La Audiencia Provincial juzga este lunes a un hombre acusado de tráfico de MDMA y de agredir a dos agentes de la Policía Local de Sant Josep durante su detención, en julio de 2022. La Fiscalía le reclama cinco años y medio de prisión y, una vez cumplida la pena, su expulsión del territorio español durante ocho años.
166 pastillas de MDMA intervenidas
Según el escrito de acusación, los agentes sorprendieron al procesado en posesión de 166 pastillas de MDMA, una cantidad que habría alcanzado un valor de 1.794,46 euros en el mercado ilícito. La intervención de la droga es el punto de partida de un procedimiento que ha tardado casi cuatro años en llegar a juicio y que combina un delito contra la salud pública con la agresión sufrida por los dos policías que practicaron la detención.
Una patada y golpes a dos agentes
La Fiscalía sostiene que el acusado actuó «con ánimo de menoscabar el principio de autoridad». En el forcejeo propinó una fuerte patada en la pierna derecha a uno de los agentes y le causó un hematoma de gran extensión que requirió tratamiento quirúrgico para drenar el material hemático acumulado.
El segundo policía recibió varios golpes durante la actuación y sufrió excoriaciones en ambas rodillas, según consta en el relato de los hechos. Las lesiones de los dos funcionarios están en el origen de dos de los delitos que se enjuician este lunes en sede judicial.
Cinco años y medio de prisión
El Ministerio Público pide para el procesado cuatro años de prisión y una multa de 3.000 euros por un delito contra la salud pública, al que suma un año de cárcel por el delito de atentado contra agente de la autoridad y seis meses más por un delito menos grave de lesiones. La pena total asciende a cinco años y medio de privación de libertad, según adelantó Periódico de Ibiza.
A esas penas se añaden dos meses de multa con una cuota diaria de ocho euros por un delito leve de lesiones, vinculado al segundo agente agredido. La acumulación de cargos refleja la doble naturaleza del caso: una operación contra la venta de pastillas de éxtasis que terminó en un episodio violento.
Expulsión y prohibición de regreso
La Fiscalía solicita que las penas de prisión sean sustituidas por la expulsión del acusado del territorio español, con prohibición de regreso durante ocho años. Se trata de una vía habitual en los procedimientos contra ciudadanos extranjeros sin arraigo cuando la condena supera determinados umbrales y permite ejecutar la pena fuera de prisión.
Si el tribunal acoge la petición, el procesado abandonaría España una vez firme la sentencia y no podría volver hasta 2034 como muy pronto, en el supuesto de que el juicio quede visto para sentencia este mismo año.
Indemnizaciones a los agentes
Junto a las penas privativas de libertad y a la multa, la acusación pública reclama una indemnización de 3.400 euros para el agente que sufrió el hematoma y necesitó cirugía, y otra de 392 euros para el segundo policía. Ambas cantidades responden a los días de curación y a las secuelas derivadas de las lesiones.
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