El Consell d’Alcaldes de Ibiza ha alcanzado un acuerdo histórico para la gestión de los recursos hídricos de la isla: los cinco ayuntamientos se comprometen a utilizar exclusivamente agua proveniente de las tres plantas desalinizadoras para el abastecimiento de las redes municipales. Esta medida busca limitar al mínimo indispensable el uso de agua subterránea, reduciendo así la presión sobre los sobreexplotados acuíferos de la isla.
La decisión, tomada en una reunión en la sede del Consell Insular con la presencia del presidente Vicent Marí y los cinco alcaldes y alcaldesas, se fundamenta en la lógica de aprovechar un recurso ya disponible.
Según explicó el presidente, actualmente, sobre todo en temporada baja, se produce más agua desalada de la que los consistorios consumen. «Se ha constatado que es mucho más eficiente y lógico consumir esta agua en sustitución de aquella agua de pou que, en algunos casos, todavía abastece parte de la red pública», afirmó Marí.
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Se estima que esta acción permitirá sustituir aproximadamente un hectómetro cúbico de agua extraída de los acuíferos por agua desalada. No obstante, los ayuntamientos han aclarado que se seguirá extrayendo una cantidad mínima y poco significativa de agua de pozo para garantizar el correcto mantenimiento y la salubridad de los circuitos, asegurando que estén operativos en caso de necesidad estricta.
Mejoras en la red e inversiones
Este acuerdo se complementa con las políticas de mejora de la eficiencia de las redes hídricas municipales, que han experimentado notables avances en los últimos años. Gracias a la colaboración entre instituciones, se han invertido un total de 24.144.880,50 euros en proyectos de agua. De esta cifra, el Consell de Ibiza ha aportado más de 10 millones, el Govern balear 3 millones y el resto ha sido financiado por los propios ayuntamientos.
Estas inversiones se han traducido en una mejora significativa del rendimiento de las redes, que ahora se sitúa en el 83% en Ibiza ciudad, 82,8% en Santa Eulària (frente al 65,75% en 2020), 89% en Sant Antoni (desde un 80% en 2020) y un 72,77% en Sant Josep, que ha visto una mejora sustancial desde el 56,27% de 2020.
La crisis migratoria, sobre la mesa
El Consell d’Alcaldes también abordó la problemática de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, un tema de creciente preocupación. En la reunión participó Sandra Fernández, consellera de Familia y Bienestar Social, quien informó sobre la petición del Govern balear para que se declare una emergencia migratoria más amplia que la decretada por el Gobierno central. El objetivo es permitir a los consells y ayuntamientos agilizar las contrataciones necesarias para atender a los menores no acompañados que llegan «de manera incesante y sin posibilidad de hacer ninguna previsión».
El presidente Vicent Marí destacó que la ruta entre Argelia y las Islas Baleares es la que más ha crecido en los últimos meses y criticó la falta de acción del gobierno estatal, lamentando que «el Gobierno de Pedro Sánchez no ha mostrado ninguna intención de querer revertir esta situación».
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