El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado la licitación para la construcción de entre 70 y 120 viviendas destinadas al alquiler con precio limitado. La iniciativa, que ha contado con la oposición del PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox, contempla la cesión de suelo público a una empresa privada durante 75 años para la edificación y gestión de los arrendamientos.
Las viviendas estarán ubicadas en la zona de s’Olivera, en Puig d’en Valls, sobre dos parcelas municipales que suman 3.000 metros cuadrados. Los precios del alquiler oscilarán entre los 593 y los 1.078 euros mensuales, dependiendo del tamaño del piso, que variará entre 51 y 106 metros cuadrados.
Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda a residentes del municipio, especialmente a jóvenes de entre 25 y 40 años y a mayores de 65 años.
Requisitos para acceder a las viviendas
La renta mínima exigida será de 27.000 euros anuales en el caso de una persona sola y 48.000 euros para unidades familiares con dos adultos. En cuanto a la renta máxima, se fija entre 54.000 y 96.000 euros, según el número de miembros de la unidad familiar.
Para acceder a estas viviendas, los interesados deberán cumplir varios requisitos:
- Ser residente fiscal en España.
- No poseer ninguna vivienda en propiedad en el país.
- Estar empadronado en el municipio de Santa Eulària des Riu durante al menos 10 de los últimos 20 años.
Además, se otorgarán puntos adicionales en el proceso de selección:
- Medio punto por cada año de residencia superior a los 10 años requeridos, hasta un máximo de 5 puntos.
- Un punto por cada menor de edad que forme parte de la unidad familiar.
- Siete puntos adicionales si los solicitantes tienen entre 25 y 40 años o son mayores de 65 años.
La adjudicataria se encargará de elaborar la lista de demandantes, aunque una comisión mixta supervisará el proceso para garantizar que se cumplen los requisitos fijados por el Consistorio.
Posturas enfrentadas en el pleno
La iniciativa ha generado un fuerte debate entre el equipo de gobierno y la oposición. El portavoz socialista, Alan Ripoll, ha calificado el proyecto de «trágala» y ha criticado la privatización de suelo público en lugar de apostar por la promoción de vivienda pública. Según Ripoll, esta fórmula encarecerá los alquileres un 30 % más de lo que costarían en régimen público, lo que supondrá que los inquilinos «pagarán 3.335 euros más al año«.
Además, ha cuestionado la transparencia en el proceso de adjudicación y ha asegurado que «solo el 30 % de los residentes cumplen los requisitos de renta mínima». También ha alertado de que los pisos no estarán disponibles hasta 2030, lo que, a su juicio, demuestra la «incapacidad» del Ayuntamiento para afrontar la emergencia habitacional que sufre Santa Eulària.
Desde Unidas Podemos, el concejal Álvaro de la Fuente ha tachado de «bochornosa» la cesión de dos solares municipales a una promotora privada, mientras que la representante de Vox, Paula Salsoso, ha advertido del riesgo de que estas promociones acaben en manos de fondos buitre.
La alcaldesa defiende el modelo mixto
Frente a las críticas, la alcaldesa, Carmen Ferrer, ha defendido la colaboración público-privada como un mecanismo para agilizar la construcción de vivienda en el municipio. «Esto no excluye que trabajemos con el Ibavi, pero permite que los proyectos sean más rápidos», ha afirmado.
Ferrer ha considerado «ofensivas» las acusaciones de falta de transparencia y ha subrayado que la iniciativa busca facilitar el retorno del talento joven entre 25 y 40 años, además de priorizar a personas mayores de 65 años.
Asimismo, ha rechazado la propuesta de la oposición de declarar Santa Eulària como zona tensionada, lo que permitiría fijar un límite a los precios del alquiler. «El tiempo nos dará o nos quitará la razón», ha sentenciado la alcaldesa, convencida de que este tipo de iniciativas permitirán aumentar la oferta de vivienda en el municipio.
