La Audiencia Provincial de Palma sigue avanzando en el juicio por la desautorización del chiringuito desmontable de Cala Gració, un proceso en el que se investiga si el entonces alcalde de Sant Antoni, José Tur Cires, y la regidora de Urbanismo, Cristina María Ribas, incurrieron en un delito de prevaricación.
La Fiscalía y la defensa han solicitado su absolución, mientras que la acusación particular mantiene su petición de inhabilitación.
Un procedimiento administrativo en entredicho
El que fuera secretario municipal en 2018 ha comparecido en calidad de testigo y ha puesto en duda el proceso que llevó a la desautorización del chiringuito. Según su declaración, la decisión del Ayuntamiento no siguió los cauces legales establecidos, como la revisión de oficio de la licencia o la declaración de lesividad.
“Aquí no hubo un procedimiento claro. Se concedió la licencia y, al ver el problema y las protestas, se quiso dar marcha atrás sin seguir los trámites administrativos adecuados”, ha señalado. Además, ha explicado que, en lugar de emplear los mecanismos legales pertinentes, el Consistorio solicitó varios informes técnicos fuera del procedimiento reglado para justificar la paralización.
Según el testigo, la autorización inicial del chiringuito había sido emitida correctamente y solo faltaba el certificado de finalización de obra para su apertura. Asimismo, ha asegurado que la Demarcación de Costas de Baleares avaló la instalación y no incurrió en ningún defecto en su resolución de 2017.
Diferencias en la documentación y postura de los técnicos
En la jornada de este martes también ha declarado la arquitecta municipal que elaboró uno de los informes empleados para desautorizar el chiringuito. Según su testimonio, el proyecto presentado por la empresa presentaba discrepancias entre la versión remitida a Costas y la entregada al Ayuntamiento, lo que habría generado dudas sobre su viabilidad.
El ingeniero responsable del proyecto, por su parte, ha defendido que los permisos obtenidos eran correctos tanto para la instalación como para la obra, la cual ha descrito como “muy sencilla y sin cimentación fija”. Además, ha señalado que el Consistorio nunca dio a la empresa la oportunidad de subsanar las supuestas deficiencias antes de tomar la decisión de paralizar la actividad.
Una cronología de cambios de criterio
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2018, cuando el departamento de Urbanismo de Sant Antoni emitió un decreto que impedía el inicio de actividad del chiringuito, a pesar de que previamente se había autorizado su instalación.
Este decreto llegó después de que la Junta de Gobierno Municipal aprobara el permiso en abril del mismo año, sustentado en la resolución de Costas de 2017, que avalaba la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con una estructura desmontable durante cuatro años.
Sin embargo, el Ayuntamiento justificó su cambio de postura en los informes técnicos que advertían de irregularidades en el proyecto y su posible incumplimiento de la normativa urbanística.
La Fiscalía no ve delito en la decisión municipal
A pesar de las irregularidades en el procedimiento, la Fiscalía sostiene que no existen pruebas de que la actuación del exalcalde y la exregidora de Urbanismo respondiera a la intención de perjudicar a la empresa concesionaria. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público ha señalado que el cambio de criterio no puede considerarse una decisión arbitraria ni injusta, por lo que ha solicitado la absolución de los acusados.
Por su parte, la acusación particular mantiene su postura de que la paralización del chiringuito se produjo de manera irregular y pide que Tur y Ribas sean inhabilitados por prevaricación.
