La Obra Cultural Balear (OCB) promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto balear que elimina la exigencia de conocimiento del catalán para los sanitarios que trabajen en las islas. La organización insta a los diputados en el Congreso de los grupos socialista y Sumar a que interpongan un dicho recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario que se ha aprobado este martes en el Parlament con el apoyo de PP y Vox, y que suprime el requisito del catalán, ha explicado en un comunicado. Para poder recurrir hace falta el respaldo de 50 parlamentarios.
El miembro de la junta directiva de la OCB, Antoni Llabrés, considera imprescindible que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el decreto, por no estar suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley, al no ser «un caso de extraordinaria y urgente necesidad».
Para la OCB, tampoco se da lo que el Tribunal Constitucional denomina «conexión de sentido» entre la situación declarada extraordinaria y urgente y las medidas concretas que adopta el decreto para intervenir en ella.
La OCB afirma que «no es cierto que la exigencia de conocimientos de lengua catalana suponga un problema para acceder a la función pública en el ámbito sanitario», como demuestra que en los actuales procesos de estabilización, en 38 de las 49 categorías de personal sanitario, que suponen 2.035 plazas del total de 2.283 del proceso, había más candidatos capacitados lingüísticamente en catalán que plazas ofertadas.
Sin datos
Para la OCB, no está justificada la supresión del requisito con carácter universal y el Govern no ha podido aportar ningún dato sobre una eventual relación entre la exigencia de catalán y la carencia de profesionales sanitarios.
Esta falta de profesionales no se da solo en las Islas Baleares, ya que ocurre en todas las comunidades autónomas, también en aquellas que sólo tienen el castellano como lengua oficial, precisa la OCB.
Tanto responsables del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (Comib) como del Colegio Oficial de Enfermería (Coiba) han señalado que el catalán no representa ningún obstáculo para la incorporación de profesionales a la sanidad pública, sostiene la OCB.
Vivienda
El problema principal lo representa el coste elevado de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda en las Islas. Llabrés ha explicado además que el decreto ley infringe también el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Baleares, que prescribe que la utilización de este tipo de iniciativa legislativa “no puede afectar a los derechos establecidos en este Estatuto”, como es el caso del derecho de opción lingüística previsto en el artículo 14.3.
Según el Estatut, los ciudadanos de Baleares tienen derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.
La OCB recalca que la falta de personal sanitario capacitado lingüísticamente impide que el ciudadano pueda ejercer este derecho en su interacción con la sanidad pública.
Según la organización, un número «elevadísimo» de reclamaciones registradas en las Memorias de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos proceden de vulneraciones producidas en el ámbito sanitario.
Llabrés ha prometido que la OCB «hará frente a todas las agresiones contra la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares perpetradas por el Govern del Partido Popular, en ejecución de sus acuerdos con Vox» y no permitirá «dar pasos atrás».
