Durante el último año y lo que va del presente, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha intensificado sus esfuerzos para combatir la problemática de las infraviviendas en Palma e Ibiza.
Como resultado de estas acciones, se han identificado diez casos de viviendas alquiladas de manera fraudulenta, lo que ha puesto en riesgo la seguridad y bienestar de aproximadamente 130 personas.
El descubrimiento de estas infraviviendas ha llevado a la apertura de expedientes sancionadores por infracciones graves en materia de vivienda. Sin embargo, la cuantificación exacta del número de afectados resulta difícil, ya que en muchos casos no se dispone de información precisa sobre la cantidad real de moradores por vivienda.
La coordinación con otras entidades encargadas de los servicios sociales es fundamental en este proceso, según indicó la ministra de Vivienda, Marta Vidal.
Esta colaboración interinstitucional busca brindar apoyo y asistencia a las personas afectadas por esta situación de precariedad habitacional.
Es importante recordar que recientemente se tomó una medida drástica contra un agente de la Policía Local implicado en la tenencia de infraviviendas alquiladas.
El agente fue suspendido de empleo y sueldo tras descubrirse que poseía 68 habitáculos insalubres en diversas zonas de Palma, incluyendo Gomila, Foners y sa Indioteria.
Este caso, que resultó en una sanción de dos millones de euros impuesta por el servicio de inspección del Govern, destaca la gravedad de las consecuencias para aquellos que contribuyen a esta problemática.
