¿Por qué el Govern de Francina Armengol dejó caducar un pedido millonario de mascarillas defectuosas compradas a dedo y de palabra a una empresa sin experiencia por recomendación del asesor del entonces todopoderoso ministro de Fomento y secretario general del PSOE, José Luis Ábalos?
Esta es la pregunta que se hacen los ciudadanos de Baleares. Y también los partidos que gobernaban en coalición con el PSIB el Govern durante la pandemia, Unidas Podemos y Més per Mallorca. Ambas formaciones han pedido explicaciones hoy en la tradicional comparecencia del lunes en el Parlament.
Mientras Francina Armengol guarda silencio y ha dejado a su escudero Iago Negueruela las pocas explicaciones públicas ofrecidas hasta ahora por el PSIB, el PP apunta alto a través de la participación como conseguidor de Soluciones de Gestión y de Apoyo a Empresas, SL de Koldo García, quien da nombre al caso, asesor de Ábalos, a quien el PSOE le ha exigido hoy su dimisión, en al menos cinco operaciones entre una empresa sin experiencia en la materia con el Gobierno y las comunidades de Baleares y Canarias por las que facturó más de 53 millones de euros. El PP también conecta el caso con el cese fulminante y por sorpresa en su momento de Ábalos de todos sus cargos por parte de Pedro Sánchez, al interpretar que el presidente estableció un corta fuegos para cuando estallara el caso.
El Mundo publica hoy detalles que avalan que la compra por parte del Govern de 1,4 millones de mascarillas que resultaron fake por 3,7 millones de euros se hizo verbalmente a una empresa sin experiencia en este tipo de intermediaciones. Días después se fabricó el expediente.
Semanas después de recibir el material, el Govern comprobó que le habían dado gato por liebre y que había pagado unas mascarillas con mayor grado de protección que las entregadas.
Aún así, no reclamó la diferencia hasta el día antes de la toma de posesión de Marga Prohens como presidenta de la Comunidad, esto es, tres años después. Tanto que la propia empresa calificó la reclamación de «extemporánea e improcedente».
De hecho, según Ultima Hora, el expediente de reclamación de cantidad no fue impulsado por el Govern hasta el pasado 10 de agosto, es decir, dos meses después de que el PP accediera al Govern y más de tres años después de conocer el resultado de los análisis realizados por el Centro Nacional de Medio de Protección donde quedaba claro que ninguna de las mascarillas recibidas era FFP2 y que todo el cargamento era de mascarillas quirúrgicas.
Reclamación ventajosa
La reclamación de 2,6 millones de euros, según desvela Ok Diario, se hizo, además, en base al precio máximo de las mascarillas finalmente adquiridas (quirúrgicas) frente a las ofertadas y pagadas (FFP2), en lugar de calcularlo en base al precio medio o incluso al precio mínimo, en cuyo caso la reclamación habría sido todavía mayor. El Govern de Armengol aplicó el precio máximo de los 12 precios analizados en el expediente iniciado por la Conselleria de Salud.
Según el análisis realizado por la Conselleria de Salud del Govern balear, el precio mínimo en aquellas fechas era 0,340 euros por mascarilla quirúrgica y el precio máximo, 0,726 euros. El precio medio eran 0,424 euros por mascarilla. El Govern pagó las mascarillas teóricamente FFP2 a 2,50 euros la unidad.
Así pues, las mascarillas fueron compradas a un precio disparatado. Además, nunca fueron utilizadas, ni en los momentos que había carencia de material de protección.
Y nunca lo serán ya que han caducado tras una operación que se ha demostrado una ruina para las arcas públicas.
