aire”. La diputada Margalida Pocoví ha situado la cogestión aeroportuaria dentro de la hoja de ruta del Govern de Marga Prohens para avanzar hacia un modelo turístico “más sostenible y equilibrado”, junto al crecimiento cero de plazas turísticas, la lucha contra la oferta ilegal y la reducción de cruceristas en temporada alta.
Pocoví ha afirmado que “es el momento de avanzar hacia un modelo en el que Baleares tenga voz y capacidad de decisión en la gestión de sus aeropuertos”, y ha defendido que no tiene sentido aplicar medidas de contención turística mientras otros organismos mantienen “una lógica de crecimiento constante”.
Reacciones políticas
MÉS per Mallorca ha celebrado la aprobación como un paso necesario tras décadas de reclamaciones sin efectos reales. El diputado Ferran Rosa ha recordado que el Parlament se ha pronunciado a favor de la cogestión aeroportuaria en numerosas ocasiones y ha criticado la estrategia de crecimiento de Aena.
Més per Menorca ha defendido un modelo diferenciado para Baleares, al entender que no pueden aplicarse a las islas los mismos criterios que a los aeropuertos peninsulares. Josep Castells ha sostenido que la realidad insular exige una gestión distinta.
El PSIB se ha abstenido y ha defendido una vía alternativa, similar al modelo pactado entre el Gobierno central y el País Vasco. Marc Pons ha insistido en que el texto original tenía difícil encaje constitucional y era económicamente inviable, y ha advertido de que la propuesta aprobada puede tener dificultades en el Congreso.
Vox ha votado en contra y ha cargado contra el PP por pactar con MÉS, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido y ha expresado su deseo de que la iniciativa pueda prosperar en Madrid.
La aprobación deja un mensaje político claro: Baleares reclama más poder sobre aeropuertos como el de Ibiza. La incógnita es si esa demanda encontrará mayoría en el Congreso o si quedará como una nueva declaración autonómica frente al modelo centralizado de Aena.
