La controvertida acta de la Junta de Gobierno del Consell de Formentera del pasado 25 de marzo en la que sa Unió evitó dejar desiertos los lotes de los quioscos pendientes del megaconcurso de los servicios de playa protagonista de críticas, enfrentamientos, debates y filtraciones ya es pública. Y ha dejado al descubierto los movimientos de la coalición contra el presidente adscrito Llorenç Córdoba, así como también el rol destacado del secretario, con quien Córdoba mantuvo una situación de elevada tensión.
De lo que no hay ninguna duda es de que se trató de una sesión tensa entre los dos bandos: el presidente en solitario por un lado, y los tres consellers de sa Unió, el secretario y el interventor, por otro. Sobre la mesa, el plan de Córdoba de dejar el concurso desierto en base al informe de Recursos Humanos que certificaba que todas las ofertas incumplían el convenio colectivo de hostelería de Baleares y que, a la vista de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos que han acabado con la adjudicación a las empresas mejor puntuadas, ha resultado insuficiente.
En la acalorada Junta de Gobierno, además de Córdoba, estuvieron presentes Verónica Castelló Pérez, vicepresidenta primera del Consell Insular; María Cristina Costa Juan y Óscar Portas Juan, conselleres y vocales de la Junta de Gobierno del Consell Insular; el secretario Ángel Custodio Navarro Sánchez y el interventor interino del Consell Pablo Serra Serra. El vicepresidente segundo y también miembro de la Junta de Gobierno, Javier Serra, se ausentó por un posible conflicto de intereses dada su participación en Marina Formentera, SA, una de las empresas del conglomerado de Ángel Bustos, al igual que dos de las empresas finalmente adjudicatarias.
En esos momentos, nada se sabía, al menos públicamente, de las irregularidades y sospechosas coincidencias desveladas en exclusiva por La Voz de Ibiza y que han sido ignoradas por todos los partidos de Formentera y también por el presidente.
Una reunión previa a espaldas del presidente
A la Junta de Gobierno del lunes 25 de marzo se llegó después de que el viernes sa Unió no quisiera que este asunto fuera tratado en la sesión ordinaria de la semana. Y en realidad empezó antes con la convocatoria de una reunión por parte de Sa Unió sin conocimiento del presidente y conseller de Litoral.
Y se desató la tormenta. La tensión empezó a aflorar con la queja de Córdoba por la reunión previa, convocada por la vicepresidenta Castelló Pérez, junto a técnicos de Medio Ambiente, al presidente de la Mesa de Contratación, al secretario, al interventor, a miembros de Sa Unió y otros, a espaldas del presidente que estaba en Formentera y podría haber sido parte de la misma.
Ante ello, Castelló Pérez argumentó que, como vicepresidenta, era su deber convocar a estas personas para tener un criterio sólido antes de tomar decisiones en la sesión programada para ese día.
Sin embargo, el presidente sostuvo que esa reunión no debió haberse convocado sin su conocimiento y que duda de su legalidad, ya que la vicepresidenta no puede convocar reuniones si no es en ausencia del presidente, en calidad de presidenta accidental.
La discusión fue creciendo por momentos: Castelló defendió la importancia de estas reuniones previas para formarse una opinión clara sobre el asunto en cuestión, especialmente dado que hay antecedentes desconocidos. Además, criticó que el presidente no hubiera convocado reuniones de trabajo con ellos para discutir el tema.
Por otro lado, la consellera afirmó que como miembros con responsabilidad en la Junta de Gobierno tienen el derecho de solicitar informes y lo hacen con responsabilidad y al pasar criticó la negativa de la letrada de Recursos Humanos a asistir, «si no estaba presente el presidente y conseller de Litoral».
El presidente cuestionó la autoridad de la vicepresidenta para convocar tales reuniones en su ausencia y si es adecuado realizarlas sin su conocimiento, aunque Castelló volvió a defender su capacidad para hacerlo y argumentó que sin estas reuniones previas, sería imposible tomar decisiones informadas.
Desconfianza en el informe de Recursos Humanos
La segunda fricción llegó de la mano de Óscar Portas Juan. El portavoz de sa Unió fue quien tomó el rol de remarcar el rechazo del informe hecho por la letrada posteriormente recusada por el colectivo de quioscos mejor puntuados, Ferrer Escandell, e incluso opinó que directamente no había que tenerlo en cuenta.
El mismo Portas pidió que fuera convocada y que explicara el informe. Sin embargo, Córdoba se negó y argumentó que con la lectura del informe firmado por la funcionaria era suficiente.
Concretamente, desde sa Unió advirtieron sin ningún rubor «que no se fían de ese informe», al tiempo que, también el secretario aportó que, a pesar de las advertencias, los pliegos de la licitación no habían sido impugnados y todos los licitadores los habían aceptado.
Además, argumentó que las obligaciones laborales discutidas están contempladas por la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 (LCSP) para los contratos celebrados entre una empresa y la administración estrictamente, lo que no era el caso que se estaba tratando.
Allí, el secretario continuó con la explicación de que el procedimiento actual se rige por la legislación de bienes y la legislación patrimonial aplicable a los entes locales, utilizando la LCSP y la Plataforma de Contratos del Estado de manera instrumental y citó el artículo 201 de la LCSP, que establece las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral para los contratistas en la ejecución de los contratos, aunque no era aplicable porque no es un contrato administrativo estricto.
