El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig (PP), se reunió el viernes por la noche con los vecinos desalojados del bloque A de los apartamentos Don Pepe, donde anunció su compromiso de revisar la declaración de ruina del edificio, que permanece cerrado desde diciembre de 2021.
Según relatan varios medios locales, durante el encuentro, celebrado frente al edificio y provocado por dos vecinas que se saltaron el precinto y entraron en sus casas, el alcalde respondió a la solicitud de dos propietarios: «No soy técnico, pero después de ver las condiciones actuales del edificio, sin daños inminentes visibles, creo que es necesaria una revisión», afirmó Roig.
Según Diario de Ibiza, Las vecinas Anisa Mohamed e Isidora Martín, quienes ocupaban el bajo y el quinto piso respectivamente, solicitaron al alcalde que se personaran técnicos municipales.
En respuesta, el jefe de Urbanismo se desplazó al lugar para evaluar las condiciones de la estructura y recopilar evidencias fotográficas.
Frustración
Mohamed, una de las vecinas afectadas, manifestó la frustración de los desalojados: «Llevamos años esperando una solución que no llega. Queremos que se nos escuche y que se ponga humanidad en este asunto», declaró.
Nuevo informe
El Consistorio, según adelantó el alcalde, solicitará un nuevo informe técnico sobre el estado del bloque A. Roig afirmó que si edificios en condiciones similares han podido ser recuperados, los Don Pepe podrían tener una solución viable. «Lo que he visto son apenas baldosas levantadas y algo de polvo; estoy convencido de que edificios en peores condiciones, y sin estar junto al mar, se habrían deteriorado más en tres años de cierre», añadió Roig ante el respaldo de los vecinos congregados.
Las familias afectadas demandan también una reunión urgente de la comisión de seguimiento del edificio, donde estén representados dos vecinos por cada escalera del bloque. Roig confirmó que solicitará dicha reunión este lunes y que ya ha puesto al tanto al conseller balear de Vivienda, José Luís Mateo, sobre la situación. Cabe recordar que desde 2021, el bloque A permanece desalojado sin avances significativos en la gestión de la problemática habitacional que aqueja a estas familias.
El Govern balear consideró en julio pasado la posibilidad de legalizar el bloque A mediante un proceso administrativo especial aprobado en verano, el cual podría permitir su rehabilitación.
Sin embargo, la medida no ha avanzado, lo que ha aumentado la desesperación de las familias, quienes manifiestan sentirse abandonadas por las autoridades. «Nos avergüenza que hayan tenido que llegar a esto para llamar la atención de la administración», reconoció Roig, quien se mostró comprensivo con la situación de los vecinos y expresó su deseo de encontrar una solución lo antes posible.