El Parlament balear se prepara para votar antes de que termine octubre la nueva ley que regulará la entrada de vehículos en Ibiza, con el objetivo de reducir la saturación del tráfico y mejorar la movilidad en la isla.
El texto, que se va a aprobar en el último pleno del mes en el Parlament, ha recibido un consenso mayoritario de casi todos los partidos políticos, con excepción de Vox.
Uno de los puntos clave es cuándo entrará a regir esta normativa, ya que requiere de una serie de trámites y de infraestructuras que no serán fáciles de aplicar. Y, sobre todo, rápidos.
Una enmienda del PSOE y aceptada por el resto de grupos fija el inicio de la aplicación de la ley en mayo de 2025, es decir, antes del inicio de la próxima temporada turística. Así será, pero de forma limitada. O muy limitada si se compara con el objetivo de la norma impulsada por el gobierno del PP en el Consell de Ibiza.
El diputado popular Jacobo Varela ha confirmado que la aplicación será paulatina: «Nuestra intención es empezar al principio de la temporada. No será inmediato; primero arrancaremos con las limitaciones a las caravanas y flotas de alquiler y veremos cómo evoluciona».
Sanciones las caravanas
Así, subrayó que las caravanas sin reservas en campings autorizados recibirán sanciones: «A las que ya están en la isla se les notificará, y las que no cumplan con las normas serán multadas».
La gestión de las restricciones recaerá inicialmente en el Consell de Ibiza, mientras avanza la creación del Consorcio de Movilidad, un organismo clave que asumirá la coordinación de las medidas y la aplicación de sanciones.
«Aún no podemos fijar un tiempo concreto para que todo esté en funcionamiento. Primero necesitamos aprobar la ley, luego publicarla en el BOIB y, a partir de ahí, realizar los estudios de carga necesarios», explicó Varela.
Estos estudios permitirán establecer los límites de vehículos permitidos en la isla durante la temporada alta y ajustar las restricciones según la demanda turística.
Perspectivas a largo plazo
Aunque el proceso para la plena aplicación de la normativa será gradual, la ley pretende ser un punto de inflexión en la gestión del tráfico y la movilidad en Ibiza.
El objetivo es reducir la saturación en los meses de mayor afluencia turística, al mismo tiempo que se garantiza que los ingresos generados por las tasas y sanciones queden bajo el control del Consell Insular.
