Alrededor de 10.800 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros, según los expedientes actualmente abiertos en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral. La cifra se refiere a personas que ya cumplen el requisito de dos años de permanencia en España, a las que se sumarían, en una fase posterior, quienes estén bajo el paraguas de la protección internacional.
Cifra provisional y plazos del proceso
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha precisado que se trata de una estimación inicial y que el alcance definitivo del proceso se conocerá cuando se cierre el plazo de análisis. “Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas”, ha explicado en una rueda de prensa en Palma, en la que ha insistido en que la regularización tiene un impacto positivo para el conjunto de la sociedad.
Rodríguez ha defendido que la medida beneficia tanto a trabajadores como a empresas, al ampliar derechos y obligaciones laborales y aportar seguridad jurídica al tejido productivo. Además, ha subrayado que contribuye a combatir la economía sumergida, especialmente en sectores estratégicos del archipiélago como los cuidados, la hostelería o el sector primario, donde existe una elevada demanda de mano de obra. “Ganan los trabajadores y ganan las empresas”, ha resumido.
El debate del “efecto llamada”
Uno de los principales puntos de fricción con el Govern balear es el posible efecto llamada. El delegado del Gobierno ha rechazado de plano este argumento y ha asegurado que la regularización no atrae nueva inmigración, sino que da respuesta a personas que ya residen en el territorio. “No llamas a nadie. Vincularlo a un supuesto efecto llamada es desenfocar el tema y no atender a la realidad”, ha afirmado.
El discurso del Ejecutivo autonómico ha sido especialmente duro en lo que respecta a Ibiza y Formentera, donde la presión sobre los servicios públicos y la vivienda es mayor. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alertado de que “aquí no cabe todo el mundo” y ha advertido del impacto que la regularización podría tener en las Pitiusas. El Govern sostiene que la medida puede generar expectativas irreales y agravar los problemas estructurales del territorio.
En la misma línea, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha advertido de que las regularizaciones masivas trasladan la idea de que llegar de forma irregular “tiene premio”. El Govern considera que dar papeles no garantiza la integración y defiende que esta debe construirse con empleo estable, acceso a vivienda digna y conocimiento del idioma, alertando de que, sin estos elementos, la regularización puede derivar en más precariedad y tensión social.
Críticas a la falta de planificación
Pavón también ha reprochado al Ejecutivo central que la decisión se haya tomado sin consenso con las comunidades autónomas y sin detallar criterios ni obligaciones claras para los beneficiarios. El Govern califica la medida de “decisión a ciegas”, al entender que no existe una planificación que garantice la integración efectiva ni un reparto equilibrado de recursos.
Frente a estas críticas, Alfonso Rodríguez ha recordado que el proceso deriva de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite con el único voto en contra de Vox y ha acusado al PP balear de haber cambiado su posición bajo la influencia de la extrema derecha. Además, ha contextualizado la medida con datos laborales: Baleares cerró el último año con más de 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales más de 60.000 son no comunitarias, personas que ya están trabajando y sosteniendo sectores clave de la economía, ha recalcado.
