Marga Prohens está a punto de cumplir otra de las promesas electorales que repitió con insistencia en los meses previos a las elecciones de mayo de 2023: amnistía urbanística en suelo rústico no protegido para irregularidades prescritas.
Según informa Mallorcadiario y ha podido confirmar La Voz de Ibiza, el Govern trabaja contrarreloj para incluir la amnistía urbanística en el decreto de simplificación administrativa en el que está implicado de forma transversal todo el Ejecutivo y que, salvo contratiempos, será aprobado durante el mes de abril. El decreto incluirá reducciones de plazos, habilitará la externalización en entidades autorizadas de trámites urbanísticos y una profunda modificación de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares.
La redacción definitiva de la amnistía, según las fuentes consultadas, no está cerrada y, por lo tanto, está sujeta a cambios.
‘Decreto Company’
A falta de conocer la letra pequeña, no hay duda de que el articulado se inspirará en la disposición adicional décima de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo impulsada por el entonces conseller de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Gabriel Company, anterior presidente del Partido Popular de Baleares, desde su dimisión para dejar paso a Prohens alejado de la vida política.
La esencia de la normal que ahora recuperará Marga Prohens suponía que las obras ejecutadas sin licencia en suelo rústico prescritas, es decir, sin haber hecho obras en los últimos ocho años, podrían reintegrarse en la legalidad pagando, de la misma manera que paga un promotor que desarrolla una urbanización paga o cede suelo como contrapartida u, obtiene una declaración de interés general, eufemismo de una recalificación.
Tres años
Para lograrlo y dentro un periodo de gracia excepcional de tres años, debía presentar el proyecto de las obras a legalizar ante el ayuntamiento y liquidar los tributos de la operación como si fuera una obra nueva, además de un porcentaje del valor de las obras declaradas del 15%, 20% ó 25% en función de si el proceso de legalización era iniciado el primero, segundo o tercer año después de la entrada en vigor de una norma. Según la experiencia de entonces, un proceso de legalización costaba entre 30.000 y 50.000 euros, cifraba que variaba en función del valor de las obras ilegales ejecutadas.
Fondo finalista
Los ayuntamientos debían destinar los ingresos obtenidos por el proceso de legalización extraordinario a inversiones medioambientales o de mejora paisajística a través de un fondo finalista pensado para evitar que los ayuntamientos tuvieran la tentación de utilizar los fondos para gasto corriente.
En aquella época de restricción económica, la medida del PP pretendía matar varios pájaros a la vez. Por un lado, permitía legalizar la vivienda o partes de la misma a miles de propietarios que convivían con la amenaza de que su propiedad iba a caerse de vieja por ruina con el paso de los años, ya que no podía realizar obras de reforma ni rehabilitación y si las hacía perdía la prescripción de la infracción y la casa podía ser demolida.
Por otro, dinamizaba la economía de los profesionales implicados en la legalización, abogados, arquitectos y arquitectos técnicos principalmente, y facilitaba que las viviendas legalizadas pudieran ser objeto de obras de rehabilitación a posteriori con todas las garantías, lo que también generaba actividad en el tejido empresarial de las pequeñas constructoras e industriales auxiliares. Y finalmente, lograba ingresos para inversiones para las maltrechas cuentas de la administración local.
La situación económica de ahora no es comparable a la de entonces, ya que las arcas municipales están saneadas y las inversiones garantizadas a través del chorro de fondos europeos. Y el sector de la construcción no tiene problemas de falta de trabajo, sino de mano de obra.
Política de vivienda
El PP mantiene la opción de la amnistía urbanística como parte de su compromiso electoral y lo vincula a las políticas de vivienda sin inversión pública. La legalización de miles de casas con problemas urbanísticos resolverá uno de los quebraderos de cabeza de sus propietarios y facilitará su transmisión, además del impacto en la actividad económica descrito.
Agua y energía
En campaña, Prohens se refirió a que las casas legalizadas debían ser objeto de obras de eficiencia energética e hídrica con el objetivo de que sean autosuficientes.
Se desconoce a cuántas edificaciones afectará la medida. Algunos cálculos cifran en más de 30.000 edificaciones las edificaciones en Baleares que cumplirían con la condición de tener obras ilegales prescritas.
Efecto modesto
El efecto de la medida Company fue modesto. Las familias no disponían de recursos para acometer procesos como el descrito, para el que tampoco había facilidades bancarias, lo que fue una barrera de entrada. El Govern de Francina Armengol derogó la media de gracia en enero de 2016, menos de dos años después de su aprobación.
Se calcula que en Ibiza casi 500 viviendas se beneficiaron del indulto urbanístico.
La idea del PP es que la medida de gracia esté disponible solo un breve lapso de tiempo. Pasado el mismo, no habrá vuelta atrás y las irregularidades no podrán ser legalizadas.
Irregularidades que no prescriben
De hecho, una de las modificaciones introducidas por el Govern de Armengol en 2018 es que las obras en suelo rústico no prescriben a partir de la entrada en vigor de la norma.
