El Govern balear no aplicará el futuro decreto de turismo responsable, una versión mejorada del decreto contra el turismo de excesos, en todas las islas, tal como parecía indicar después de la primera reunión con los ayuntamientos sino que serán los estos los que propondrán el perímetro en el que se ha de aplicar.
El Ayuntamiento de Sant Antoni y el de Calvià ya han dicho en varias ocasiones que son partidarios de que el decreto sea de aplicación en todo el municipio. Y la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera que sea de aplicación en toda la isla y si no es posible que abarque la de Sant Josep que conforma el área de la bahía de Portmany. Además de Sant Antoni y Calvià, el decreto es de aplicación en partes de Palma y Llucmajor.
Esta es la principal novedad de la primera reunión de la Subcomisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas de la historia, ya que hasta ahora el órgano de participación no había sido convocado.
La opinión de todos
La concejal de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu, presente en el encuentro ha valorado positivamente la convocatoria al órgano participativo de consells, patronales, asociaciones de vecinos, sindicatos, la gerente del IB Dona, el cónsul británico, además de los cuatro ayuntamientos implicados, la Delegación del Gobierno, responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil y diferentes departamentos del Govern. «Ha sido importante escuchar la opinión de todos los afectados», ha dicho Mateu.
El Govern espera que los asistentes al encuentro entreguen por escrito sus aportaciones para posteriormente elaborar un borrador del futuro decreto de turismo responsable para su debate en la citada subcomisión.
Turismo se ha comprometido a que la futura norma esté aprobada antes de la próxima temporada turística.
Lista de peticiones
Mateu ha reiterado la necesidad de clarificar una norma que considera «de muy difícil aplicación»; de incrementar las sanciones y de que se apliquen a los que las incumplen y no a los establecimientos; de eliminar normas «contradictorias con el esfuerzo de administración y empresarios para modernizar y elevar la calidad», como la advertencia a los clientes de que está prohibido hacer balconin; de que las campañas informativas se hagan en origen; además del cambio de nombre y de eliminar la zonificación.
