La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado su investigación sobre el proceso de adjudicación de los quioscos de playa en Formentera, más conocido como el megaconcurso bajo sospecha.
El pasado 3 de octubre, los investigadores se trasladaron en helicóptero a Formentera para interrogar a tres consellers de Sa Unió que formaron parte de la Junta de Gobierno extraordinaria responsable de adjudicar los lotes, así como al secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro.
La Voz de Ibiza ha podido reconstruir los hechos y según remiten a este medio, una vez la UCO en Formentera, en lugar de realizar los interrogatorios en el Consell, los mismos se hicieron en el cuartel de la Guardia Civil de Formentera.
Investigación de la UCO: ¿Quiénes fueron interrogados de Sa Unió?
Los consellers interrogados fueron Verónica Castelló, Óscar Portas y María Cristina Costa, ahora ex integrantes del equipo de Gobierno pero con funciones en aquel momento, en las consellerias de Movilidad y Gestión Ambiental; Educación, Cultura, Patrimonio y Seguridad Ciudadana; y Bienestar Social, respectivamente.
Estos tres consellers jugaron un papel clave en la aprobación de las adjudicaciones, que han sido objeto de sospechas debido a posibles alteraciones en los criterios de evaluación. La Voz de Ibiza ha consultado al portavoz Óscar Portas por esta situación pero no ha tenido respuesta.
Este caso se remonta a abril de 2024, cuando la Junta de Gobierno extraordinaria del Consell de Formentera, integrada por los consellers de Sa Unió, adjudicó siete de los ocho lotes de quioscos de playa en medio de fuertes sospechas de irregularidades.
La sesión se realizó en segunda convocatoria debido a la ausencia de Llorenç Córdoba, entonces presidente del Consell, quien fue recusado por un posible conflicto de intereses y decidió autoexcluirse del proceso.
En esa sesión, los consellers de Sa Unió adjudicaron los lotes a empresas que resultaron beneficiadas por cambios en los criterios de evaluación, que se introdujeron con las plicas ya abiertas, generando un clima de desconfianza entre los empresarios que participaron en el concurso.
Estos cambios de criterio fueron uno de los motivos que impulsaron a varios concursantes a denunciar el proceso.
El rol de la Mesa de Contratación y el secretario
Ángel Custodio Navarro, secretario del Consell de Formentera, fue citado por la UCO en su calidad de funcionario responsable de supervisar la legalidad del proceso administrativo y de garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
La Mesa de Contratación, en la que participó Navarro, ha sido señalada por haber permitido cambios en los criterios de adjudicación y por otorgar periodos de subsanación adicionales a ciertas empresas, lo que ha generado más sospechas sobre la legalidad del proceso.
Los concursantes han denunciado que la Mesa de Contratación del Consell de Formentera modificó los criterios de evaluación después de que las ofertas ya estuvieran abiertas, lo que afectó la transparencia y equidad del concurso, ya que los participantes no conocían estas nuevas reglas al momento de presentar sus propuestas.
Además, se introdujeron criterios adicionales no previstos en el pliego, como la valoración del número de ofertas complementarias, y se produjeron errores en la secuencia de apertura y valoración de las ofertas, creando lo que algunos consideran «contaminación cruzada» en el proceso.
Estas prácticas, junto con los errores en la secuencia de apertura de sobres y la inclusión de criterios no anunciados, han sido la base de las demandas judiciales presentadas por varios concursantes, que buscan la nulidad del proceso por violación de los principios de transparencia e igualdad.
Denuncia de los perjudicados: prevaricación y tráfico de influencias
En abril de este año cuatro empresarios que no resultaron adjudicatarios presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, acusando de prevaricación y tráfico de influencias a Ana Fernández Molero, técnica del área de Medio Ambiente, y a Daisee Aguilera, exconsellera de Medio Ambiente y propietaria de Whitesand Solutions, la empresa que firmó varios de los proyectos ganadores.
Según la denuncia, Fernández Molero modificó los criterios de evaluación después de que las plicas ya estuvieran abiertas, favoreciendo a empresas vinculadas a Aguilera.
Los denunciantes también alegaban que algunas empresas recibieron un trato preferencial, como la posibilidad de subsanar errores en sus propuestas, algo que no fue ofrecido a todos los concursantes, lo que consideraron una violación del principio de igualdad.
Además, los empresarios perjudicados subrayan la relación personal entre Fernández Molero y Aguilera, sugiriendo que esta amistad pudo haber influido en las decisiones que resultaron en la adjudicación de los lotes.
Un proceso con posibles consecuencias judiciales
La investigación de la UCO, que se ha centrado en los interrogatorios de los consellers de Sa Unió y del secretario del Consell, podría derivar en graves consecuencias judiciales si se confirman las acusaciones de manipulación del proceso de adjudicación.
El escándalo por la gestión de los servicios de playa en Formentera sigue creciendo, y se espera que los próximos pasos de la UCO arrojen más luz sobre lo ocurrido y sus responsables.