El acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin merma salarial, ha sido celebrado como un avance laboral significativo por el Gobierno central y los sindicatos CCOO y UGT.
Sin embargo, el Govern balear ha expresado su disconformidad, señalando que esta medida no tiene en cuenta las particularidades del mercado laboral en Baleares.
Un avance laboral con repercusiones
La firma del pacto, realizada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes sindicales, se ha calificado como «un avance civilizatorio».
Díaz destacó que la medida beneficiará directamente a 12 millones de trabajadores, especialmente aquellos en sectores precarizados, como el comercio, la limpieza y los servicios de cuidado.
Díaz subrayó que este cambio es un paso hacia la igualdad, garantizando derechos similares para trabajadores de primera y segunda categoría. «Hoy escribimos una nueva página en las conquistas laborales de nuestro país», afirmó durante el acto de firma.
Las críticas del Govern balear
A pesar de los elogios en Madrid, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, manifestó su oposición al acuerdo. En una rueda de prensa, Costa aseguró que la medida «no se adapta al tejido productivo de Baleares», donde el sector servicios representa el 80 % del PIB y las pequeñas y medianas empresas (pymes) dominan el panorama económico.
Costa enfatizó que la imposición de regulaciones de carácter obligatorio es problemática en una comunidad con características tan específicas como Baleares. Además, cuestionó la exclusión de la patronal en las negociaciones, calificándola como una falta de representatividad clave en un acuerdo de esta envergadura.
Un acuerdo histórico, pero no exento de desafíos
El acuerdo también incluye la implementación de un registro horario telemático que permitirá a la Inspección de Trabajo monitorear las jornadas en tiempo real. Según Díaz, este sistema garantizará transparencia y evitará abusos por parte de las empresas. Además, se establecerán sanciones individualizadas para aquellas compañías que incumplan la normativa.
El vicepresidente balear, sin embargo, advirtió que estos mecanismos pueden resultar complejos de implementar en el ámbito insular, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería, que requieren una flexibilidad laboral mayor.
Posibles soluciones para Baleares
A pesar de su postura crítica, Costa expresó su disposición a apoyar una reducción de jornada siempre que sea «flexible, pactada entre patronal y sindicatos, y adaptada a los sectores productivos de Baleares». Según el conseller, cualquier cambio debe considerar las necesidades específicas de las islas para no comprometer su competitividad económica.
