El Govern balear tiene planeando contar para la segunda semana de mayo con el texto definitivo del nuevo decreto «para el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas» que actualizará al vigente decreto de excesos y con el que se buscará, entre otros puntos, reducir significativamente las multas y levantar restricciones según el borrador que se ha filtrado y que despierta dudas entre los ayuntamientos.
Desde la Dirección General de Turismo, Josep Aloy Pons ha preferido no hacer declaraciones y valoraciones hasta que no exista una versión definitiva del decreto, mientras que al mismo tiempo el borrador no ha tenido buena acogida entre los alcaldes y así lo ha reconocido Neus Mateu, alcaldesa accidental de Sant Antoni, ya que, hasta lo visto, no recoge el espíritu de las conversaciones que se venían manteniendo, ni el compromiso de atender las demandas de los municipios implicados.
Entre los puntos desatendidos se encuentra la zonificación establecida por el decreto, y por otro lado, el régimen de sanciones. Dichos conceptos fueron parte de las reuniones de la Subcomisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas donde se había propuesto que los ayuntamientos sean los encargados de proponer las áreas donde se aplicará la nueva normativa para combatir el turismo excesivo.
Respecto a las sanciones, el Ayuntamiento de Sant Antoni exige que las multas deben dirigirse hacia los turistas que lo incumplan y no a los locales de ocio por «no tener colgada la normativa» o a los establecimientos hoteleros.
Infracciones graves
Entre los cambios que contempla el borrador se menciona el caso de las infracciones graves: mientras que la administración anterior las ha establecido entre 60.000 y 600.000 euros, el Govern de Marga Prohens planea reducirlas a un rango de 40.000 a 400.000 euros, según se detalla en el borrador del nuevo texto legal al que Diario de Mallorca ha tenido acceso.
Allí se argumenta la necesidad de reducir los montos citados «para ajustarlos a las sanciones máximas generales impuestas por la ley turística balear», lo que implica eliminar el recargo de penalización que se pretendía aplicar a los excesos cometidos en áreas como Platja de Palma, s’Arenal de Llucmajor y Magaluf en el caso de Mallorca, y Sant Antoni de Portmany en el caso de Ibiza.
Balconing con reducción de multas
Respecto de las multas por balconing y otras faltas graves pasarían del rango de 6.000 a 60.000 euros, a uno de 4.000 a 40.000 euros y las multas por faltas leves, que actualmente van de 1.000 a 6.000 euros, se reducirán a un rango de 1.000 a 4.000 euros. Además, los ayuntamientos de Palma, Llucmajor, Calvià y Sant Antoni de Portmany deberán informar a la Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas sobre las multas que apliquen por el incumplimiento del decreto ley existente.
Comercios abiertos, pero sin permiso de venta de alcohol
Asimismo, se elimina la obligación de cierre para los comercios que venden alcohol en estas zonas, que antes debían cerrar desde las 21:30 hasta las 8 de la mañana, ya que no podían vender alcohol durante ese horario y se buscará mantener la prohibición pero permitiendo que estos comercios permanezcan abiertos toda la noche para vender otros productos.
Esto va a contramano de la petición del sector turístico que había defendido la obligación de cierre nocturno para evitar el incumplimiento de la prohibición de venta de alcohol, ya que resultaba difícil controlar su cumplimiento en todos los establecimientos.
Fiesta en barcos, con publicidad y venta de entradas
El borrador del decreto ley propone también levantar la prohibición de publicidad y venta de entradas para las fiestas en barcos (party boat) en las zonas turísticas de excesos. Sin embargo, se mantendrá la restricción de recoger a los clientes en dichas zonas para llevarlos a las celebraciones, así como la prohibición de que los barcos ingresen a las aguas interiores cercanas.
Vigente desde 2020
En febrero de 2020 y solo con rechazo de Vox, el Parlament aprobó la medida impulsada por el Govern de Armengol para combatir el turismo de excesos y por el cual actualmente se prohíben las excursiones etílicas, la venta de alcohol en comercios en horario nocturno, las barras libres, los happy hours y la publicidad que promueva el consumo de alcohol. La medida, con vigencia por cinco años, tampoco permite el balconing en todo el archipiélago y hasta había suspendido las nuevas licencias para party boats durante veinticuatro meses.
