La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha marcado los perjuicios que han enfrentado los empresarios de las Pitiusas con la disposición de 2022.
Si bien, en conjunto con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza, expresaron su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el Reglamento de Costas, ambas organizaciones señalaron los conflictos que aún existen.
Según la Cámara de Comercio, más de 1.500 empresas en Ibiza y Formentera pueden estar afectadas por la Ley de Costas iniciada en 2022. La entidad tiene previsto organizar una jornada divulgativa en las próximas semanas para informar sobre el alcance de la sentencia y la situación de los empresarios afectados.
Por su parte Aixa Torres, presidenta de la asociación de afectados de Ibiza, considera que esta decisión al menos retrasa los efectos perjudiciales del reglamento del año 2022. Sin embargo, insiste en la importancia de seguir defendiendo los derechos de los concesionarios afectados y en la necesidad de revisar la Ley de Costas y su reglamento para que reflejen la realidad de la costa y sean respetuosos con el modelo económico local.
Los efectos positivos
Dolores Tur, secretaria general de la Cámara de Comercio, asegura que la decisión, tomada tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera, tiene un impacto significativo no solo en esa área, sino también en Ibiza y en todo el litoral español.
La nulidad implica volver al reglamento del año 2014, lo que tiene efectos importantes para los afectados. Esto incluye aspectos como la interpretación de las prórrogas concesionales y la diferenciación de los tipos dunares, especialmente relevante en Formentera para definir los límites del Dominio Público Terrestre. Además, implica volver a considerar cómo los temporales y oleajes afectan al perfil costero y al alcance del dominio público.
Cuestiones de fondo y de forma
Finalmente, desde la entidad añaden que la sentencia “no entra a valorar” ninguna de las cuestiones de fondo que han planteado las partes y “se limita a declarar la nulidad por una cuestión formal”.
Esto significa que el Ministerio puede “volver a iniciar” los trámites para la aprobación de un nuevo reglamento sin modificar su contenido.
