Los vecinos que viven pegados al aeropuerto de Ibiza también se plantan. Las asociaciones de Can Frígoles, Can Palleu y sa Caleta, los tres núcleos situados a escasos metros del recinto aeroportuario, han decidido unir fuerzas para oponerse al proyecto de ampliación impulsado por Aena, una infraestructura a la que atribuyen una repercusión ambiental de calado y cuyos detalles, sostienen, no han logrado conocer.
La posición de los colectivos se articula en torno a varios frentes que vienen repitiéndose entre quienes rechazan la actuación. El primero es el agua: alertan de la presión que la actividad del aeropuerto y de las empresas instaladas en su entorno ejerce sobre unos acuíferos que consideran ya al límite. El segundo es el drenaje, con el foco puesto en la posible cubrición de torrentes, una intervención que —temen— agravaría el riesgo de inundación y dificultaría el control de eventuales vertidos. A ello suman el incremento del tráfico rodado y el aumento del ruido asociado a una operativa mayor. Sobre esa base, los tres colectivos han reclamado sentarse con Aena y no descartan poner en marcha una recogida de firmas.
Un reproche de fondo: a ellos nadie les ha llamado
Más allá del inventario de impactos, el cuestionamiento principal de las asociaciones es de método. En declaraciones recogidas por IB3, las entidades reprocharon que Aena no se haya puesto en contacto con ellas para explicarles el alcance de las obras, pese a que el proyecto —argumentan— no solo afecta a la ciudadanía de toda la isla, sino que repercute de forma directa y cotidiana sobre los núcleos en los que residen. De ahí que denuncien la opacidad del proceso y exijan información detallada antes de que las actuaciones avancen.
El proyecto que Aena dice que no es una ampliación
El choque se produce sobre el punto que atraviesa toda la polémica. Aena sostiene públicamente que se trata de una remodelación orientada a la seguridad y la comodidad del pasajero, y que no incrementará la capacidad de la infraestructura. Sin embargo, la propia documentación del gestor apunta en otra dirección: los pliegos de la última licitación señalan que las actuaciones «permitirán ampliar las infraestructuras del Aeropuerto para aumentar su capacidad sustancialmente por encima de los 9 millones de pasajeros anuales» con los que cuenta hoy, tal y como ya avanzó este medio. En esa contradicción se apoyan los grupos ecologistas, que alertan de que la terminal podría llegar a los 10 millones de pasajeros anuales.
Un frente que se ensancha
La oposición vecinal se incorpora a un rechazo que en los últimos meses ha ido sumando actores. Al manifiesto impulsado por el Institut d’Estudis Eivissencs, el GEN-GOB y Amics de la Terra se adhirieron una decena de entidades sociales, ecologistas y económicas, que reclaman paralizar la actuación y advierten de que cualquier intervención no negociada «carecería de legitimidad», como informó La Voz de Ibiza. A ello se sumó el rechazo del Colegio Oficial de Arquitectos, que pidió un estudio independiente de capacidad de carga. El aeropuerto, además, se ubica en el entorno del Parque Natural de ses Salines, un espacio protegido que los opositores esgrimen como condicionante ambiental de cualquier obra.
