El ex alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, conocía en todo momento el traje a medida repleto de irregularidades diseñado y ejecutado por la cúpula de Autoridad Portuaria de Baleares con el objetivo de adjudicar a dedo al Club Náutico de Ibiza las instalaciones que estaba ocupando, lo que perjudicó a los otros licitadores y habría causado, de prosperar, un agujero millonario de entre siete y 13 millones de euros a la arcas públicas.
Y no solo no lo denunció, sino que lo apoyó en el Consejo de Administración de la APB, alejándose, según la jueza que ha instruido el caso puertos, del papel que se le supone a un servidor público.
Por esta razón, y salvo que prospere el recurso que ha anunciado, se sentará en el banquillo de los acusados el actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ibiza y secretario general de la agrupación socialista de la ciudad.
Y es que el ex alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, está acusado en el caso puertos por los delitos de prevaricación y fraude a la Administración al tener un rol determinante, según acredita la investigación, en el amaño del concurso público para beneficiar al Club Náutico de Ibiza (CNI) en la concesión de la explotación en el puerto de Vila, junto a otras 16 personas.
En el auto de la jueza al que tuvo acceso La Voz de Ibiza se detalla el papel relevante que tuvo Ruiz en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Desviación de poder
Para la jueza de instrucción Martina Mora, Ruiz adoptó decisiones “con desviación de poder y en ejecución de la decisión previamente tomada de forma arbitraria, injusta e ilegal de adjudicar la explotación de esa parte del dominio portuario al CNI”.
A pesar de que muchas de las determinaciones fueron adoptadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) como órgano colegiado tanto quien era su presidente, Joan Gual de Torrella Guasp, como el ex alcalde de Ibiza fueron quienes “actuaban con conciencia y voluntad de la injusticia de la decisión, desviándose de las obligaciones de objetividad, transparencia, concurrencia y legalidad que la Ley impone en su actuación, para la consecución del fin de adjudicar como fuera al CNI. Indiciariamente, adoptaron la decisión para imponer la voluntad previamente determinada del funcionario público sin considerar el resultado injusto derivado de la misma”.
Según la jueza, todas las decisiones fueron tomadas “a sabiendas de la ilegalidad” y que buscaban favorecer directamente al Club Náutico.
Además, deja en evidencia que Ruiz era consciente de los cuestionados criterios que se utilizaron durante la “competencia de proyectos” como “mero instrumento para ocultar que la elección de la oferta ganadora, la del CNI, estaba ya tomada previamente en desviación de poder”.
Incluso, el propio Ruiz fue el que se pronunció expresamente a favor de la inclusión del concepto de “arraigo” dentro de los criterios de mayor peso para la adjudicación del espacio. Según se refleja en el acta de la sesión del Consejo, Ruiz ha planteado que “el Club Náutico de Ibiza es el que mayor arraigo tiene en la isla, con un marcado aspecto social”.
Para la jueza, Ruiz “era conocedor de que la finalidad real de los criterios y su priorización era crear la herramienta adecuada para vestir formalmente la elección de la oferta del CNI tomada de antemano por lo que participa de forma consciente y dolosa en la aprobación de la resolución arbitraria entrando en la participación en la comisión del delito”.
Devolución de “favores”
En el auto suma otro dato aún más oscuro: Ruiz “pagó” el apoyo que Gual de Torrella estaba teniendo con el Club Náutico Ibiza con su voto a la propuesta del puerto de Maó, que también es investigado en la causa. Textualmente, la jueza plantea que “el apoyo en la propuesta de Maó por parte de Ruiz se intuye como contraprestación al apoyo que el presidente Gual de Torrella estaba teniendo con el CNI en el que el Ruiz sí tenía interés”.
Este caso se centra en la adjudicación de los amarres del puerto de Maó, a partir de un concurso público adjudicado en mayo de 2018 a la empresa Marina Asmen, con el que se benefició, además de la adjudicación del taller, de la explotación de 154 amarres.
Fines electorales
La investigación de la jueza ha descartado que la implicación de Rafa Ruiz en la trama tuviera un fin lucrativo. El objetivo era meramente electoral, ya que, según sostiene la instrucción, el millar de socios de la entidad era una importante bolsa de votos que podría suponer incluso un concejal en las siguientes elecciones.
Informes jurídicos favorables
Según explicó el mismo a la salida de declarar en calidad de imputado, ahora investigado, el 21 de junio del año pasado, su intervención en la adjudicación al CNI a través de la competencia de proyectos se limitó a votar en el Consejo de Administración acuerdos que contaban con los informes favorables de los técnicos.
