El Ejecutivo español ha definido ya el calendario y las condiciones de la esperada regularización extraordinaria de inmigrantes en situación administrativa irregular, que fue pactada con Unidas Podemos. Esta medida, que pretende ofrecer una vía de legalización a miles de personas que llevan tiempo residiendo en España, podrá solicitarse entre abril y el 30 de junio de este año. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es que el Gobierno se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo máximo de tres meses, lo que marca un giro hacia una regularización más rápida que en procesos anteriores.
Según ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta iniciativa busca ofrecer una respuesta “ágil, eficaz y segura” a quienes cumplen con los requisitos y permitir que puedan integrarse de forma regular en el mercado laboral español.
Fechas clave: abril a junio para presentar las solicitudes
El calendario de esta regularización extraordinaria ha quedado fijado de forma clara: los inmigrantes en situación irregular que reúnan las condiciones necesarias podrán presentar sus solicitudes desde abril hasta el 30 de junio. Tal y como explicó la ministra Elma Saiz en La hora de la 1, a partir del momento en que se presenta una solicitud, habrá “un plazo de no más de 15 días” para que esta sea admitida a trámite.
Este periodo de presentación marcadamente limitado, de solo tres meses, responde al objetivo del Gobierno de ofrecer una manera rápida para que las personas afectadas puedan acceder a una autorización de residencia y permiso de trabajo sin dilaciones prolongadas, algo que podría tener un impacto inmediato en el mercado laboral y en la integración social.
Resolución en tres meses: una apuesta por la rapidez
Más allá de fijar el periodo de presentación, el Ejecutivo ha ido un paso más allá al comprometerse a resolver las solicitudes “en un tiempo limitado de no más de tres meses”. Esta promesa refleja un intento de respuesta administrativa muy por encima de los plazos habituales en trámites de extranjería.
La ministra Saiz ha subrayado que, mientras la solicitud esté en trámite, bastará con la admisión para que la persona pueda comenzar a trabajar. Esto es especialmente relevante en sectores donde suele haber mayor demanda de mano de obra y donde la falta de documentación se ha convertido en un obstáculo importante para empleadores y trabajadores por igual.
Quiénes pueden beneficiarse de esta regularización
Para poder acogerse a esta regularización extraordinaria, el Gobierno ha establecido una serie de requisitos que los solicitantes deberán acreditar:
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Haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, o
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Haber residido al menos cinco meses en España antes de esa misma fecha.
Además, es obligatorio demostrar que no se cuenta con antecedentes penales, una condición que busca garantizar que la medida beneficie a personas que puedan integrarse en la sociedad de forma ordenada y acorde con la legislación vigente.
Tal y como han detallado fuentes del Ministerio de Inclusión, la autorización que se conceda será de residencia con permiso de trabajo. Sin embargo, este estatus no implica la obtención automática de la nacionalidad española, y quienes la obtengan no podrán votar en las elecciones autonómicas ni generales, ni acceder de forma inmediata a ciertas prestaciones no contributivas.
Derecho al trabajo desde la presentación de la solicitud
Una de las novedades más relevantes de este proceso es que los solicitantes podrán “trabajar en cualquier sector y lugar del país” a partir del momento en que presenten su solicitud, según ha subrayado la ministra Saiz. Esta medida representa un cambio significativo en comparación con procesos anteriores, en los que las personas debían esperar largos meses antes de acceder a empleo formal.
Este enfoque responde a la lógica de avanzar hacia una integración efectiva en el mercado laboral, tanto para favorecer la inclusión de las personas afectadas como para responder a necesidades de empleo en varios sectores de la economía española.
La aportación de inmigrantes a la seguridad social
Durante su intervención, la ministra también puso en contexto la importancia de la inmigración en la economía española, recordando que “el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros”. Con esta cifra, Saiz destacó la contribución de las personas extranjeras al sistema, que se traduce en un aumento de la recaudación fiscal y de los ingresos en el sistema de pensiones.
“El impacto real y positivo lo constatamos todos los días”, afirmó la ministra, subrayando que la regularización no solo tiene beneficios sociales sino también económicos y estructurales para el país.
Unidad familiar y permisos de larga duración
Otro elemento importante de esta regularización es su enfoque en proteger la unidad familiar. Las fuentes del Ministerio han explicado que la medida permitirá la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentren en España, con una vigencia de cinco años para quienes se acojan a esta posibilidad.
Esta orientación hacia el conjunto de la familia responde a la preocupación por evitar situaciones de fragmentación familiar y facilitar la estabilidad de hogares enteros que, de otra manera, quedarían en un limbo legal prolongado.
Historia y contexto de las regularizaciones en España
La regularización extraordinaria que ahora se prepara no es un fenómeno nuevo en España. La última regularización de este tipo, y la más numerosa, se acometió en 2005 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se presentaron 691.655 solicitudes y finalmente se regularizó a 565.121 personas, casi el 82% de quienes lo solicitaron.
Este precedente demuestra que procesos amplios de regularización pueden tener un impacto significativo, no solo para las personas beneficiadas, sino también en términos de integración social y laboral.
Cifras recientes y posible alcance de la medida
Según un informe de Funcas publicado recientemente, a fecha 1 de enero de 2025 vivían en España 840.000 personas sin papeles. De ese total, se estima que el 60% podrían verse beneficiadas por la presente regularización extraordinaria acordada por el Ejecutivo y Podemos, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos.
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Este dato señala el potencial alcance de la medida, que podría legalizar a cientos de miles de personas y ofrecerles la oportunidad de integrarse plenamente en la vida laboral y social del país.
Críticas desde la Policía y preocupaciones operativas
No obstante, la regularización no ha estado exenta de críticas. El sindicato de Policía Nacional Jupol ha advertido sobre el “impacto operativo y funcional” que esta medida podría suponer para las unidades de Extranjería, que en muchas zonas del país ya se encuentran saturadas. Esta saturación, según el propio sindicato, ha sido una de las razones que han llevado a que muchas personas terminen en situación administrativa irregular.
Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía ha señalado que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales”, recordando que hay personas vinculadas a hechos delictivos que aún no han sido condenadas, lo que plantea un debate adicional sobre los criterios de evaluación.
Vía de urgencia y respaldo político
El pacto con Podemos que dio origen a esta regularización extraordinaria nació, en parte, de una movilización ciudadana que recogió 700.000 firmas para respaldar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba “más de un año y medio en un cajón” en el Congreso, según recordó la ministra. Saiz ensalzó la labor de Podemos, afirmando que “ha sido uno de los grupos que más ha trabajado” para sacar adelante la medida.
Por otra parte, la ministra explicó que la vía escogida para implementar esta regularización —mediante modificación reglamentaria compatible con el marco constitucional y la Ley de Extranjería— es compatible con el debate legislativo, y se justifica por “la urgencia social y el amplio consenso político, económico y social”.