Córdoba explota
La polémica surgió a continuación, cuando el secretario leyó solamente el primer párrafo del artículo 201 de la LCSP poniendo «mucho énfasis» en decir que las objeciones laborales corresponden a la fase de ejecución, pero no al momento procesal en el que se desarrollaba la Junta de Gobierno. «Como asesor jurídico de la Mesa de Contratación y del Consell Insular, en su conjunto, esto lo tiene muy claro (el secretario)», refiere el acta.
No conforme con una interpretación que a su entender era sesgada y, por lo tanto, alejada de la imparcialidad que se le supone al secretario, el presidente le pidió a Custodio Navarro que no hiciera lecturas sesgadas y que leyera el artículo 201 completo, en el concreto el segundo párrafo, que eso es lo que quiere que sepa.
Acto seguido entonces, el secretario confirmó que lo que la parte del artículo que había omitido favorecía los argumentos de Córdoba y perjudicaba a sa Unió, pero que había sido omitido en la lectura.
«Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación (en este caso la Junta de Gobierno) de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplan las obligaciones a que se refiere el citado párrafo», leyó.
El golpe en la mesa
El acta describe a un presidente «muy enojado» que con una palmada al documento «hace ver que allí estaba lo que él, el presidente, quería y pedía que se leyera, a lo que el secretario dice que no se debe perder la compostura y la formalidad en una sesión de la Junta de Gobierno».
Omisión de reclamaciones
Por si fuera poco, el presidente Córdoba continuó y remarcó «que las cosas no son como dice el secretario» en relación a que los licitadores nada habían dicho sobre la problemática en el ámbito laboral.
Mencionó la existencia de una alegación, con registro de entrada con fecha del 26 de febrero de 2024, formulada por el Bartolomé Escandell Torres, «que informa que todos los licitadores han presentado ofertas que son irreales con respecto a los trabajadores que prestarían el servicio, y se infringe la normativa laboral».
Para el interventor, incompleto pero no desfavorable
El interventor Pablo Serra también valoró que el informe de la letrada de Recursos Humanos es incompleto porque no contempla que la legislación laboral, que no detalla, permite otra distribución de horarios para los trabajadores; y los horarios que se indican que se incumplen son contrarios a la posibilidad de hacer subcontrataciones a terceras empresas para prestar el servicio.
Más allá de esto, aclaró que si tuviera que hacer un informe de Intervención al respecto de las ofertas de los licitadores no sería desfavorable, «pero sí diría que es incompleto, porque muchas cosas quedan por ser documentadas y desarrolladas con todo detalle».
Igualmente, determinó que considerar que procede declarar desierta la licitación, en todos los casos, es un criterio poco sólido, uno de los argumentos defendidos por Sa Unió para oponerse a los planes de Córdoba.
Ironías en medio de las tensiones: ¿Quién hizo los cálculos?
En el acta se evidencia que Oscar Portas Juan resaltó varias inquietudes en relación al informe que justificaba declarar el concurso desierto.
Primero, señaló la ausencia de impugnaciones de los pliegos; luego, argumentó que las cuestiones laborales deberían abordarse durante la ejecución del trabajo en los quioscos y no antes de la adjudicación; y por último advirtió de una falta de una motivación sustancial y la ausencia de una evaluación adecuada de las horas de trabajo, por lo que enfatizó en la necesidad de una motivación más detallada para salvaguardar la responsabilidad del Consell.
Pero lo que despertó la ironía de Córdoba fue la pregunta sobre el origen de los cálculos del personal necesario para prestar el servicio en los quioscos, allí es cuando el presidente, «enojado una vez más, afirma con ironía que los cálculos vienen de él; que él los hizo».
A ello, Portas devolvió que no podía votar a favor de la propuesta debido a la falta de especificación de las normas laborales o convenios incumplidos, la ausencia de contratos de gestión de un servicio público y la falta de claridad sobre qué convenios laborales se aplicarían.
Antes, en un pasaje donde se cita al interventor, éste ya había preguntado quién ha hecho los cálculos, «¿Por qué ni él ni el secretario los han hecho?». El presidente, ya había utilizado el mismo modo: «De manera que parece irónica, dice que él mismo ha hecho los cálculos», aclara el acta.
La filtración
En pleno debate sobre si declarar el concurso desierto o bien adjudicar los lotes pendientes a las empresas mejor puntuadas, Córdoba retrasó la aprobación de la acta de la sesión a cuyo contenido se venía agarrando sa Unió para defender su oposición a los planes del presidente.
Y para redoblar la presión sobre Córdoba, Sa Unió filtró el borrador del acta al Diario de Ibiza poco después del pleno extraordinario en el que las referencias a la sesión fueron constantes.
Finalmente, el texto aprobado en Junta de Gobierno y, por lo tanto, con el aval de todos los actores suaviza el relato de lo que paso ese día.
Así, del «presidente, muy y muy enojado y a golpe de puño sobre la mesa y sobre los papeles del secretario» se ha pasado a «el presidente, muy enojado, le devuelve el documento (donde aparece el artículo leído parcialmente) al secretario, lo pone delante del secretario y le da una fuerte palmada encima para indicar y hacer ver que allí estaba aquello que él, el presidente, quería y demandaba que se leyera».
Otro de los cambios entre el borrador y el acta es que la autoría de los cálculos sobre los trabajadores necesarios para explotar un chiringuito se la había atribuido el presidente de forma irónica.
