La aplicación de la ley de limitación de vehículos impulsada por el Consell de Ibiza ha tenido, según Baleària, un impacto “muy negativo” para el transporte marítimo y “prácticamente nulo” en el tráfico de las carreteras de la isla.
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Así lo ha expresado este lunes en rueda de prensa el presidente de la compañía, Adolfo Utor, durante un balance público de la primera temporada con la norma en vigor.
Según datos de la naviera, el efecto medio de la restricción ha sido de apenas 248 coches menos al día llegados por mar, una cifra que consideran «insignificante» frente a un parque móvil de 96.000 vehículos registrados en Ibiza, al que se suman 16.000 coches de alquiler.
A pesar de ese impacto inapreciable en el tráfico vial, Utor ha advertido de que la normativa ha provocado un 25 % menos de vehículos transportados y un 30 % menos de pasajeros en las rutas de Baleària con destino a la isla.
“La normativa ha generado un impacto muy negativo e insostenible para la red de transporte marítimo”, ha afirmado.
La consecuencia directa, según el presidente de la naviera, será que la empresa ajustará la oferta, las frecuencias y los precios, con el consiguiente perjuicio para la conectividad de la isla.
“El transporte marítimo no es el responsable de la saturación”
Utor ha insistido en que el transporte marítimo “no es el causante de la saturación en Ibiza, pero es el único castigado”.
En este sentido, ha expuesto varios datos procedentes del Instituto de Estadísticas de las Islas Baleares (Ibestat), que según ha defendido, demuestran que el volumen de pasajeros por vía marítima ha caído un 3 % entre 2008 y 2024, mientras que los del transporte aéreo se han incrementado un 96 % en el mismo periodo.
Además, ha apuntado que el tráfico aéreo es “muy estacional”, mientras que el marítimo “se mantiene estable durante todo el año”, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la conectividad insular.
“Estrangular el transporte marítimo es darse un tiro en el pie”
Durante su comparecencia, Adolfo Utor defendió la necesidad de proteger la red de transporte marítimo, especialmente en territorios insulares.
“Somos una isla y el transporte marítimo es un bien público, no es un bien privativo”, afirmó el presidente de Baleària, quien lamentó que se estén aplicando restricciones “que no resuelven el problema” y que, en su opinión, castigan injustamente a un servicio esencial para la conectividad de Ibiza.
Utor pidió distinguir entre “restricciones a la movilidad en puntos críticos” —como zonas urbanas colapsadas— y lo que considera una limitación directa a la conectividad de la isla.
“La conectividad es algo muy serio, y hoy por hoy es el transporte marítimo. Tocar el transporte marítimo es darse un tiro en el pie, literalmente. Es lo que está pasando acá”, sentenció.
En su intervención, puso como ejemplo la función estratégica que cumple Baleària más allá del ámbito comercial. “No quiero ser demagógico con esto, pero cuando ha habido un problema en la isla, como en las inundaciones fuertes que ha padecido Ibiza, Baleària ha retrasado o reprogramado un barco para hacer posible que la UME llegase en dos ocasiones desde Dénia y Valencia”, recordó.
Utor concluyó reivindicando que “el transporte marítimo no es una cuestión de intereses particulares ni de empresas, es un activo que pertenece a todos los ciudadanos y residentes, y que debe ser protegido”. Y añadió: “No vengo aquí a defenderme. Yo me puedo adaptar, y si tengo que hacerlo, me adaptaré”.
El «efecto llamada»
En su intervención, el presidente de Baleària ha alertado de que la aplicación de esta ley podría haber generado un efecto llamada.
Según datos de Ibestat, el parque móvil de la isla ha crecido un 150 % desde 1996, y la población un 90 %. Solo entre enero y agosto de este año se han matriculado 3.466 vehículos, un 60 % más que en el mismo periodo de 2024 (+1.335 unidades).
Sobre los coches de alquiler, la naviera estima que han aumentado en la misma proporción que los pasajeros aéreos, aunque ha reconocido que no existen datos oficiales disponibles.
Utor ha finalizado su intervención reclamando una “reflexión colectiva” para afrontar el problema de la saturación con “mayor rigurosidad y medidas eficaces y consensuadas”. A su juicio, la política actual penaliza al transporte marítimo sin resultados tangibles sobre el colapso vial.
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