La solicitud de Baleària para operar en Sant Antoni con un fast ferry de 86 metros de eslora que supera en más de 20 metros la limitación adoptada por el Consejo de Administración de Ports IB bajo la presidencia del entonces conseller balear de Transportes y actual portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, el secretario general de la FSE, Josep Marí Ribas Agustinet, ha reabierto el debate sobre el papel que ha de jugar el puerto de la bahía de Portmany.
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, manifestó meses atrás estar abierto a la reapertura. No obstante, no se ha pronunciado abiertamente a favor de la reapertura ni tampoco a lo contrario. El Govern, por su parte, ha remitido la decisión al estudio encargado la pasada legislatura y que sirvió de excusa para determinar que la eslora máxima debía ser de 60 metros, limitación que no se basó en ningún estudio técnico que lo justificara y que, por lo tanto, fue una decisión política.
Un puerto operativo
El informe, elaborado por la consultora Mcalnera bajo la dirección del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Antonio Gómez Gómez, nada dice de recomendar el cierre del puerto de facto vía limitación de esloras.
Al contrario, recomienda mantener el puerto operativo, ya que «el tráfico marítimo comercial no genera impactos significativos«, «sin perjuicio del desarrollo de un conjunto de actuaciones que traten de minimizar aquellas repercusiones sobre el municipio y su entorno».
Escaso peso
Llega a esta conclusión al considerar que el balance de aspectos positivos es mayor que el de los efectos negativos en función del escaso peso que tenía antes del cierre el tráfico comercial en el conjunto de la actividad de la bahía (25% del tráfico de pasajeros, el 2% de las escalas anuales, el 10,8% de las emisiones de CO2, un incremento de la actividad sonora del 0,7%).
Los costes
Por otra parte, cifra en 1,4 millones de euros los costes directos y externos del cierre y una rentabilidad económico-social en los próximos diez años de 52 millones de euros.
«Carácter estratégico»
Más allá de las cifras, destaca el autor del estudio el «carácter estratégico» del puerto ante el riesgo de limitar la oferta de transporte marítimo a un saturado puerto de Ibiza. El entonces alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, se opuso al cierre ante la congestión del puerto de Ibiza.
Además, advierte de que cerrar el puerto podría acabar suponiendo la pérdida de su condición de puerto refugio ante cualquier incidencia en el puerto de Ibiza, condición que le confiere el «carácter de infraestructura crítica».
Las condiciones
El documento sobre el que se basará Ports IB para tomar la decisión, lejos de dar un cheque en blanco para operar sin condiciones, establece una serie de condiciones con el objetivo de minimizar los efectos del tráfico comercial en la bahía de Sant Antoni.
Entre otras cosas, propone limitar la velocidad de aproximación y salida a entre 10 y 15 nudos; limitar la longitud y tipología de los vehículos embarcados a turismos y furgonetas salvo causa de fuerza mayor; fijar horarios para evitar ruidos en horas críticas; regulación del tráfico en tierra para evitar el colapso de los accesos; monitorizar la calidad del aire y del ruido; vigilancia de la calidad de las aguas en varios puntos del puerto (muelle comercial, pantalanes náutico recreativos y atraques de golondrinas).
A estas recomendaciones, el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, añade la necesidad de dotar al puerto de un remolcador.
Además, el autor de informe recomienda ampliar la zona de fondeos regulados para reducir el fondeo libre y los fondeos ilegales sobre praderas de posidonia, campañas de sensibilización a los usuarios de embarcaciones recreativas para evitar vertidos de aguas de sentina y fondeos sobre posidonia.
