La Conselleria de Transportes y Vivienda del Govern balear está trabajando en un plan para incentivar la salida al mercado de alquiler viviendas que ahora mismo están vacías.
Después de la aprobación del decreto de medidas urgentes, una de las prioridades de la conselleria de Marta Vidal es convencer a los propietarios de viviendas que están desocupadas de que las alquilen.
Y es que, según el director general de Vivienda, José Francisco Reynés, el número de viviendas vacías detectadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es «excesivo».
18.000 casas vacías en 2021
Por paradójico que parezca, en Ibiza y Formentera, el número de viviendas que el INE considera vacías asciende a algo más de 18.000, según datos de 2021 hechos públicos en 2023.
Esa cifra responde a viviendas que o bien no tienen contrato de suministro eléctrico o su consumo eléctrico del año anterior a la estadística haya sido inferior al consumo medio de una vivienda en su mismo municipio durante un periodo de 15 días.
Dicho criterio en absoluto significa, pues, que sea una vivienda vacía, bien porque se trate de una segunda residencia que se ocupa durante un puñado de días al año o bien porque disponga de fuentes de suministro eléctrico alternativas en el caso de estar diseminada. En Baleares, la estimación del INE refleja unas 100.000 viviendas desaprovechadas o disponibles.
Por municipios, el porcentaje de viviendas vacías más elevado es el de Formentera con un 37% (2.583 viviendas vacías); seguido por Sant Joan con un 35,5% (1.550 viviendas); Santa Eulària con un 27% (6.085); Sant Josep con un 21,44% (3.363), Sant Antoni con un 18% (2.259) y finalmente Vila con un 10,2% (2.443).
La Pandemia
Los datos del INE están distorsionados por el efecto de la pandemia, ya que durante 2021 todavía se mantuvieron restricciones a la actividad turística y a la movilidad.
Por lo tanto, muchos inmuebles que han sido considerados vacíos durante 2021 por el INE en base a su consumo eléctrico en realidad son pisos que o bien son segundas residencias o bien se están alquilando, en el mercado residencial o en el turístico.
Estudio municipal de Ibiza
Por otra parte, los datos del INE contradicen el estudio elaborado por el Ayuntamiento de Ibiza durante el pasado mandato y cuyo coste ascendió a 400.000 euros.
Según el censo municipal elaborado a través de visitas personales a todos los domicilios del municipio por personal de la Fundación Universidad Empresa de Baleares, en la ciudad de Ibiza hay 998 viviendas vacías, frente a las 2.443 detectadas por el INE.
La enorme diferencia entre ambas cifras cuestionan la veracidad de ambos estudios. Una de las conclusiones del estudio municipal es que en el municipio había 300 pisos que se comercializaban turísticamente de forma ilegal.
Sea como fuere, el nuevo presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef Ricardo Sánchez admitió en una entrevista en La Voz de Ibiza que en la isla hay viviendas vacías, a pesar de la elevada demanda y de los disparatados precios que se pagan y que motivaron un programa especial de Salvados con amplia repercusión.
El miedo de los propietarios
«Sí hay viviendas vacías. Hay propietarios que no lo necesitan y prefieren que estén vacías porque tienen miedo de no cobrar, de tener problemas con el inquilino. En los últimos años se han anunciado muchas medidas que van contra la seguridad jurídica del propietario porque protegen al inquilino y no favorecen que estas viviendas salgan al mercado. Cuesta creer, pero es así», señaló hace algunas semanas Sánchez.
Y esto es lo que pretende evitar el Govern: que por falta de seguridad jurídica, riesgo de impago, largos trámites de desahucio, entre otras razones, un propietario prefiera tener el piso vacío durante todo el año antes que obtener unas rentas a través de su alquiler.
Seguridad jurídica
El Govern entiende que generando seguridad jurídica a propietarios e inquilinos al actuar la administración como intermediario puede favorecer que viviendas que ahora mismo están desocupadas entren en el mercado del alquiler y sirvan para destensionar el mercado con una mayor oferta.
El Govern no quiere poner plazos para la entrada en vigor de un plan cuyo desarrollo se encuentra en la fase inicial. La estimación es que esté en funcionamiento en 2024.
Efecto contrario
Vivienda sostiene que la Ley de Vivienda estatal ha tenido el efecto contrario al pretendido, ya que la regulación de precios anunciada y los derechos adicionales que ha generado a los inquilinos han provocado que muchos propietarios estén retirando sus propiedades del mercado, con lo que se reduce la oferta y suben los precios, ya que la demanda se mantiene.
Viejo deseo
La intermediación de la administración en el mercado de alquiler no es nueva. En Menorca, el Consell, a pesar de no tener competencias, puso en marcha un programa denominado Lloguer Ètic que básicamente consistía en que la institución subvencionaba a los propietarios para que pusieran sus pisos en el mercado de alquiler a precios más contenidos que los del mercado.
El programa fue un fracaso, ya que solo 17 propietarios se acogieron a él, lo que, en absoluto, significa que los 17 inmuebles entraran en el mercado del alquiler gracias a él, cifra que en realidad se desconoce.
El programa ha sido reformulado para centrarse en favorecer el traspaso de pisos que se comercializan turísticamente al mercado residencial, atraídos no solo por las ayudas sino por el riesgo cada vez mayor de sanciones.
Iniciativa privada
A falta de conocer las medidas concretas del plan en el que trabaja el Govern, la realidad es que en el mercado han proliferado en los últimos años soluciones que minimizar los riesgos de impago de los inquilinos y que cada vez es más frecuente que sean exigidos a la hora de formalizar un contrato de alquiler.
Una de ellas es el seguro de impago por el que una compañía aseguradora garantiza que el propietario cobrará en el caso de que el inquilino no pague, a imagen y semejanza de lo que se conoce como un seguro de caución. La contratación de este seguro implica un estudio de solvencia por parte de la aseguradora que minimiza, en parte, los riesgos de impago.
También se exigen avales, depósitos e incluso el pago anticipado de varios meses de la renta o incluso de un año, práctica que es bastante habitual en Ibiza.
Otras medidas
Además del decreto de medidas urgentes y del citado plan para el aquiler seguro, Vivienda trabaja en incrementar la cifra de viviendas protegidas en alquiler a través de la colaboración público-privada, agilizar el pago de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas con fondos Next Generation, la elaboración de un plan estratégico, la aprobación de una nueva ley balear de vivienda y la creación de un observatorio para la vivienda.
