La crisis política de Formentera no tiene descanso y suma nuevos capítulos de una novela que parece no tener resolución en el corto plazo. Ahora, los consellers de Sa Unió vuelven a introducir un giro de guion. Ya no hablan de dimitir de la Junta de Gobierno del Consell de Formentera y paralizar la institución para forzar a la oposición a una moción de censura. Ahora aspiran a una dimisión encubierta del presidente no adscrito, Llorenç Córdoba, a quien piden que reparta sus competencias entre los ocho consellers de la coalición, entre ellos el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz.
Esa es, al menos, la propuesta que llevarán al Pleno ordinario del mes de mayo que se celebrará la próxima semana. Así, Sa Unió exigirá a Córdoba –que no participará en las comisiones previas ni tampoco en la configuración del orden del día, ya que ha comunicado que estará fuera de la isla entre el 23 y el 28 de mayo- que delegue tres de las áreas bajo su responsabilidad en Verónica Castelló (Litoral), en Javier Serra (Sector Primario y Promoción Económica); y el propio José Alcaraz (Promoción Económica y Administración Insular).
Los dos primeros, al igual que los otros cinco restantes consellers, se habían negado a asumir las competencias que ahora quieren que vuelvan a Alcaraz cuando Córdoba, vía decreto de presidencia, expulsó al entonces vicepresidente tercero de la Junta de Gobierno, le retiró la dedicación exclusiva y le dejó exclusivamente con algunas competencias territoriales testimoniales.
La vía del Pleno
Ante la incapacidad de poder tomar medidas reales, Sa Unió vuelve a recurrir a la vía política del Pleno para desgastar a Córdoba, evidenciar su aislamiento y obligar a la oposición de GxF y PSOE, a pronunciarse.
Así lo hizo con la moción que forzó al presidente a llevar a la Junta de Gobierno la adjudicación de los quioscos de playa a las empresas mejor puntuadas por la Mesa de Contratación, a pesar de las múltiples irregularidades desveladas en exclusiva por La Voz de Ibiza.
El argumento utilizado por Sa Unió para justificar la petición es, a su entender, la “parálisis” en la que están sumidas las áreas que dependen del presidente no adscrito.
Aunque prospere la iniciativa, la última palabra la tiene Córdoba quien se enfrenta a una nueva derrota política, previa a la batalla que se avecina por quién ocupa la silla en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Baleares.
