El Departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza ha remitido al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) un expediente abierto contra una ciudadana española, propietaria de una vivienda de protección oficial (VPO) ubicada en Puig d’en Valls, Santa Eulària.
La propietaria está acusada de alquilar habitaciones a través del portal de reservas Airbnb, una actividad ilegal para este tipo de vivienda.
El servicio de inspección del Consell de Ibiza inició el procedimiento sancionador tras descubrir que la propietaria publicitaba y comercializaba habitaciones sin haber presentado la Declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística ni estar inscrita en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
En los anuncios, la anfitriona se presentaba como superhost y contaba con más de 15 evaluaciones de usuarios, ofreciendo habitaciones por un precio de 180 euros la noche, más 15 euros de gastos de limpieza y 64 euros de comisión de servicio para Airbnb.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha calificado este caso como «especialmente ofensivo», subrayando la gravedad de aprovechar una VPO, destinada a quienes más necesitan vivienda, para realizar negocios ilegales.
«Somos y seremos implacables con quienes se aprovechan de estas situaciones», afirmó Juan, resaltando el esfuerzo de los servicios de inspección del Consell de Ibiza para identificar, expedientar y sancionar los alquileres turísticos ilegales.
El expediente ha sido trasladado al Ibavi para que la administración competente actúe según la legislación vigente en materia de viviendas de protección oficial. Esta acción subraya el compromiso del Consell de Ibiza en la lucha contra el intrusismo y el alquiler turístico ilegal, buscando proteger los derechos de los ciudadanos que realmente necesitan una vivienda asequible.
