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RESIDUOS

Éxito de las cámaras de vigilancia en Sant Antoni: 27 expedientes sancionadores desde su instalación

La suma total de las propuestas de sanción en los 27 expedientes asciende a 30.000 euros, con una media de mil euros por infracción
    Camaras vigilancia
    Imágenes captadas por una de las cámaras instaladas

    El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, a través del departamento de Medio Ambiente, ha iniciado 27 procedimientos desde la instalación de cámaras de vigilancia en cinco puntos de residuos del municipio, en virtud de la Ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares.

    En su mayoría, las infracciones se deben al abandono de residuos fuera de los contenedores habilitados, considerado como una infracción leve. Las sanciones propuestas por esta normativa para este tipo de infracciones oscilan entre los 300 y los 9.000 euros. La suma total de las propuestas de sanción en los 27 expedientes asciende a 30.000 euros, con una media de mil euros por infracción.

    En relación con las infracciones que han dado lugar a estos expedientes, algunas, debido al volumen depositado o al grado de intencionalidad, se han evaluado en cerca de los 3.000 euros, mientras que en otras se ha aplicado la sanción mínima de 300 euros.

    Ubicación

    Específicamente, las cámaras están ubicadas en los puntos de contenedores de la zona de los Bomberos, en la calle Garrovers de ses Païsses, en Can Guillamó, en el hipódromo de Sant Rafel y en es Taulell (carretera Sant Rafel – Forada).

    La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha destacado que «la función de estas cámaras es disuasoria y se está notando una mejora significativa desde su instalación», por lo que el Ayuntamiento valora de manera «muy positiva» la evolución de los puntos instalados y espera que el número de sanciones disminuya gracias al buen uso de estas ubicaciones.

    Con la instalación de las cámaras en septiembre, el departamento cuenta con un recurso para, en caso de incumplimiento, identificar las matrículas de los vehículos y aplicar el correspondiente procedimiento sancionador que, según la tipología y gravedad de la infracción, puede contemplar importes de hasta 1.750.000 euros en casos muy graves. «El objetivo es combatir los vertidos incontrolados, especialmente de residuos voluminosos, en estos puntos negros, así como mejorar la calidad del servicio de recogida», agregó Torres.

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