El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea en la investigación de la denuncia del PSOE contra el actual Govern balear del PP por permitir la caducidad de la reclamación del sobrecoste de las mascarillas adquiridas a una empresa vinculada a la trama Koldo..
Los socialistas han denunciado al actual director general del Servicio de Salud autonómico, Javier Ureña, argumentando que cedió a las presiones de la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional, para desistir de los 2,6 millones que el Govern reclamaba debido a la diferencia de calidad entre las mascarillas contratadas y las suministradas en 2020 por dicha empresa.
El juzgado, en un auto fechado el pasado 21 de mayo, se ha inhibido a favor de la Fiscalía Europea, que ya investigaba la adquisición de material sanitario a empresas relacionadas con la presunta trama corrupta por parte del Govern de Baleares y de la administración regional canaria, ya que la compra fue financiada con fondos de la UE.
Acusación
El principal partido de la oposición en las islas acusa a Ureña de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros, parte de los 3,7 millones abonados por casi 1,5 millones de mascarillas.
A raíz de la pandemia mundial de la covid-19, el Govern balear, encabezado entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, adquirió las mascarillas ofrecidas por Soluciones de Gestión, que no cumplían con la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó Salud al recibirlas, motivo por el cual quedaron almacenadas y nunca se utilizaron.
Por su parte, el actual Govern, presidido por Marga Prohens (PP), ha afirmado que el anterior ejecutivo autonómico nunca le informó del sobrecoste de dichas mascarillas ni inició formalmente la reclamación a la empresa investigada.
Asimismo, el juez ordenó a principios de este mes el traspaso de las diligencias a la Fiscalía para que se pronunciara, después de que el juzgado no acordara ninguna diligencia de investigación al no haber determinado expresamente sobre la incoación o el desistimiento de la denuncia. De esta manera, la Fiscalía Europea fue informada de estas actuaciones por el juzgado palmesano, y en consecuencia dictó un decreto solicitando su avocación.
El organismo de investigación de la UE, señala en su auto el juzgado de instrucción de Palma, ya ha iniciado un expediente de investigación relacionado con la adquisición de dichas mascarillas y también es el competente para investigar la posterior reclamación del precio de las mascarillas.
