Después de varias semanas de difundirlo en redes sociales, el Ayuntamiento de Ibiza, a través de la Policía Local, inicia este miércoles una campaña especial de control para los vehículos de movilidad personal (VMP), con especial atención a los patinetes eléctricos, según informó en un comunicado de prensa.
La campaña se llevará a cabo durante varias semanas. Se hace tras acciones de concientización sobre la normativa vigente que rige el uso de estos vehículos.
En los controles, se inspeccionará el cumplimiento de las ordenanzas, con especial hincapié en la prohibición de circular por zonas peatonales.
El Ayuntamiento advirtió que las infracciones serán sancionadas. Entre ellas, destaca:
- Está absolutamente prohibido circular por las aceras y zonas peatonales (200€ de sanción)
- No pueden circular dos personas en el mismo patinete (100€ de sanción)
- No está permitido el uso de auriculares ni teléfono móvil (200€ de sanción)
- Es obligatorio circular con chaleco o elementos reflectantes (90€ de sanción)
- Los usuarios deben ser mayores de 15 años de edad (90€ de sanción).
Asimismo, el uso de estos vehículos está sujeto al cumplimiento del reglamento general de circulación, señalización, y el uso de casco, recomendado.
El alcalde y regidor de Policía Local, Rafael Triguero, ha señalado que “este tipo de vehículos aportan una solución de movilidad muy interesante y sostenible para el municipio, pero deben convivir respetuosamente con el resto de vehículos y peatones”.
Legislación en Ibiza sobre patinetes eléctricos
Cabe recordar que la legislación vigente establece que el patinete está diseñado para su utilización en zonas urbanas, y sus usuarios pueden moverse con ellos de forma legal a velocidades comprendidas entre 6 y 25 kilómetros por hora.
Así, si un usuario dispone de un patinete que permitiese superar estas velocidades, no podría circular superando la velocidad de 25 kilómetros por hora en la vía pública, como tampoco sería legal modificar dicho vehículo de movilidad personal para saltarse las limitaciones impuestas por los fabricantes y la legislación vigente en España.
