La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha anunciado su intención de recurrir el sobreseimiento provisional de Vicent Marí en el caso ‘La vida islados’, decretado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Ibiza. En un comunicado, el partido ha manifestado su respeto por las decisiones judiciales, pero ha subrayado que no comparte el archivo de la causa, al considerar que existen «indicios suficientes» para seguir con el procedimiento y esclarecer unos hechos que califican como «graves».
El PSOE busca, con este recurso, que la justicia profundice en las actuaciones vinculadas al caso y determine si hubo responsabilidades en la contratación de la campaña publicitaria durante 2020.
El sobreseimiento de Vicent Marí
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Ibiza dictó este lunes el sobreseimiento provisional del caso tras considerar que la contratación de emergencia de la campaña publicitaria titulada La vida islados estaba jurídicamente justificada por la crisis turística derivada de la pandemia de COVID-19. Según el juez, el uso del contrato de emergencia fue una opción «jurídicamente posible y defendible», al estar respaldada por la situación excepcional que vivía la isla en aquel momento.
El auto judicial concluye que el presidente del Consell, Vicent Marí, no cometió delitos de prevaricación, tráfico de influencias ni coacciones contra la interventora del Consell, María Ana Tur Díaz. Además, señala que los testigos con capacidad técnica y jurídica que declararon en la causa no cuestionaron la legalidad de la contratación.
Vicent Marí siempre defendió su inocencia y calificó la denuncia como un «montaje del PSOE», una afirmación que marcó el tono político de este proceso.
La causa ‘La vida islados’
La causa judicial comenzó en 2020, cuando el Consell de Ibiza adjudicó de manera directa y urgente la producción de un video promocional a la empresa Fuera de Escena Ibiza SL, con un coste aproximado de 250.000 euros. La campaña buscaba revitalizar el turismo en plena crisis generada por la pandemia, pero despertó sospechas de irregularidades en su contratación.
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que incluyó declaraciones de varias partes, entre ellas la interventora María Ana Tur Díaz, quien denunció haber sufrido acoso y coacciones relacionadas con el proceso. Estas acusaciones llevaron a la imputación de Vicent Marí, aunque el juez determinó que no había pruebas suficientes para continuar con el caso.