El recurso de la Agrupación Empresarial de Autotaxi y Autoturismo de Baleares contra el nuevo reglamento autonómico del taxi y las VTC ha dado un nuevo paso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). El BOIB ha publicado este miércoles, 24 de septiembre, el emplazamiento correspondiente al procedimiento ordinario 222/2026, interpuesto contra el Decreto 6/2026 aprobado por el Govern el pasado febrero.
El anuncio oficial emplaza durante nueve días a las personas o entidades interesadas para que puedan comparecer ante el tribunal, mientras continúa la tramitación del recurso. La agrupación, que cuenta con presencia en Ibiza, ha manifestado a La Voz de Ibiza que ahora deberá redactar la demanda y que probablemente se incorporen más cuestiones a las ya planteadas. Será ese escrito el que termine concretando los artículos cuestionados, los argumentos jurídicos y las pretensiones que el colectivo trasladará al TSJB.
Hasta ahora, el punto que la organización había confirmado expresamente que llevaría a los tribunales es el artículo 12, relativo a la transmisión de las licencias cuando el titular se jubila. La agrupación inició en mayo la vía judicial después de que el Govern no modificara el plazo de tres meses previsto para efectuar el traspaso.
Las críticas que ya había planteado la agrupación
La futura demanda, por tanto, determinará si el procedimiento queda centrado en esa cuestión o incorpora otros aspectos del Decreto 6/2026 que la misma agrupación había cuestionado antes de su aprobación. En febrero, el colectivo llegó a advertir que acudiría a la Justicia si no se modificaban cuatro puntos que consideraba especialmente problemáticos.
El primero era precisamente la obligación de transmitir la licencia tras la jubilación. La agrupación considera que el plazo fijado no se adapta a situaciones como la jubilación parcial o activa y ha advertido además sobre las consecuencias que puede tener una venta obligada en un plazo reducido sobre el valor patrimonial de la licencia.
Las licencias temporales constituían otro de los focos de discrepancia. El colectivo cuestionó que el reglamento se limitara a establecer que estas deben concederse prioritariamente a titulares de licencias ordinarias sin definir, a su juicio, un mecanismo suficientemente claro para aplicar esa preferencia. Su propuesta pasaba por establecer listados separados para titulares y no titulares.
La organización también había expresado su rechazo a determinados aspectos de la aplicación pública impulsada por el Govern para la contratación del servicio de taxi, al entender que podía entrar en competencia con herramientas financiadas por los propios profesionales. La regulación y funcionamiento de esta aplicación había generado también dudas específicas en Ibiza durante la elaboración del reglamento.
El cuarto punto planteado entonces afectaba a los controles de las autorizaciones VTC. La agrupación reclamaba que las comprobaciones no se limitaran a la documentación administrativa y que existiera también una verificación física de los vehículos, en términos similares a los controles aplicados al taxi.
La demanda definirá el alcance del recurso
Durante la tramitación del reglamento también se formularon otras objeciones desde Ibiza sobre cuestiones como el cálculo del número de taxis y VTC, la duración de determinadas autorizaciones o el régimen de comunicación de los servicios a los registros administrativos. Por ahora, sin embargo, la agrupación no ha confirmado que estas cuestiones vayan a incorporarse al procedimiento judicial.
La clave estará ahora en la redacción de la demanda. Ese documento permitirá conocer si la Agrupación mantiene como núcleo de su recurso la transmisión de las licencias por jubilación o aprovecha el procedimiento ya abierto para desarrollar otros motivos de impugnación relacionados con las críticas que ha venido formulando al reglamento.
El procedimiento se suma además a los distintos frentes judiciales abiertos contra el Decreto 6/2026, una norma que ha sido recurrida desde diferentes ámbitos del transporte. La Voz de Ibiza ya había situado el recurso de esta agrupación, con representación en la isla, dentro de ese mapa de litigios ante el TSJB.
