La jueza Carmen Robles Zamora, quien durante julio de 2023 ejerció como jueza sustituta en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Ibiza, ha sido eliminada de la bolsa de jueces suplentes de Baleares tras conocerse varias irregularidades en su desempeño, incluyendo la injusta condena a un hombre a 7 años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 17.739,50 euros, en un caso de violencia de género iniciado en 2019.
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La grosera lista de errores de la jueza que condenó injustamente a un hombre por violencia de género
El caso se hizo público la semana pasada cuando se dio a conocer que la Audiencia Provincial de Baleares había revocado, en octubre de 2024, la condena emitida por una jueza sustituta. “Pocas veces hemos visto un procedimiento con tantas infracciones legales”, concluyó la Audiencia, en una sentencia a cargo del magistrado Javier Burgos Neira.
El nombre de la jueza en cuestión no era mencionado en el documento. La Voz de Ibiza ha podido corroborar su identidad a través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Baleares (TSJIB), que a su vez precisaron que Robles Zamora «ya no forma parte de la bolsa de jueces sustitutos de Baleares».
«La Sala de Gobierno del Tribunal Superior tomó las medidas pertinentes tras ser conocedor de varios incidentes, y por un informe negativo de la presidencia del TSJIB, actualmente ya no forma parte de la bolsa», informaron.
Además, confirmaron que entre los incidentes que condujeron a su sanción está la condena plagada de errores jurídicos que luego fue tumbada por la Audiencia Provincial. No obstante, no se ha proporcionado detalles acerca de las otras faltas ni si se han adoptado otro tipo de sanciones además de ser eliminada de la bolsa de jueces interinos con la que se cubren las bajas de jueces titulares.
Un historial de suplencias en los juzgados de Ibiza
Carmen Robles Zamora ejerció como suplente en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Ibiza durante tres meses, desde el 29 de mayo hasta el 29 de agosto de 2023. Su nombramiento fue ratificado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, tras ser incluida en la bolsa de jueces sustitutos para el año judicial 2022-2023, según el Boletín Oficial del Estado. Este periodo coincide con la polémica condena que posteriormente fue revocado por la Audiencia Provincial.
Antes de este controvertido episodio, Robles Zamora ya había ejercido como jueza suplente en Ibiza durante años. En noviembre de 2021, asumió una suplencia en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de la isla. Este nombramiento también tuvo una duración de tres meses.
También realizó otra suplencia en 2018, cuando fue designada para cubrir una vacante en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Eivissa entre el 9 de agosto y el 9 de noviembre de ese año.
Una grosera lista de errores
Días atrás, La Voz de Ibiza contactó al defensor del condenado injustamente, el abogado Víctor Ballbé Sanféliz, quien dio un detalle de la lista de errores jurídicos cometidos por Robles Zamora.
Según el abogado, el acusado (referido como Borja) nunca fue notificado de la incoación del procedimiento ni se le asignó un abogado de oficio de las Islas Baleares, tal como correspondía. Durante más de tres años, hasta finales de 2022, la fase de instrucción transcurrió sin que el acusado tuviera representación legal, lo que vulneró gravemente su derecho a la defensa.
La declaración de la denunciante también fue objeto de controversia. Según el letrado, esta se realizó por videoconferencia desde el despacho de su abogado, lo que permitió una interacción directa entre ambos durante la declaración, restando garantías al proceso. Además, la jueza excluyó de manera unilateral a un testigo clave propuesto por la defensa, privando al acusado de una prueba que podía haber sido crucial para corroborar su versión de los hechos.
En su fallo, la jueza incluyó errores técnicos y jurídicos graves. No solo se ajustó a las penas máximas solicitadas por el Ministerio Fiscal, sino que también citó 20 folios de leyes chilenas para justificar la condena, un hecho que el abogado defensor calificó como «la infracción más grotesca y exótica» que ha presenciado. Además, la sentencia carecía de un razonamiento legal adecuado, pasando directamente de la valoración de la prueba al fallo condenatorio, lo que constituye, según la Audiencia Provincial, «una vulneración absoluta del derecho a la presunción de inocencia».
La Audiencia Provincial de Palma revocó la sentencia en octubre de 2024, calificando el procedimiento como un caso con «múltiples infracciones legales». Aunque el tribunal ordenó retrotraer el caso al año 2020 para garantizar un juicio justo, el abogado defensor considera que esta decisión fue insuficiente y que lo procedente habría sido la absolución directa del acusado. El caso no solo pone en evidencia las actuaciones de la jueza sustituta, sino también las deficiencias estructurales de la oficina judicial encargada de la instrucción.
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