Aena ha respondido a la denuncia presentada por el GEN-GOB ante el SEPRONA sobre el sistema de abastecimiento de agua del aeropuerto de Ibiza. El gestor aeroportuario defiende que la instalación opera conforme a las autorizaciones vigentes y que sus volúmenes de captación se mantienen dentro de los límites fijados por las administraciones competentes.
Según la versión de la compañía, el aeropuerto se abastece «exclusivamente» de tres fuentes: sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada. Aena afirma que las extracciones se ajustan «en todo momento» a los límites autorizados.
La empresa cuestiona además la información publicada. Considera que algunos de los aspectos recogidos «no reflejan con precisión las características de la instalación ni su modelo de gestión hídrica», sin especificar a qué puntos concretos se refiere.
Datos comunicados a tres administraciones
El grueso de la respuesta se centra en la trazabilidad administrativa del agua. Aena sostiene que todos los datos de extracción y consumo, así como las analíticas y los reportes que correspondan, se comunican de forma periódica a los organismos competentes.
Cita tres en concreto: la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que declara el volumen de agua extraída para liquidar el canon correspondiente. Todo ello, subraya la compañía, en cumplimiento de sus obligaciones administrativas y legales.
Lo que la respuesta no aclara
La contestación de Aena no entra en el punto central de la denuncia ecologista: la existencia de una planta potabilizadora —es decir, desaladora— y el punto de vertido de la salmuera resultante. GEN-GOB sostenía que la Dirección General de Recursos Hídricos le respondió que no tenía constancia de ninguna de las dos cosas.
La compañía menciona la Dirección General de Recursos Hídricos entre los organismos a los que reporta, pero no responde de manera directa a esa presunta falta de registro, ni al nivel de cloruro que la organización cifraba en un 400% por encima del límite para consumo humano, ni al estado del acuífero del que extrae el agua.
